Fiscal Camargo se reunió con el presidente de la Corte Suprema tras orden de captura de la justicia de Guatemala

Luego de la inédita orden de captura emitida por la una Sala de Apelaciones de Guatemala contra la fiscal Luz Adriana Camargo y el embajador en Ciudad del Vaticano, Iván Velásquez, Camargo visitó a primera hora la oficina del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Octavio Augusto Tejeiro.

En la reunión, según fuentes del alto tribunal, también estuvo presente el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero.

Aunque los detalles de lo hablado entre dos de las principales cabezas de la justicia sigue bajo completo hermetismo, EL TIEMPO conoció que el tema central fue la controvertida decisión de la justicia guatemalteca.

El pasado domingo 2 de junio, se conoció la orden emitida por la Sala Tercera de Apelaciones que le pedía a Interpol proferir orden de captura internacional contra los funcionarios colombianos por presuntas irregularidades durante su paso como de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, específicamente por el caso Odebrecht.

El fallo proferido por la Sala fue anunciado por el fiscal José Rafael Curruchiche, quien tiene prontuario en Estados Unidos y Reino Unido como uno de los “agentes corruptores” de la democracia centroamericana. Por este señalamiento, su nombre fue agregado a la lista Engel del Departamento de Estado.

Tanto el gobierno guatemalteco como el colombiano han rechazado la orden de captura que tampoco ha tenido eco en Interpol, autoridad responsable de emitir la circular roja. En paralelo, tampoco tiene sustento jurídico. Los dos ex de la Comisión gozan de inmunidad diplomática.

La fiscal confirmó en rueda de prensa la reunión con el presidente del alto tribunal. Dijo que el encuentro se concretó luego de que, tras hacerse pública la noticia, recibió mensajes de magistrados y "toda la colaboración" de la justicia colombiana.

Recalcó la inviabilidad jurídica de la orden, que Camargo calificó como una "retaliación" por las investigaciones adelantadas por su fiscalía, las cuales han salpicado a actores de otros países.

"Sabemos que la delincuencia no respeta fronteras", dijo la alta funcionaria, quien se refirió a la orden de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones como "una flagrante violación a los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Desconoce los parámetros del derecho internacional y carece de sustento político. Se basa en una interpretación descontextualizada".

En consecuencia, aseguró que no se está preparando para defenderse, pues "no hay garantías para hacerlo en el país centroamericano", y señaló que prueba de ello es que varios abogados han sido detenidos por ejercer su profesión. Precisamente, la fiscal citó la realidad expuesta por la relatora de Naciones Unidas Margaret Satterthwaite, quien visitó Guatemala para verificar el estado de las garantías judiciales en el país, tras el exilio de más de 60 investigadores y jueces en Estados Unidos debido a las precarias condiciones.

"Algunos casos de justicia transicional relacionados con el conflicto armado siguen avanzando, mientras que otros están empantanados por retrasos o han retrocedido. Operadores de justicia —actuales y pasados—, así como abogados defensores, enfrentan cargos penales, y muchos han tenido que salir al exilio. El proceso de selección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, un nuevo fiscal general y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral está previsto para 2026", se lee en el informe de relatoría.

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