El dosier por corrupción del Reino Unido contra los fiscales de Guatemala que piden capturar a Velásquez y Camargo

Reino Unido incluyó recientemente en su lista global de sanciones por corrupción a siete altos funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos, entre ellos los fiscales Rafael Curruchiche y Consuelo Porras, quienes han solicitado la captura de Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo. Según Londres, estos poderosos funcionarios habrían socavado sistemáticamente las investigaciones y la justicia en Guatemala.

La medida implica la prohibición de entrada a territorio británico, la congelación de activos y la inhabilitación para ocupar cargos directivos.

Esta decisión, adoptada el 2 de abril de este año bajo el Reglamento Global de Sanciones Anticorrupción de 2021, coincide con un momento de alta tensión entre Guatemala y Colombia, marcado por la solicitud de captura de Velásquez, exministro de Defensa y actual embajador ante la Santa Sede, y Camargo, fiscal general.

Según el informe del Reino Unido, conocido por EL TIEMPO, las siete altas fichas del gobierno de Guatemala tienen en común que formaron parte o fueron claves en el entramado de poder que desmanteló los avances logrados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que Velásquez dirigió entre 2013 y 2019.

Alejandro Eduardo Giammattei Falla, expresidente de Guatemala, según el informe, recibió sobornos de una empresa minera rusa a cambio de licencias favorables y portuario, y pactó la reelección de la fiscal general María Consuelo Porras a cambio de protección judicial. Se le señala de haber usado su cargo para encubrir investigaciones sobre él y su círculo más cercano.

Asimismo, María Consuelo Porras Argueta, fiscal General y reelegida en su cargo bajo el gobierno de Giammattei, habría socavado de forma sistemática las investigaciones contra la élite política guatemalteca. El Reino Unido señala que utilizó su poder para intimidar fiscales, destituirlos y frenar procesos por corrupción.

Mientras que José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y quien pidió la captura de Velásquez y Camargo, es señalado de manipular investigaciones y frenar deliberadamente casos contra altos funcionarios, incluyendo el ascenso a su cargo con el propósito de neutralizar las causas abiertas por la FECI. También se le atribuye el uso de intimidaciones contra jueces y fiscales independientes.

Asimismo, el fiscal que figura como una ficha contra la corrupción en Guatemala, está incluido desde 2022 en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos como actor corrupto.

"José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael Curruchiche) , actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y plantear acusaciones aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y ex fiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)", dice el documento.

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, fiscal y Jefa de Unidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, según el gobierno británico, aceptó un ascenso para cumplir con funciones indebidas, como perseguir judicialmente a periodistas y funcionarios críticos de la corrupción. Se le señala por intimidación y por usar el aparato judicial para silenciar voces independientes.

Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario General del Ministerio Público, fue pieza clave en la estructura de poder judicial que, según el informe, presentó demandas infundadas contra fiscales, jueces y periodistas. Su ascenso habría estado motivado por el interés de frenar investigaciones de alto nivel.

Luis Miguel Martínez Morales, exdirector del Centro de Gobierno, exmano derecha de Giammattei, fue sancionado por su cercanía y colaboración en esquemas de corrupción del expresidente. Reino Unido lo relaciona directamente con el uso indebido de recursos públicos y con el encubrimiento de tramas ilícitas.

Melvin Ernesto Quijivix Vega, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), se le acusa de desviar fondos públicos hacia empresas en las que tenía participación directa, especialmente Grupo Eda y MINE. Habría aprovechado su posición para enriquecerse personalmente a través de contratos estatales.

La CICIG, impulsada por Naciones Unidas y liderada por Iván Velásquez hasta 2019, destapó poderosas redes de corrupción que alcanzaron a tres expresidentes y decenas de empresarios y funcionarios. Pero su cierre marcó el inicio de una contraofensiva judicial desde el poder, pues varios fiscales y jueces que colaboraron con la CICIG hoy están exiliados o perseguidos judicialmente.