El balance económico de los dos años de gobierno de Gustavo Petro: bajo crecimiento, situación fiscal apretada y planes de reactivación

En los últimos dos años, la economía colombiana experimentó un proceso de desaceleración, que incluso la llevó a ‘coquetear’ con la recesión. Aunque finalmente escapó, el país cerró el 2023 con un crecimiento de 0,6 por ciento, el peor dato —sin tener en cuenta el periodo atípico de la pandemia— desde la crisis financiera de 1999, y a día de hoy no ha logrado despegar. 

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En agosto del 2022 cuando el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño la actividad creció a un ritmo de 8,62 por ciento, medido por el Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE), pero en noviembre de ese mismo año se registró la primera caída (-0,02 por ciento).

Las siguientes vinieron a partir de abril del 2023, después de un pequeño repunte gracias a que las actividades artísticas y de entretenimiento —las cuales fueron uno de los grandes jalonadores tras el parón del covid-19— seguían evitando que el freno fuera más notable.

A partir de ahí, la economía entró en un periodo de bajo crecimiento y algunas caídas en medio de la alta inflación y las elevadas tasas de interés del Banco de la República, que afectaron los ingresos de las familias, sobre todo, de las más vulnerables. A su vez, los niveles de inversión registraban cada vez más números rojos.

No fue hasta diciembre del 2023 que la junta directiva del Banco de la República decidió ponerle fin al ciclo de subida de tipos de interés que empezó dos años atrás con el objetivo de controlar la inflación, la cual fue descendiendo de manera paulatina hasta cerrar ese año en 9,28 por ciento.

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En ese momento y tras reiterados pedidos tanto de la banca, como de la industria y del propio presidente Petro la junta decidió reducir 25 puntos básicos la tasa de interés hasta el nivel de 13 por ciento.

Finalmente, el producto interno bruto (pib) del 2023 aumentó un leve 0,6 por ciento, 6,7 puntos porcentuales menos que un año antes (7,3 por ciento). La peor parte se la llevaron la construcción (-4,2 por ciento), las industrias manufactureras (-3,5 por ciento) y el clúster del comercio (-2,8 por ciento), tres de las grandes ramas generadoras de empleo. Adicional a ello, el desplome de la inversión fue de 24,8 por ciento.

El 2024 también comenzó con una dinámica económica débil marcada por el bajo desempeño de los sectores productivos, en especial de la manufactura y del comercio, la todavía menor demanda por parte de los hogares, la incertidumbre por las afectaciones climáticas y los niveles de inversión. Sin embargo, con el paso de los meses han ido cambiando las expectativas y, según los expertos, hay señales de mejora.

Si bien la actividad medida por el ISE arrancó el 2024 con un crecimiento de 1,4 por ciento anual, en febrero creció a un ritmo de 2,2 por ciento, en marzo volvió a caer 1,4 por ciento, en abril se recuperó al repuntar 5,5 por ciento y en mayo aumentó otro 2,4 por ciento.

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A falta de conocer cuánto creció la economía en el segundo trimestre del 2024, dato que revelará el Dane la próxima semana, estos últimos números son más optimistas y denotan que el PIB habría continuado su senda de recuperación, en parte, por los resultados en el sector primario y en medio de una política monetaria menos restrictiva.

Por ejemplo, el Banco de la República espera que el crecimiento del 2024 llegue al 1,8 por ciento — un dato superior al pronóstico anterior de 1,4 por ciento— y ya en el 2025 repunte a 2,7 por ciento.

Diferentes gremios económicos como la Asociación Nacional de Industriales (Andi), liderada por Bruce Mac Master; la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), por Jaime Alberto Cabal; o la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) por María Claudia Lacouture, pidieron de manera reiterada al Gobierno la implementación de un plan de choque para reactivar la economía.

“Es urgente aunar esfuerzos para que el país no caiga en una situación económica insostenible”, alertaba Cabal, el líder de los comerciantes, en noviembre del 2023. Y hace unas semanas volvió a repetir: “Hace meses que debieron tomarse medidas. Desafortunadamente estamos viviendo una parálisis, motivo por el cual hemos venido pidiendo, con tanta insistencia, un plan de reactivación”, sostuvo.

Igualmente, tras conocerse el dato de desempleo de junio, el cual se elevó a 10,3 por ciento, Mac Master dijo que este panorama muestra que el bajo desempeño de la economía se sigue manifestando en el mercado laboral. “Reiteramos que es necesario actuar de manera inmediata incentivando la inversión y disminuyendo la incertidumbre en el ámbito legislativo”, insistió.

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Ante este panorama, el Gobierno anunció que sacará adelante un paquete de iniciativas legislativas que ayuden a acelerar la economía al tiempo que siguió realizando mesas sectoriales con gremios como el de los banqueros.

Si bien en un principio el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló de reducir las tarifas de renta corporativa que pagan actualmente las empresas (35 por ciento) para ganar competitividad frente a los pares de la región, finalmente dijo que también se presentará una ley de financiamiento que les permita obtener recursos adicionales de cara al 2025.

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Esta nueva tributaria buscará recaudar 12 billones de pesos para el próximo año; sin embargo, todavía no hay certeza de dónde obtendrá el Gobierno tales recursos. Lo único que ha revelado el ministro Bonilla ha sido que no tocará el IVA y que se necesita combatir “de una vez por todas” la evasión y la elusión. Adicional a ello, se incluirían nuevos estímulos tributarios para sectores concretos como el de las energías renovables y el del turismo sostenible, entre otros.

Una de las alertas entre diferentes analistas y congresistas es que aún no cuentan con estos recursos, pero ya los incluyeron en el Presupuesto General de la Nación que tendrá 523 billones de pesos, por lo tanto, este partiría “desfinanciado”.

Bonilla también dijo que presentarán en el Congreso un proyecto que les permita adelantar la aplicación de la regla fiscal del 2026 al 2025 y otro para crear un instrumento con el que puedan desarrollar el compromiso que adquirió el Gobierno de asumir los costos de la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3. “Tal y como está ahora la Ley de Servicios Públicos no nos permite asumir estos costos. Estamos mirando cómo crear este instrumento”, dijo.

En el marco de la reactivación, también se les presentó hace unas semanas a los gremios cuál será la estrategia, la cual estará concentrará en cinco sectores: el turismo, la agricultura, la energía, el transporte y la infraestructura. Además, se reactivó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación bajo el liderazgo de Laura Sarabia, directora del Departamento istrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

“Buscamos que haya una mayor articulación para que podamos destrabar los cuellos de botella. Queremos establecer mecanismos y propuestas conjuntas que no solo queden en el papel, sino que se ejecuten”, sostuvo la directora, quien dijo que el gobierno debe hacer una “autocrítica” y “reflexión” debido a la ejecución por parte de cada uno de los ministerios.

En especial, se han dado avances importantes con el sector financiero, pues gracias a este diálogo varios bancos (Bancolombia, Davivienda, Grupo Aval, Banco Caja Social y de Occidente) han reducido la tasa de interés a una velocidad mayor a la del Emisor en crédito de vivienda.

Otro tema que están evaluando con el sector bancario es el de las inversiones forzosas anunciadas por el presidente Gustavo Petro. Si bien en un principio se pensó en la posibilidad de presentar un proyecto de ley, ahora esperan llegar a acuerdos.

“El sector ha propuesto construir un paquete de 35 billones de pesos en inversiones dirigidas hacia programas de interés de la reactivación. Lo que dicen es: no lo hagamos con inversión forzosa, sino que nos comprometemos con estos recursos”, aseguró Bonilla.

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En el frente fiscal, la situación de este año pintó más apretada. El Gobierno se vio obligado a recortar 20 billones de pesos en el Presupuesto del 2024 debido al bajo recaudo derivado de la desaceleración y los menores ingresos obtenidos —se dejaron de recaudar 10 billones de pesos de arbitramento de litigios y unos 6,7 billones de pesos porque la Corte Constitucional tumbó el fallo de la no deducibilidad de las regalías—.

En total, el Ejecutivo proyecta que el déficit fiscal alcance este año el 5,6 por ciento del PIB, 1,4 puntos por encima de lo reportado en el 2023 (4,3 por ciento). Pese a ello, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, espera cumplir con la regla fiscal.

Entre tanto, según las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la deuda neta se ubicaría en 55,3 por ciento, lo cual es 1,8 puntos menor frente a lo proyectado en febrero; y el déficit de cuenta corriente se ampliaría a 2,6 por ciento del PIB impulsado por la recuperación de la demanda interna y los menores precios de las materias primas, que se verían contrarrestados por el dinamismo de las exportaciones de servicios.

“Han pasado tres años de la pandemia y el país sigue haciendo un proceso de ajuste. El gran reto es cumplir con los compromisos nacionales e internacionales”, manifestó hace unas semanas Bonilla.

Algo que le han aplaudido todos los analistas al Gobierno es que fue cerrando poco a poco el hueco que dejó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) gracias a un plan para subir de manera gradual la gasolina y está pendiente el Am.

“Seguimos sincerando las deudas. Por ejemplo, el pasivo que ha dejado el Fepc, que ya se bajó de 37 a 20 billones de pesos, o la deuda de la opción tarifaria que vamos a asumir para estratos 1, 2 y 3”, asegura el ministro, quien sostiene que la presión de gasto fue tanta que este déficit se “comió” la última reforma tributaria, la de 20 billones de pesos que sacó adelante el Gobierno a finales del 2022.

En materia de subsidios, el Gobierno le siguió apostando a las transferencias monetarias a través del programa Renta Ciudadana, Renta Joven y Devolución de IVA. Además, se aumentó el dinero que reciben los adultos mayores de 80 años que están en Colombia Mayor, de 80.000 a 225.000 pesos.

Esto, como anticipo de lo que recibirán todos los adultos mayores en situación de pobreza a partir de julio del próximo año gracias a la reforma pensional que consiguió aprobar el Gobierno en la pasada legislatura.

La pensional creará un nuevo sistema de pilares que obligará a todo el mundo a cotizar los primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el restante en un fondo privado de su elección.

Igualmente, quedó aprobada en primer debate la laboral, la cual busca adelantar la jornada nocturna a las 7 de la noche (hoy empieza a las 9) y que el pago de los dominicales y festivos sea del 100 por ciento y no del 75 por ciento actual, entre otros.

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Otra reforma que avanza más lenta es la agraria. Hasta la fecha, según los últimos datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se han comprado alrededor de 130.000 hectáreas, lo que apenas representa un 8,7 por ciento frente a la meta de 1,5 millones de hectáreas. Respecto a la titulación, se han formalizado 1’130.101 hectáreas, lo que supone un 16 por ciento de las 7 millones esperadas.