Ecopetrol, un giro drástico

La situación de crisis en Ecopetrol no da su brazo a torcer. Hace una semana la Unidad Investigativa de EL TIEMPO publicó un informe que revelaba la existencia de un otrosí entre el Grupo Ecopetrol y la firma Covington and Burling LLP para evaluar el impacto reputacional y regulatorio en Estados Unidos de la serie de casos contra el presidente de la petrolera, Ricardo Roa. Esta oficina de abogados norteamericana, experta en casos de cuello blanco y temas corporativos, fue contratada por la junta directiva del conglomerado, pero su contrato había saltado de 875.000 dólares a más de 5,8 millones de dólares.

Las revelaciones de este diario desataron una crisis dentro de la organización empresarial más importante del país, en la que todavía abundan más las dudas que respuestas satisfactorias. Hace pocos días, su junta directiva emitió un comunicado en el que afirma que “ni el comité de Auditoría ni la Junta Directiva fueron consultados con respecto a la firma del otrosí al contrato original”. Alberto Vergara, director de cumplimiento de la empresa y quien es señalado de tramitar el otrosí, sostiene que actuó por instrucciones del cuerpo colegiado de dirección.

Un reporte del Comité de Auditoría Especial de la petrolera estatal dejó al descubierto irregularidades en el manejo y la ejecución del multimillonario contrato que incluyen extralimitación de funciones, retención de documentos a decenas de altos funcionarios y abuso de poder, entre otros hallazgos. Ya la Procuraduría anunció la apertura de investigaciones, mientras que la Contraloría solicitó a la compañía información detallada sobre este tema. A lo anterior hay que añadir la reciente renuncia de Mónica de Greiff, la miembro más antigua de la junta actual, en medio de esta polémica.

Parece de no creer que este espectáculo de malos manejos, investigaciones no autorizadas, falta de transparencia en los procesos y desconocimiento de la junta directiva en contratos de cumplimiento y hasta renuncias se esté desarrollando en Ecopetrol, un grupo empresarial patrimonio de los colombianos y que hasta hace poco gozaba de excelente reputación corporativa. La lista de preguntas para los altos ejecutivos de la petrolera es larga: desde quién autorizó y conocía los alcances del contrato y cuándo lo supo, hasta cuánto se ha pagado del millonario otrosí, pasando por los abusos cometidos bajo la sombrilla de esas investigaciones.

La mayor paradoja es que un contrato para establecer los efectos reputacionales de las denuncias en contra del presidente Ricardo Roa constituya otro duro golpe más a la ya debilitada reputación de Ecopetrol. La situación de desgaste en múltiples frentes a la que viene sometida la empresa es de la mayor gravedad, y no se ve con claridad una ruta para resolverla.

La acumulación de escándalos en torno al presidente Roa –que motivaron el contrato con el bufete – no se detiene en medio de la férrea defensa a su favor por parte del presidente Gustavo Petro. Roa, en su condición de gerente de la campaña del primer mandatario, enfrenta hoy en día una investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por financiación ilegal, violación de topes y ocultamiento de gastos, y la Procuraduría ya solicitó la sanción. 

En paralelo, siguen las preguntas sobre la compra, a precio muy favorable, de un apartamento a un empresario con intereses en el sector petrolero, y las versiones de injerencia de su pareja en negocios y nombramientos dentro del grupo y sus filiales. Precisamente, el Ministerio de Hacienda pidió investigar contratos en la hidroeléctrica Urrá en donde aparece una empresaria cercana a ambos.

Con tantos frentes abiertos, queda en el aire la cuestión de por qué el Grupo Ecopetrol no ha dado un giro drástico en su cúpula empresarial. En especial cuando los resultados tampoco han acompañado la actual gestión: en el primer trimestre de este año las utilidades disminuyeron en un 22,1 por ciento. La caída sostenida de ingresos y utilidades en dos años impacta directamente las finanzas públicas y el desarrollo regional.

En términos de gobierno corporativo, Ecopetrol ha experimentado asimismo una gran debilidad. A varios casos de renuncias de de la junta directiva se han sumado injerencias presidenciales indebidas como la que desencadenó la caída de un lucrativo negocio de fracking con Oxy en Estados Unidos.

La tormenta es perfecta para infortunio del país. Dudas sobre la independencia, el conocimiento técnico y la transparencia que debe regir la cúpula ejecutiva azotan la ruta estratégica del principal grupo empresarial y joya de la corona del Estado. La permanencia de Roa está implicando unos costos inmensos de reputación para la compañía. Los derechos a la presunción de inocencia y al debido proceso, que deben cobijarlo, no pueden confundirse con la necesidad de proteger a la empresa de riesgos innecesarios. Ante un panorama tan preocupante y serio para la compañía y para el país, es el momento de corregir el rumbo.

EDITORIAL