UNP destinó 93 % de su presupuesto de esquemas a protección individual: el de expresidentes fue el que más creció

Solo el 7 % del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en 2023 —el último año auditado por la Contraloría— se destinó a estrategias de protección colectiva. El restante, más del 93 %, fue a parar a esquemas individuales. Los de los expresidentes fueron unos de los que más aumentaron en inversión de recursos.

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En el último estudio sectorial publicado por el ente de control se desglosa la distribución del jugoso presupuesto de la entidad, que para este año, según su director, Augusto Rodríguez, se planteó que ascendiera a 3.9 billones.

El flujo de capital de la UNP ha crecido de forma progresiva desde 2019, año desde el cual la Contraloría realiza la fiscalización. De 1,3 billones asignados en ese año, pasó a 2,6 billones en 2024, con un gasto acumulado de 6,3 billones. Sin embargo, el informe alerta sobre la baja inversión en medidas de fortalecimiento institucional y en proyectos a largo plazo.

La Contraloría expresó su preocupación por el ínfimo presupuesto destinado a medidas de protección colectiva. En 2023, de los 1,29 billones asignados a esquemas de protección bajo la istración de la Unidad, el 93 % se destinó a medidas individuales, dejando apenas un 7 % —algo más de 90.000 millones— para acciones colectivas, pese a que su impacto es mucho más amplio y, según la Contraloría, “costo-eficiente”.

De hecho, durante ese año el costo de las medidas de protección para expresidentes, exvicepresidentes y sus familias fue de 29.434 millones de pesos, el 2,3 % del total, apenas cuatro puntos porcentuales menos que el presupuesto destinado a medidas para comunidades.

“Los expresidentes son un grupo que recibe una gran cantidad de recursos y tiene apenas 19 beneficiarios, en comparación con poblaciones más representativas objeto también de protección, como periodistas y comunicadores (158)”, señala el ente de control.

Otra población con alto blindaje, y que en 2023 recibió un cuantioso incremento de recursos, fue la de los congresistas. El costo de su seguridad, que incluye en promedio 2,12 vehículos, 1,55 personas de protección y 0,06 chalecos antibalas por persona, aumentó 12,7 %, más de 14.000 millones de pesos, mientras que el número de protegidos disminuyó. Es decir, los costos unitarios de sus medidas fueron superiores.

Los esquemas para expresidentes también crecieron en 9.620 millones de pesos (más del 48 %); los de los alcaldes, en 8.390 millones (más del 23 %), y las medidas para víctimas de violaciones al DIH aumentaron en 7.369 millones, un 8,9 % más.

En el caso de estas últimas, el costo anual por beneficiario fue de 394,3 millones de pesos. Ese valor refleja esquemas de protección compuestos, en promedio, por 14,18 equipos de comunicación, 2,18 personas de protección, 2,18 botones de apoyo y 1,55 vehículos.

Por su parte, para las comunidades étnicas —la población más representativa dentro de la ruta de protección colectiva—, el costo anual por beneficiario ascendió a 279,3 millones en 2023. Sus esquemas incluyeron, en promedio, 6,74 equipos de comunicación, 1,83 personas de protección, 0,83 vehículos y apenas 0,06 botones de apoyo.

Este diario habló con el director de la Unidad, Augusto Rodríguez, quien aseguró que en varios casos han recibido presiones de parlamentarios para que les asignen esquemas de protección por encima de lo realmente necesario.

“Nosotros hemos logrado que, en esta istración, no se utilice políticamente la protección, los vehículos ni los recursos de la entidad para favorecer a parlamentarios. Hemos sido muy cuidadosos con eso, y debo reconocer que la Unidad Nacional de Protección no ha recibido presiones por parte de los ministros que manejan los temas políticos”, dijo el funcionario.

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Sin embargo, los congresistas sí les hacen el guiño. “Muchas veces nos presionan directamente para que les asignemos esquemas más robustos. Y lo cierto es que muchos de ellos ya cuentan con protección tanto en territorio, con vehículos y personal, como en Bogotá, donde ejercen”, agregó.

Otra de las flaquezas en la ejecución de la Unidad que halló la Contraloría fue la baja atención a las solicitudes de protección, principalmente las colectivas.

“Más de 1.300 grupos —en su mayoría pueblos indígenas, comunidades afro, campesinas y organizaciones sociales— solicitaron medidas de protección (durante 2019 y 2023) ante situaciones de alto riesgo derivadas de su labor en defensa del territorio, la vida y los derechos humanos. Sin embargo, solo el 28 % de estos casos accedió a medidas efectivas. El resto no cumplió con los requisitos o continúa a la espera de una evaluación de riesgo, proceso que, en promedio, tarda 203 días”, se lee en el informe.

Rodríguez explicó que la traba radica en los formularios y condiciones que deben acreditar para acceder a alguna medida, que no necesariamente son camionetas blindadas o chalecos antibalas. Muchas veces, dijo, se trata de placahuellas o vehículos, incluso mulas aperadas, para sacar productos agrícolas.

“Para acceder a este presupuesto público debe acreditarse un representante legal, que es la persona a nombre de quien se ponen las medidas de protección. A veces no tienen eso consolidado, no lo han logrado armar, y son gestiones que tienen que hacer ellos mismos”, señaló Rodríguez.

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“De otro lado, muchas veces no se encuentra una razón real de riesgo que justifique las medidas. Y hay otro tema: el de la causal. Hay organizaciones que no son reales, sino que tienen cierta apariencia. Por ejemplo, un gremio que supuestamente está en una región, pero que al momento de verificar, no existe”, agregó.

De acuerdo con el libro contable de la entidad que se expone en el informe, para 2022 la UNP destinó 1,8 billones de pesos para ejecutar los servicios de protección. De ese monto, 1,4 billones se invirtieron en la compra de bienes y servicios esenciales, como escoltas, vehículos blindados, combustibles, chalecos antibalas y equipos de comunicación.

El 10,2 % se destinó a convenios interinstitucionales para la seguridad de funcionarios públicos; el 6,5 %, para cubrir gastos de personal; el 4,3 %, para transferencias corrientes como auxilios de transporte, reubicación o blindaje de inmuebles; y el 0,4 %, a proyectos de inversión en “fortalecimiento institucional”. En este último rubro se incluye, por ejemplo, la modernización de la gestión documental.

Redacción Justicia