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¿Indígenas en Risaralda que azotaron a menor hasta que se desmayó podrían ser llevados a la justicia ordinaria?

La menor fue trasladada hasta un centro asistencial. Gobernación prepara denuncia contra los señalados agresores.

La menor agredida está en un hogar transitorio en Risaralda. Foto: Archivo Particular.

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Juan Diego Torres Lasso

30.05.2025 15:00 Actualizado: 30.05.2025 15:27

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Una menor indígena terminó hospitalizada en Pereira (Risaralda) luego de ser víctima de una brutal golpiza a manos de dos hombres de su propia comunidad. El hecho, registrado en un video que se viralizó esta semana, ha generado rechazo nacional y reavivó el debate sobre los límites de la justicia indígena en Colombia.

En las imágenes, que duran más de tres minutos, se ve a la menor colgada del techo por las manos, llorando y suplicando. Una mujer le cubre las piernas con una sábana azul.

Menor fue amarrada y golpeada en resguardo indígena en Risaralda. Foto:Archivo Particular

Luego, dos hombres se turnan para azotarla con lo que parecen ser troncos de caña de azúcar. La joven se desmaya varias veces durante el castigo, pero vuelve en sí para recibir más golpes. En una escena perturbadora, uno de los agresores se acerca a la cámara y sonríe.

Al final, la misma mujer que al principio le cubrió las piernas regresa, le quita las cuerdas y la menor cae al piso. Luego es arrastrada fuera de la habitación. También aparecen un niño y un adulto mayor, que recoge objetos del suelo. El video termina con la imagen de esa vivienda rural, aparentemente ubicada en el territorio del resguardo Gito Dokabu, Risaralda.

Gobernación de Risaralda prepara denuncia

Tras conocerse los hechos, las autoridades actuaron con rapidez. Según informó Litza Fernanda Roldán, directora operativa de Salud Pública de Risaralda, la situación fue reportada por la procuradora regional Nohora Lozada.

“Se gestionó el traslado inmediato al hospital Santa Mónica, en Pereira. La menor tenía heridas en brazos y piernas. Se activó el restablecimiento de derechos y fue ubicada en un hogar de paso”, explicó.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, expresó su rechazo: “No se pueden escudar en tradiciones ancestrales que van en contravía del derecho internacional”. También anunció una denuncia penal contra los responsables.

Gobernación de Risaralda denunciará a los señalados agresores. Foto:Archivo Particular

¿A qué se enfrentan los señalados agresores?

El debate no es menor. ¿Puede este caso ser juzgado por la justicia ordinaria, o se enmarca en el fuero especial indígena reconocido en la Constitución?

“El hecho podría constituir tortura, una grave violación de derechos humanos, más aún tratándose de una menor”, dijo Francisco Bernate, abogado penalista. Fabio Humar fue más directo: “La justicia indígena no puede ser un manto de impunidad. La penal ordinaria debe actuar”.

De hecho, según la Corte Constitucional, aunque la jurisdicción especial indígena es reconocida y protegida por el Estado, no es ilimitada.

En casos donde están en juego derechos fundamentales, especialmente de menores, puede y debe intervenir la justicia ordinaria. Y no basta con que los hechos hayan ocurrido en territorio indígena; también se debe verificar que la comunidad esté organizada y que haya un procedimiento justo.

Con palos, restos de madera y bolsas plásticas, más de 600 indígenas de la comunidad embera han construido un asentamiento ilegal en medio del Parque Nacional, en Bogotá. Los cambucehes albergan a cientos de niños, quienes, en su mayoría, padecen desnutrición y enfermedades respiratorias. — Comunidad Emberá. Foto:Néstor Gómez/ El Tiempo

Laura Bonilla, de la organización Pares, recordó que si no se trata de una comunidad estructurada con autoridades claras, la justicia ordinaria puede actuar. “No es tan probable que puedan juzgarse ellos mismos. Además, lo fundamental es proteger a la menor y garantizar su bienestar”, señaló.

La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas también rechazó los hechos: “Este acto constituye una grave vulneración de los derechos humanos, físicos, psicológicos y espirituales de la menor. Ninguna tradición cultural puede justificar la violencia, especialmente contra mujeres y niñas”.

Según esta organización, la llamada Ley de Origen y el Derecho Mayor no amparan actos de maltrato. “La Corte Constitucional ha establecido que la autonomía indígena no es incompatible con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”, agregaron.

Sabrina Cervantes, la congresista latina de California que enfrenta un problema con la justicia — Denunciarán a señalados agresores. Foto:X @SenCervantes/ iStock

Por su parte, el representante a la Cámara Óscar Villamizar recordó que el 7 de noviembre de 2024 radicó un debate de control político al ICBF por maltratos en comunidades Emberá, que aún no ha tenido respuesta. “¿Dónde está el Gobierno? ¿Dónde está el ICBF? Este caso enciende aún más las alarmas”, expresó.

#NoEsHoraDeCallar

Si su vida está en riesgo, puede llamar al 123, la línea de emergencias en Colombia. También si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.

Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

Juan Diego Torres

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