Los errores de la Fiscalía que dejan en estado crítico caso contra Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

El arranque del que se anticipaba como uno de los juicios más importantes del año, el del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, se frenó en seco esta semana por un giro de 180 grados de la misma Fiscalía que lo había acusado por corrupción.

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Se trata de supuestos hechos ocurridos entre 2008 y 2009, cuando Sanguino era concejal de Bogotá y el alcalde era Samuel Moreno, quien falleció en la cárcel, pagando condena por ese saqueo billonario contra la capital del país.

Después de cuatro Fiscalías y más de 16 años, finalmente la de Luz Adriana Camargo decidió acusarlo y llamarlo a juicio por presunto tráfico de influencias: el expediente dice que el entonces concejal Sanguino influyó indebidamente sobre Moreno para lograr que una de sus fichas llegara como gerente al hospital de Usme, una de las localidades más pobres de Bogotá, y que luego habría usado esa ventaja para lograr un millonario contrato en favor de Julio Gómez, uno de los confesos cerebros del ‘carrusel de la contratación’.

Eso fue el 30 de octubre pasado, cuando Sanguino ni siquiera sonaba para el cambiante gabinete del presidente Gustavo Petro. El nombramiento como Mintrabajo hizo que el caso pasara de un juez ordinario a la Corte Suprema de Justicia, que programó la primera audiencia para el pasado lunes. Y la Fiscalía, que inicialmente pretendió aplazar la diligencia, sorprendió al tomar como propia una tesis que ha venido sosteniendo la defensa de Sanguino: que el ente acusador se equivocó gravemente en la acusación y que, además, la larga demora de la justicia ya jugó en favor del acusado.

En menos de un mes, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo vio cómo los jueces dejaban libre a uno de los grandes capos del contrabando, alias El Bendecido, por su demora para resolverle la situación jurídica, y cómo uno de los casos más importantes en un expediente bandera contra la corrupción, el del ‘carrusel’, queda en estado crítico por errores cometidos por el ente acusador.

Sanguino, que siempre ha defendido su inocencia, tiene ahora un panorama despejado en el campo judicial. Si, como todo lo indica, la Corte acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía y la nulidad de la acusación, el ente persecutor tendría apenas meses para reformular el caso y volver a llevarlo a juicio por las supuestas conductas delictivas que aún pueden ser sancionadas. 

Dada la demora histórica en el proceso y los inusuales yerros cometidos en la actual istración, expertos y voces en la misma Corte anticipan poco chance de que el ministro, una de las cabezas de la polémica consulta popular del Gobierno, finalmente tenga que responder por las graves acusaciones en su contra cuando era concejal de la Alianza Verde.

En el expediente contra Sanguino se habla de dos hechos relevantes y conectados. El primero, una supuesta negociación política en 2008 entre Sanguino y el exalcalde Moreno y el exsecretario de Salud Héctor Zambrano para que Liliana Patricia Paternina fuera nombrada gerente del Hospital de Usme, cargo al que ella llegó en junio de ese año. El segundo, dice el expediente, fue el millonario contrato que, supuestamente por presión de Sanguino, el empresario Julio Gómez logró en el hospital de Usme. La investigación dice que Sanguino recibiría el 10 por ciento del contrato, basada en la versión de Gómez. En su momento, el veedor Juan Carlos Calderón reveló audios que salpican a Sanguino.

En octubre, el fiscal Boris Alzate acusó a Sanguino por lo que consideró un delito continuado entre la presión a Samuel Moreno y el momento del contrato. Lo señaló de tráfico de influencias, que tiene 12 años de pena máxima ampliados a 16 cuando se trata de servidor público. El tiempo máximo que tiene la justicia para acusar es el de la pena que se impone por el delito. Pero nadie en la Fiscalía hizo en ese momento las cuentas que mostraban que si la primera reunión era de 2008, ya para el momento de la acusación se trataba de una conducta prescrita. Esto a pesar de que la misma defensa, en cabeza del abogado Jaime Lombana, insistió en que las fechas mencionadas por la Fiscalía tenían aparentes inconsistencias y en que el delito imputado estaba además mal valorado.

En la Fiscalía aseguran que en febrero, cuando Sanguino llegó al Ministerio, advirtieron la inconsistencia. Dicen también que la fiscal Luz Adrian Camargo nunca se enteró de la situación. Hasta ahora no hay explicación de por qué no se intentó corregir la acusación en estos meses y, en cambio, se llegó al juicio con un giro que sorprendió en la Corte. De hecho, el fiscal que se presentó en la audiencia no era el titular del caso, que está en vacaciones.

Ahora, la Corte deberá resolver si aceptan el reversazo de la Fiscalía, que además fue apoyado por la representante de la Procuraduría en el proceso. Si se acepta la preclusión parcial y la nulidad, empezará una carrera contrarreloj que ya podría estar perdida para evitar, de nuevo, que no se pueda juzgar porque los fiscales dejaron vencer los términos. De hecho, la defensa de Sanguino se mantiene firme en que ya todo el proceso prescribió.

Felipe Alzate, experto en derecho penal, señaló que “evidentemente hay un error de la Fiscalía porque no puede imputar en un primer momento un tráfico de influencias continuado y luego tratar de subsanar ese yerro en sede de acusación. Eso violenta garantías fundamentales, el debido proceso y el derecho de defensa”.

La penalista María Fernanda Chica dijo que “la imputación inicial contra Sanguino sí tuvo falencias en lo que respecta a la tipicidad, especialmente en lo que concierne a la supuesta continuidad de la comisión del mismo. Ello, en tanto los dos hechos enrostrados contra el hoy ministros son aislados e independientes”.

Redacción Justicia