La filósofa, la carpeta y las movidas en Palacio detrás de la salida de la ministra de Justicia, Ángela Buitrago

En su último día al frente del Ministerio de Justicia, Ángela María Buitrago custodiaba con recelo una carpeta roja. EL TIEMPO conoció que esta contiene las pruebas, entre estas los chats que demostrarían que, contrario a las negaciones de los acusados, recibió presiones e injerencias de Angie Rodríguez y Armando Benedetti, las dos personas que le hablan al oído al presidente Gustavo Petro y las más poderosas de la Casa de Nariño.

En una explosiva carta de renuncia, tres días atrás, la ahora exministra había expuesto públicamente una seguidilla de hechos que serán tarea de las autoridades determinar si rayan en lo punible.

Habló de “amenazas, persuasiones e interferencias con intereses políticos”, a las que en declaraciones posteriores les puso el ‘santo’: Benedetti y Rodríguez, sus colegas de mesa de gabinete y, desde hace un par de meses, los intermediarios del jefe de Estado, de quien dejó de recibir mensajes o llamadas.

La última conversación entre Buitrago y el mandatario fue el pasado 10 de abril. Fueron máximo 15 minutos, en medio del ruido ensordecedor de un helicóptero rumbo a Acacías, Meta, donde visitaron una colonia penal agrícola y firmaron una política pública para a atención de los pospenados.

Entre las palabras que alcanzaron a cruzar, Buitrago le contó sobre unas sugerencias de traslados de internos y unas presiones por hacer movimientos en su cartera a los que se oponía.

“Logré decirle varias de las cosas que ya había mencionado en un documento que está en poder del Presidente desde marzo, aunque no sé si lo ha podido leer. Traté de hacerle un resumen, contándole sobre las injerencias que se querían hacer en los centros carcelarios, en los movimientos de internos y en ciertas relaciones en particular”, le dijo a este diario la funcionaria saliente. Fue la última vez que hablaron.

El primer golpe que desató la fractura coincide con la llegada a Palacio de Armando Benedetti, primero como jefe de gabinete encargado.

Buitrago no se sumó al coro de sus excolegas Susana Muhammad, Francia Márquez, Alexander López o Gustavo Bolívar, quienes en el primer consejo de ministros televisado protestaron, en vivo y en directo, por el aterrizaje de un perfil tan cuestionado como el del actual ministro del Interior. Hoy todos están fuera de sus cargos y de la corte presidencial.

Sin embargo, semanas después, la ministra Buitrago también terminó pagando los platos rotos.

Tras el hundimiento de la reforma laboral, el 18 de marzo pasado, Presidencia ordenó recoger a las ‘cuotas’ de los senadores de la Comisión Séptima que firmaron la ponencia de archivo. Entre estos, Ludwing Valero, ex director de la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) y cercano al senador liberal Miguel Ángel Pinto, uno de los más férreos opositores del proyecto de ley. Este manejo político, no cayó bien en la ministra saliente.

“A partir de lo que le comenté al Presidente en marzo y después en abril con la petición del cambio del director de la Uspec, había venido creciendo una situación que se hizo insostenible y por eso presento la carta de renuncia”, aseguró en entrevista con EL TIEMPO.

La Uspec maneja un jugoso presupuesto de más de un billón 400.000 millones de pesos para contratar los servicios penitenciarios. Recientemente renunciaron el subdirector financiero y un asesor.

Semanas después de la salida de Valero, vía WhatsApp, a la exministra le llegó otra hoja de vida. Angie Rodríguez, quien le carga el maletín al Presidente, le pidió que sacara al actual director de Política de Drogas, el ambiental Alexánder Rivera, y lo reemplazara con una “recomendada”.

EL TIEMPO conoció que la orden fue nombrar a Marcela Tovar Thomas, una filósofa de la Universidad Nacional que trabajó en la alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro, en la Secretaría de Gobierno y en la de Integración Social liderando el proyecto de atención al consumo de sustancias en población juvenil y habitantes de calle.

Lo que no le sonó a Buitrago fue retirar del cargo a un perfil técnico, como el de Rivera, que tiene más de 20 años de experiencia en la lucha contra las drogas, una tarea crucial para estos tiempos con aires de descertificación.

La cereza del pastel fue, según Buitrago, una nueva llamada de Rodíguez, la primera semana de mayo. La ministra estaba en un viaje oficial en Washington, en donde se reunió con congresistas y altos funcionarios norteamericanos para coordinar, entre otras cosas, la política de drogas y de seguridad.

“Cuando fui a Estados Unidos, me llamó la directora del Dapre y me dijo, 'ministra vamos a dejar encargado en la cartera de Justicia al secretario jurídico'. Yo le respondí que cómo puede ser posible, si ya había asignado en esa función al secretario general del Ministerio”, señaló.

El secretario jurídico de Presidencia es el abogado Augusto Ocampo, quien desde el lunes ejercerá como ministro encargado en reemplazo de Buitrago.

Ocampo también trabajó en la ‘Bogotá Humana’ de Gustavo Petro y es cercano al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, con quien trabajó en la Alcaldía de Ibagué. El año pasado fue sancionado por la Comisión de Disciplina Judicial y le suspendieron durante cuatro meses su tarjeta profesional por un caso de estafa a un cliente.

Sin embargo, en marzo de este año, semanas antes de oficializarse su llegada a Palacio, fue absuelto en segunda instancia.

Además de las recomendaciones de ‘cuotas’ del petrismo para nombrar en la cartera, la ministra saliente afirmó que en la famosa carpeta que radicó en Fiscalía hay siete temas más. Dos de los más graves tienen que ver con presiones para traslados de internos y para manipular casos en los que interviene la cooperación judicial con Estados Unidos.

En el trino del Presidente en el que, contrario a lo que ratifica Buitrago, el mandatario dice que fue él quien le pidió la renuncia habla de “un conflicto con unos ejes fundamentales de la política de paz”.

Voces del Gobierno indican que las diferencias tienen que ver con la extradición de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla de Comandos de la Frontera, quien fue capturado en plena mesa de negociación por una circular roja de Interpol que estaba vigente.

Buitrago en su momento le dio la razón a la Fiscalía y no al Comisionado de Paz Otty Patiño, validando la captura por un requerimiento de la Corte del Distrito Sur de California.

Otro cabo que queda suelto es la designación de la ministra Buitrago como canciller ad hoc –tras declararse impedida Laura Sarabia– para la investigación interna contra Armando Benedetti por el episodio en el que, cuando fue embajador de la FAO, supuestamente habría agredido a su esposa en Madrid; una denuncia que trasladaron al Gobierno colombiano las autoridades españolas.