Gobierno estudia opciones para liberar a voceros de bandas criminales

En una reunión de alto nivel, funcionarios del Gobierno Nacional analizaban anoche las salidas jurídicas para lograr la suspensión de las órdenes de captura de 16 jefes de dos de las más grandes redes criminales que delinquen en el país y que avanzan en conversaciones de paz con el Ejecutivo.

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La reunión entre funcionarios de la oficina del alto comisionado para la Paz y la Secretaría Jurídica de Presidencia se citó horas después de que la Fiscalía General se negó a suspender las órdenes de captura a quienes fueron reconocidos como representantes de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC-‘clan del Golfo’) y de las ‘Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN-‘los Pachenca’), que tienen procesos por delitos como homicidios, tráfico de droga y desplazamiento.

El ente acusador, por solicitud del Gobierno, ya suspendió las órdenes de captura de 17 representantes y voceros del Eln.

Fuentes oficiales señalaron que ahora se estudian varias alternativas. Entre las salidas está insistir ante la Fiscalía en la petición o trasladar esa solicitud a los jueces y, en el más complejo de los escenarios, acudir al Congreso para que legisle sobre el tema. Esta última tardaría más pues obligaría al trámite de una iniciativa que tomaría varios meses.

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El 11 de enero, la Oficina del Comisionado de Paz le notificó a la Fiscalía del reconocimiento como representantes de 16 personas y pidió que se levantaran sus órdenes de captura.

Con esa medida se buscaba que se pudieran mover por el país sin el riesgo de ser capturadas o ser objeto de operaciones de la Fuerza Pública. Los beneficiados son Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; José Gonzalo Sánchez, ‘Gonzalito’; Alexánder Celis Durango, Jorge Emilson Córdoba, José Miguel Demoya, Orozman Orlando, Luis Armando Pérez y Álex Sierra de las AGC. Y de Fredy Castillo, Carmen Evelio Castillo, José Luis Pérez, Norberto Quiroga, John Rafael Salazar, Cesar Gustavo Becerra, Eduar Castaño Morales y Santiago Rafael Pertuz de las ACSN.

En una carta de siete páginas firmada por la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, se lee que en criterio del ente acusador la Ley 2272 de 2022 “limita el margen del Gobierno para reconocer el estatus político a organizaciones criminales” y que igualmente es limitada la posibilidad del Ejecutivo de adelantar negociaciones con organizaciones “sin carácter político o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”.

Y va mas allá al advertir que una interpretación diferente conllevaría “desnaturalizar la política criminal contra el crimen organizado (...) y, en últimas, pondría en tela de juicio el principio de legalidad”.

Además, la Fiscalía acudió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que los grupos paramilitares, “que por medios ilegales han buscado apoyar ilegítimamente al Estado, tampoco pueden ser considerados delincuentes políticos”.

Concluyó la Fiscalía que las evidencias en su poder que han sido validadas por los jueces permiten afirmar que las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’ (ACSN) y las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC) “son herederas de estructuras paramilitares. Se trata, por lo tanto, de organizaciones criminales que no tienen un carácter político. Luego, con estas solo podrían adelantarse acercamientos y conversaciones con el fin de que se sometan a la justicia y sean desmanteladas”.

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El fiscal general, Francisco Barbosa, le dijo a EL TIEMPO que “el proceso de paz se tiene que tramitar en el marco de la Constitución y de la ley y debe tener límites. La Fiscalía estará atenta al cumplimiento de esos límites”.

El ex fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que el ente acusador “ha actuado con sujeción a la Constitución. Además, en estos casos de bandas criminales no se está dando cumplimiento a la Ley 1908 de 2018, que es la única normativa existente al respecto, por lo cual el Gobierno no puede pretender que la Fiscalía se lleve por delante las normas legales. La paz legal requiere acatamiento del orden jurídico”. Y añadió que se debe cumplir la Ley 1908 “o cambiarla”, pero que eso sería por vía legislativa.

El penalista Marlon Fernando Díaz consideró que es equivocada la decisión de la Fiscalía y que se está confundiendo el estatus político con el delito político.

A su turno, el ex fiscal general Mario Iguarán señaló que el ente acusador “tiene razón. El sentido de la norma no era abrir una compuerta para que se levantaran o suspendieran órdenes de capturas a criminales normales”, y que el Gobierno podría acudir ante los jueces para lograr la suspensión.

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Iguarán cuestionó que no exista comunicación entre las instituciones del Estado ante un tema tan delicado: “Ya frente al proceso de paz total como tal, considero necesario reunir primero a todos los organismos relativos a la política criminal del Estado para trazar un plan en conjunto y ahí sí comenzar a ejecutarlo. No como se está haciendo ahora que se toman decisiones unilaterales y luego se debe retroceder”.

El penalista y exfiscal Camilo Burbano señaló que la interpretación de la Fiscalía es restrictiva pero razonable y que desde que el marco normativo de la ‘paz total’ fue emitido “se detectaron varios vacíos y ambigüedades jurídicas que dan lugar a varias interpretaciones. El problema en realidad es que la interpretación de la Fiscalía es una de las múltiples posibles y, por lo tanto, no puede ser calificada de errónea”.

SAIR BUITRAGO EDITOR JUSTICIA

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