Cultivos de uso ilícito: reducción en la meta de erradicación encendió el debate

La Policía tendrá que erradicar este año 20.000 hectáreas de hoja de coca, es decir 30.000 menos que la meta fijada para el año pasado por el gobierno del entonces presidente Iván Duque.

Así lo afirmó el coronel Édgar Cárdenas, director de la Policía Antinarcóticos, quien ratificó que la prioridad de las autoridades, tal como lo ha anunciado el presidente Gustavo Petro, será la interdicción y no la erradicación forzada.

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Fuentes del Ejército, que el año pasado igual que la Policía tenían una meta de erradicar 50.000 hectáreas de forma forzada, señalaron que hasta ahora no han recibido instrucciones del Ministerio de Defensa para definir la meta de 2023.

En todo caso, según las cifras oficiales, ni la meta establecida para el año pasado de 100.000 hectáreas, ni la de 2021 —que eran 130.000— se han cumplido.

El profesor y analista en temas de seguridad Jairo Libreros le dijo a este diario que esa meta “es mucho más realista y consecuente con la política antidrogas del Gobierno nacional”.

Y añadió que los recursos destinados para la Policía no se van a reducir sino a redireccionar en hacer más eficiente la interdicción aérea, marítima y terrestre, que es el énfasis de la política del Gobierno Petro.

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“Este es un mensaje del Gobierno a la comunidad nacional de que el rumbo en la lucha contra el narcotráfico no estará en los choques con la comunidad, y es a la vez una apuesta internacional sobre la decisión de que primará una política nacional autónoma sobre las políticas internacionales”, añadió Libreros.

Consultado por EL TIEMPO, el exviceministro del Interior y de Justicia de Colombia, Rafael Nieto Loaiza, señaló que “es una muestra más de un Gobierno que en todas sus decisiones favorece el narcotráfico”. Nieto Loaiza añadió que esa es solo una decisión en una serie de medidas que no contribuyen a la lucha contra el narcotráfico.

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“Petro ha dicho que no usarán glifosato ni siquiera para la erradicación manual, sostiene que no habrá erradicación forzada sino negociaciones voluntarias con los cocaleros; auspició y participó en una asamblea nacional cocalera (que se suma a los discursos legitimadores de los cultivos de coca); da un tratamiento preferencial y mejor a esos cocaleros, que le guste o no a Petro hoy cometen un delito, en relación con los agricultores que nunca han violado la ley”, dijo el exfuncionario.

Y el representante a la Cámara por Bogotá Andrés Forero criticó la decisión y cuestionó: “¿Esta claudicación hace parte de las condiciones para que los grupos ilegales aceptaran el cese bilateral anunciado por el presidente?”.

En la otra orilla, Olger Pérez, vocero de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), apuntó que en la región se viene erradicando la hoja de coca desde hace más de una década y a pesar de eso las cifras de cultivos ilegales siguen en aumento.

Por último, resaltó que la decisión es consecuente con los anuncios del Gobierno y respaldó la búsqueda de otras alternativas para enfrentar el narcotráfico y apoyar a las comunidades de las zonas de cultivo.

Redacción Justicia

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