Las millonarias fallas que encontró la Contraloría en contratos de aeropuertos

Pese a millonarias inversiones para el mejoramiento de varios aeropuertos regionales, una deficiente ejecución y supervisión de los contratos, entre otras fallas, llevaron a un detrimento de más de 34.400 millones de pesos en obras que no son lo que se contrató o no sirvieron para arreglar lo que pretendían, y que ahora representan riesgos de deslizamientos y daño prematuro de las pistas.

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Así se concluye de tres auditorías de cumplimiento, liberadas a finales de 2022, que realizó la delegada de Infraestructura de la Contraloría General a la gestión de la Aeronáutica Civil en contratos de mejoramiento de los aeropuertos Almirante Padilla de Riohacha, Palonegro de Bucaramanga, Yariguíes de Barrancabermeja, y Simón Bolívar de Santa Marta.

En más de 280 páginas en total, el órgano de control diseccionó las fallas en los contratos que llevaron a determinar 14 hallazgos istrativos, de los cuales 6 tienen incidencia fiscal, 13 tienen incidencia disciplinaria, y uno incluso implicaría un delito.

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De las tres auditorías, la de hallazgos más cuantiosos es la del Aeropuerto Almirante Padilla, de Riohacha, en la que se analizaron recursos invertidos entre 2019 y el primer semestre del 2022 y se identificaron 8 hallazgos istrativos, de los cuales 7 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno posible incidencia penal y tres un alcance fiscal por un valor total de $ 29.059’949.607.

En este aeródromo la Contraloría evaluó un contrato para la rehabilitación de la pista, adecuación de zonas de seguridad, construcción del sistema de drenaje y mantenimiento rutinario y encontró que se cambió el objeto del contrato, pues aunque se firmó para una rehabilitación de la pista, terminó siendo usado en una ampliación del ancho de la misma.

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Para el ente de control, el cambio del objeto del contrato hizo perder recursos porque estudios ya pagados de los diseños originales no se usaron para nada. Además, la ampliación de la pista no solo no estaba en el contrato sino que no era apremiante, pese a ello, ocupó el 60,66 por ciento del presupuesto del contrato y llevó a que no se atendieran temas urgentes como el desagüe de las aguas de escorrentía, la rehabilitación de cabeceras y calle de rodaje, “poniendo en riesgo la seguridad operacional de la pista”, dice la auditoría, que considera que esta falta tendría alcances disciplinaros, fiscales y penales.

Otra crítica del informe es por un aumento del 940 % en los costos de luces de pista respecto del valor inicial, “lo cual denota deficiencias en la planeación contractual toda vez que los estudios y diseños no tuvieron en cuenta una especificación clara para hacer los respectivos cálculos de las necesidades reales en cuanto a la instalación de ayudas visuales, y derivaron en el cálculo de un presupuesto demasiado bajo para el cambio de dichos elementos”.

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Frente a estos hallazgos, en la misma auditoría la Aerocivil se defendió y dijo que las modificaciones se enfocaron en la construcción de las obras “más representativas” para optimizar la seguridad de las operaciones aéreas, y que los estudios y diseños dejaban ver “que los recursos contractuales no eran suficientes para poder ejecutar la totalidad de las obras que se encontraban dentro del alcance del contrato”.

Además, preguntada al respecto por EL TIEMPO, la Aerocivil respondió que el contrato terminó en noviembre de 2022, con un avance del 98 por ciento, y que tiene programadas visitas de inspección a las obras para levantar el inventario de las obras y con base en ello proceder con dos actividades paralelas: "Determinar las acciones a las que haya lugar y elaborar los precontractuales para la contratación de las obras y la correcta finalización del objeto contractual".

En otra auditoría, la Contraloría verificó recursos invertidos en 2021 en 12 contratos del Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, y en 10 contratos del Aeropuerto Yariguíes, de Barrancabermeja, en las vigencias 2019, 2020 y 2021. El documento refiere tres hallazgos istrativos con presunta incidencia disciplinaria, de los cuales dos tendrían incidencia fiscal por $3.778’825.799,24.

En cuanto al aeropuerto Yariguíes, el órgano de control sostiene que en las obras de rehabilitación de la pista se evidenciaron deficiencias técnicas por fisuras y un deficiente manejo de pendientes para el bombeo requerido en la pista y calles de rodaje, lo que se debería a debilidades de supervisión y verificación. La consecuencia, se lee en la auditoría, es un deterioro prematuro que pone “en riesgo la inversión realizada y los niveles de servicio del aeropuerto”.

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Frente esto, en la auditoría la Aerocivil se limitó a pedir más tiempo para darle una respuesta de fondo a la Contraloría y en todo caso indicó que las obras tienen pólizas “que respaldan la estabilidad de la obra por cinco años, y de concluirse que se deben realizar reparaciones a las obras se procederá a afectar las mencionadas garantías”.

Y en respuesta a EL TIEMPO indicó que a través de la interventoría se requirió a los contratistas, quienes presentaron un plan de atención "que la entidad observó, cuyos ajustes serán presentados en mesas de trabajo que iniciarán el 17 de enero, para resolver la situación evidenciada".

De otra parte, en el aeropuerto Palonegro se encontraron deficiencias técnicas constructivas en gaviones (estructura rellena de piedras) y en la realización del control geotécnico en taludes, que conlleva posibles riesgos de deslizamientos y desprendimientos en los taludes circundantes al Centro de Gestión Aeronáutica de Bucaramanga. Para la entidad, se desconocieron las normas que se debían seguir, lo que llevó a un detrimento al patrimonio de la Nación por $20’552.000.

La respuesta de la Aerocivil fue que los elementos de contención (gaviones) "están cumpliendo su función a la fecha; no obstante, la entidad solicitará un concepto técnico al Invías para validar dicho proceso constructivo y atender una solución del hallazgo" de la Contraloría.

Finalmente, la auditoría al aeropuerto Simón Bolívar, de Santa Marta, reveló tres hallazgos istrativos, de los cuales uno tendría incidencia fiscal por $1.602’504.907 y tres tendrían alcance disciplinario, en los recursos ejecutados en 2021 en obras para el mejoramiento de los servicios aeroportuarios.

En este caso la Contraloría encontró un deterioro estructural por deficiencias y debilidades en materiales, procesos constructivos por parte del contratista y falencias en el seguimiento y control por parte de la interventoría y supervisor, lo que generó un “deterioro prematuro de las obras ejecutadas en la adecuación de la cabecera 01 y la calle de rodaje bravo y, la adquisición de elementos (luces) que no están prestando servicio alguno, dejando afectaciones múltiples por un monto de $1.602.504.970,4”, se lee en la auditoría.

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Al respecto la Aerocivil le remitió al órgano de control una respuesta del contratista de la obra que señala que esos temas son ‘garantías’ que están fuera del alcance técnico de su intervención:

“Nosotros como contratistas nunca nos apropiamos ni estuvimos de acuerdo con los diseños de pavimentos entregados por la Aerocivil, dado que estos presentaban incertidumbres y era posible prever que las capas asfálticas recomendadas podían presentar deformaciones (...) incluso se evidencia que la interventoría estuvo de acuerdo con nuestras propuestas de diseño (…)”, se lee en la respuesta que recoge la auditoría.

En adición, en respuesta a preguntas de este medio, la autoridad aeronáutica agregó que "por el deterioro estructural de la cabecera 01 y de la calle de rodaje Bravo, la entidad solicitó declarar el siniestro de las pólizas del contratista de obra e interventoría. Ahora bien, en cuanto al sistema de luces de identificación de umbral de pista (Reil), este se encuentra instalado y se encuentra en proceso de adquisición un regulador de 10KVA el cual permitirá su funcionamiento".

Así mismo, en respuesta general a las tres auditorías, la Aeronáutica Civil afirmó que dentro de sus procesos cuenta con interventorías que verifican el cumplimiento de las especificaciones técnicas que deben cumplir los contratistas de obras, y que las mismas tienen garantías de estabilidad por cinco años, "razón por la cual, en caso de requerirse, serán exigibles tanto por el contratista de obra como por el de interventoría".

Y añadió: "La entidad, como autoridad aeronáutica, vigila y controla que no se materialicen riesgo de seguridad operacional y esa realidad está garantizada a los s del transporte aéreo".

Las tres auditorías serán trasladadas a la contraloría delegada de responsabilidad fiscal, que evaluará si deben abrirse procesos que podrían derivar en sanciones por las que la Aerocivil tendría que responder, explicó el contralor delegado para infraestructura Luis Fernando Mejía.

El funcionario hizo hincapié en que las fallas que dejan ver estos tres seguimientos no son nuevas, sino que varias veces el órgano de control le ha señalado a la Aerocivil este tipo de falencias.

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Incluso, añadió que tras denuncias de corrupción, a finales del año pasado se puso en marcha una actuación especial de fiscalización sobre la Aerocivil y aunque el proceso está en marcha, ya han “encontrado cosas” que se mantendrán bajo reserva hasta que la actuación concluya, a finales del primer semestre.

“Esta es la actuación más grande que se ha hecho a la Aerocivil en mucho tiempo, estamos mirando contratación de obras, servicios, licenciamiento de pilotos y aeronaves, y tiene que ver con el manejo de las compras, repuestos, operación de radares, entre otros”, adelantó.

Por último, Mejía sostuvo que “ya llegó el momento de que la Aerocivil se ponga en la tarea de solucionar todas estas debilidades recurrentes” y que mejorar la gestión contractual debería ser el primer reto que solucione el recién nombrado director de la entidad, Sergio París.

Sobre estas denuncias de corrupción que se conocieron en las últimas semanas, la Aeronáutica manifestó que a la fecha no han sido notificados formalmente de apertura de investigación o auto de cargos relacionados con las investigaciones de los entes de control.

"Por otra parte, la entidad solicitó a la Fuerza Aérea Colombiana  el desarrollo de una Auditoria del funcionamiento del sistema radar conforme los fines de la defensa nacional. Esta auditoría se encuentra en ejecución desde el 10 de enero y el informe se recibirá el 27 de enero, el cual permitirá definir el plan de acción para la revitalización de la red de radares a nivel nacional; adicionalmente, a través del gobierno norteamericano, se encuentra programada una mesa de ayuda en la cual se estudiará la posibilidad de cooperación técnica, en materia de vigilancia que aporte a los fines del Estado".

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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