El silencio del presidente Gustavo Petro sobre la imputación de César Manrique en escándalo de la UNGRD

Esta semana comenzó oficialmente la imputación de cargos contra César Manrique, exdirector de la Función Pública del gobierno de Gustavo Petro, salpicado en el escándalo de la UNGRD. Supuestamente, de acuerdo con la Fiscalía, recibió maletas con 3.000 millones de pesos entre el 4 de enero y el 12 de marzo del 2024.

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Lo que ha llamado la atención es el silencio que ha guardado el presidente Petro en cuanto al papel de Manrique en el esquema de corrupción. Aunque el mandatario se ha ido en distintas ocasiones en contra de Olmedo López, cabeza más visible del escándalo, ha guardado silencio con su exdirector de Función Pública, que lo ha acompañado en distintos momentos de su carrea política.

Manrique fue uno de los funcionarios de la Bogotá Humana, incluso este fue condenado por cuenta de las presuntas irregularidades en la compra de motos eléctricas para la Policía. Ahora, también es señalado en el millonario desfalco en la UNGRD.

De acuerdo con la Fiscalía, durante este gobierno, César Manrique recibió en maletas 3.000 millones de pesos en efectivo en un lapso de 68 días, exactamente entre el 4 de enero y 12 de marzo de 2024.

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Esa plata habría sido producto de la coima a repartirse entre él y otros presuntos socios, tras habérsele otorgado -con intermediación de Olmedo López- irregularmente un contrato a la Fundación Yapurutú para la compra de 40 carrotanques pequeños, destinados a suplir las necesidades de los habitantes de La Guajira.

La cadena de intermediarios comenzó con Ana María Riveros, representante legal de Office Abogados SAS, quien luego de recibir en la cuenta de su firma 5.060 millones de pesos producto de los negocios presuntamente ilegales, fue sacando poco a poco parte del dinero para entregárselo a Manrique. Para ello, habría ado a Luis Carlos Barreto, exsubdirector de la UNGRD y ficha de Manrique en la entidad, y a Jorge Aristizábal, exmiembro de Función Pública.

"Ana María Riveros, siguiendo las instrucciones de Édgar Riveros, retiró de la cuenta bancaria de Office Abogados, en la cual su firma era la única autorizada para retiros, 3.000 millones en efectivo, y los transportó desde la sucursal del banco Davivienda, ubicado en el primer piso del centro comercial Gran Estación, hasta los baños ubicados al lado de la entidad financiera, donde los entregó a Barreto, quien tenía el compromiso de entregarlos a César Manrique", expuso la fiscal.

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Después, Aristizábal se los habría pasado en nueve días distintos a Manrique. La primera entrega fue el 4 de enero de 2024, cuando en la mañana Ana María Riveros retiró en efectivo 500 millones de pesos; la segunda fue el 11 de ese mes, pero por 350 millones; la tercera fue un día después por otros 350 millones, recibidos nuevamente por Luis Carlos Barreto, "quien por disposición de Manrique se apropió de 50 millones, y los otros los entregó a Aristizábal en su apartamento".

Las otras fechas remiten al 23 de enero y 3 de febrero, cuando al parecer Ana María Riveros retiró en efectivo 200 millones y 100 millones, respectivamente. Se los pasó de nuevo en los baños del centro comercial a Barreto, y después este se los llevó a Aristizábal. El 6 de marzo, la misma mujer retiró 300 millones de pesos siguiendo los pasos que venía haciendo.

La carrera pública de Manrique ha sido, en su mayoría, de la mano del presidente Gustavo Petro. Al consultar a del Gobierno y del Pacto Histórico, estos lo identificaron como cercano al mandatario, “del combo de la izquierda”.

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Ha sido funcionario tanto en el gobierno distrital de Gustavo Petro en Bogotá como ahora de Presidente. En ambos casos ocupó importantes dependencias y al mismo tiempo acumuló escándalos.

Manrique pasó a ser reconocido a nivel nacional por las irregularidades que reportó la prensa cuando fue director del Fondo de Vigilancia de Bogotá. Fue el que lideró el contrato para la compra de motos eléctricas para la Policía en 2012.

Fueron en total 100 motos eléctricas las que se compraron durante la alcaldía de la Bogotá Humana y en menos de dos años quedaron en su mayoría inservibles y tiradas en un parqueadero de la localidad de Kennedy. Fue este uno de los casos de presunta corrupción más sonoros durante la istración Petro en la capital.

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De acuerdo con lo revelado por la justicia en su momento, el detrimento fue de 1.200 millones. Incluso en el proceso se citó al hoy Presidente para que declarara. Por dicho caso fue condenado Manrique a 10 años de prisión, pero el fallo fue revocado en 2020 por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, nuevamente en la Corte Suprema de Justicia se reanudaron las pesquisas por el caso.

A pesar de ello, Manrique fue llevado por Gustavo Petro al gobierno nacional, lo puso al frente de la Función Pública, la entidad que “tiene como objeto formular y promover las políticas e instrumentos en empleo público, organización istrativa, control Interno, racionalización de trámites, que van dirigidos a fortalecer la gestión de las entidades públicas nacionales y territoriales”.

No pasó mucho tiempo para que de nuevo estuviera vinculado a polémicas. Hace poco se le abrió un proceso disciplinario ante las supuestas irregularidades en el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador en México. Según la Procuraduría, la experiencia de este era insuficiente para asumir el cargo de embajador, pero Manrique aun así certificó la experiencia como suficiente.

"El Ente de control encontró probado que Luna Tapia y Manrique Soacha decidieron emitir su voto favorable para recomendar al presidente de la República compensar excepcionalmente los requisitos y que Ninco Daza pudiera ser nombrado en el cargo que ejerce en la actualidad", dijo la Procuraduría, que por esta acción sancionó por 10 meses a Manrique Soacha.

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La polémica más reciente fue su mención en el escándalo de la UNGRD. En agosto fue vinculado al caso. El ente acusador aseveró que este habría pedido coimas a cambio de tramitar un dinero que era de la cuestionada entidad dirigida por Olmedo López, pero que estaban en una cuenta de la Agencia Nacional de Tierras.

Dijo la Fiscalía que Manrique Soacha junto a su supuesto 'ahijado político', Luis Carlos Barreto Gantiva, gestionaron el "traslado de 100 mil millones de pesos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras y en contraprestación Olmedo López permitió que direccionaran contratos de plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas".

La fiscal aseguró que Olmedo y Manrique Soacha concretaron el pago de sobornos para lograr el traslado de los millonarios recursos de la agencia que se encarga de la reforma agraria. Y que se "pactó con César Manrique una coima del 7% de los contratos".

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO 

Redacción política