Faltó diplomacia

La reciente decisión del Gobierno colombiano de frenar la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, cabecilla del grupo armado Comuneros del Sur, ha encendido una nueva alarma en la ya tensa relación con Estados Unidos.

Si bien se esgrime como motivo su papel actual como negociador en el proceso de paz que este grupo adelanta con el Gobierno –el más avanzado y el único por ahora que promete dar algún resultado–, lo cierto es que la medida carece de una estrategia diplomática coherente detrás, factor clave para estos tiempos turbulentos.

El argumento del Gobierno para suspender la extradición –que HH "contribuye con aportes verificables y resultados concretos" en el marco del desarme– puede tener un sustento jurídico si se demuestra un compromiso real con la verdad, la justicia y la reparación. Pero hasta el momento no hay pruebas, que se conozcan al menos, de que ese compromiso sea inequívoco ni de que su permanencia en el país suponga avances tangibles en ese camino.

Más que la decisión en sí, sobre la cual el Presidente tiene legítima autonomía, lo que inquieta es el contexto. La medida fue tomada sin una consulta clara al Ministerio de Justicia y en medio de señales sobre su impacto en la relación binacional. El Departamento de Estado expresó su preocupación de que se esté enviando un mensaje de impunidad y de ruptura en la cooperación judicial.

La adhesión colombiana a la estrategia Ruta de la Seda, de China –que ha inquietado a del gobierno Trump por darse en medio de la batalla comercial que esa istración libra con el gigante asiático–, el llamado del presidente Petro a protestar contra el impuesto a las remesas establecido por el Gobierno estadounidense, y ahora esta negativa sin una comunicación efectiva, abren un frente inquietante con nuestro principal socio comercial, en especial en un año en el que Trump ha llegado, fiel a su estilo, a poner muy alta la vara en las relaciones con los demás países, sin importar si se trata de aliados históricos.

Más preocupante aún es el riesgo de que todos pierdan: el Estado colombiano, pues puede quedar en entredicho su disposición para la lucha conjunta contra el narcotráfico; las víctimas en su derecho a la justicia y reparación; y la 'paz total', todavía más en credibilidad. Si no hay resultados concretos, el único que ganará será alias HH, quien enfrenta cargos por delitos graves como homicidio, desaparición forzada y terrorismo en Colombia.

Una vez más surge el temor de que se estén instrumentalizando los procesos de paz para blindar a criminales, por acción u omisión. Por eso son tan importantes el seguimiento, la verificación independiente y el acompañamiento internacional. En este caso, de un actor fundamental en la política exterior colombiana como lo es Washington.

Hay que reconocer, eso sí, que no estamos ante un gobierno reacio a cooperar: bajo el mandato de Gustavo Petro, Colombia ha autorizado 488 extradiciones, una cifra histórica. Pero este caso, por sus implicaciones políticas, diplomáticas y éticas, exige un manejo distinto. No se puede improvisar. La política de 'paz total' necesita de reglas claras, acuerdos verificables y diplomacia seria. Sin eso, cada decisión que pretenda ser un avance se convertirá en un tumbo más para una política de paz que no se consolida aún.