Crímenes de Estado

El gobierno de Álvaro Uribe será recordado por la crueldad de su guerra contrainsurgente: las ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad, son la prueba más atroz de ello. Gracias al trabajo adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –una de las pocas instancias judiciales del país que en muy poco tiempo ha obtenido resultados concretos–, hace unas semanas, a través del Auto 033 de 2021, supimos que “durante el período comprendido entre los años 2002 y 2008 aproximadamente 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional”, una cifra terrible que además contrasta con creces con la reportada por la Fiscalía General de la Nación.

Más adelante en el documento, una gráfica muestra que en el período de 2000 a 2008 “se registra el 78 % del total de la victimización histórica”. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la ‘seguridad democrática’ del gobierno Uribe significó seguridad para las clases medias/altas y guerra para las clases populares. Fue una guerra contra el pueblo: contra los pobres y contra las comunidades negras, indígenas y campesinas para desplazarlas y apropiarse de sus tierras.

Al tiempo que la voz de Uribe se disipa, las voces de las Madres de Soacha se enaltecen y se dignifican. Su relato se vuelve parte de nuestra memoria histórica. Ya no es la voz de los victimarios la que prevalece, sino la de las víctimas que buscan verdad y justicia. ¿Con qué cara saldrá el uribismo en las próximas elecciones a decir que quiere salvarnos del ‘castrochavismo’ cuando en el gobierno de Uribe se cometieron crímenes de Estado? Los máximos responsables saben que tarde o temprano tendrán que responder.

Por muchos años, unos sectores de la clase dirigente de este país convencieron a la opinión pública de que las guerrillas eran el gran problema de Colombia. En realidad, nuestro principal problema han sido precisamente esos sectores: han aplazado la reforma agraria, estimularon la creación de grupos paramilitares, permitieron que este fuera el conflicto armado más longevo del hemisferio, se aislaron regionalmente por seguir a pie juntillas la agenda de los Estados Unidos, permiten que en pleno siglo XXI sigan muriendo niños de hambre, que el suministro de agua y alcantarillado todavía no llegue a los hogares de millones de colombianos, que la educación pública sea de pésima calidad, que el a la salud dependa de la clase social, entre otros muchísimos temas.

¿En manos de quién está el Estado colombiano? Nos hemos demorado mucho en entender que aquellos que decían protegernos y ‘brindarnos seguridad’ en realidad solo defendían sus privilegios. ¿Por qué no empezamos a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad del Estado? ¿Cuántas personas y qué instituciones del Estado estuvieron involucradas en estos crímenes de lesa humanidad?

Y es que el cinismo de ciertos sectores de nuestra clase dirigente es tal que prefieren que todo siga igual. Es por esto que cuando un sector del establecimiento colombiano es desvergonzado, cabe al pueblo organizarse y asumir las riendas del país. No podemos seguir permitiendo que este mal gobierno nos pisotee y pisotee a las víctimas.

SARA TUFANO