Rodear a las cortes

A pesar de los enormes desafíos de violencia, narcotráfico, corrupción y pobreza que Colombia ha afrontado por décadas, el país ha sostenido, por más de 65 años, su ordenamiento republicano, con elecciones periódicas para Presidente, Congreso, alcaldes y gobernadores, y –algo clave– la independencia y separación de sus poderes públicos, efectiva vacuna contra el autoritarismo.

Nos guste o no quién gana las elecciones, reconocemos su triunfo. Nos gusten o no las leyes del Congreso, las aceptamos. Nos gusten o no los fallos de la Justicia, los acatamos. Aunque en el pasado hubo intentos por romper ese sagrado equilibrio, nunca un Presidente de la República había atacado tanto ese sistema de pesos y contrapesos como lo ha hecho Gustavo Petro. Con un pasado guerrillero que le fue perdonado por las leyes y la sociedad, él está obligado a las más claras demostraciones de acatamiento a la Constitución.

Sin embargo, una y otra vez ha intentado correrles la cerca a los demás poderes, cuestionando y hasta negándose a acatar fallos de las altas cortes, o desconociendo decisiones del Congreso como cuando, hundido en las cámaras su nefasto proyecto de reforma de la salud, optó por quebrar a las EPS. La Corte Constitucional le había exigido al Gobierno que pagara lo que les debía, pero Petro y su minsalud, Guillermo Jaramillo, se pasaron esa orden por la faja.

Petro también desconoció un fallo de la Corte Constitucional sobre las facultades de la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular. En una decisión equilibrada, la Corte mantuvo esas facultades, pero sentenció que debían ser validadas por el Consejo de Estado. A Petro le importó un pepino: agarrado de una alegre interpretación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que no aplicaría las sanciones de destitución de alcaldes o gobernadores que dicte la Procuraduría, una actitud olímpica que, de paso, barre con un arma vital en la lucha contra la corrupción.

En otro barbarismo jurídico, Petro sostuvo en 2023 que él era el jefe del Fiscal General. Y hace pocas semanas, criticó feo las declaraciones del presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, que se limitó a decir que la reforma de la Constitución debe hacerse únicamente –y como es obvio– por las vías señaladas en la Constitución misma.

Hay denuncias de seguimientos del Gobierno a magistrados, y el petrismo lanzó sus hordas a atacar el Palacio de Justicia, para presionar la elección de fiscal. Por cierto, este viernes fue develado un plan terrorista contra el mismo Palacio. En una actitud tan infantil como peligrosa, Petro amenazó con recortar el presupuesto de la Rama Judicial porque la Corte Constitucional le tumbó un pedazo de la reforma tributaria. Todo ello mientras repite, cada vez que no le gusta un fallo, que las cortes le están dando “un golpe blando”.

En una carta al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, el expresidente César Gaviria dijo esta semana que “a lo largo de estos dos años, el gobierno del presidente Petro ha incrementado sus posturas contrarias a la Constitución y al debido respeto a las instituciones democráticas (...). El Gobierno ha desconocido los fallos de la Corte Constitucional y las decisiones ya aprobadas por comisiones constitucionales del Congreso”.

El exmandatario y padre de la carta del 91 habla de un gobierno “en rebeldía” contra fallos de la Justicia, y critica “las tendencias autoritarias del Presidente”. Ante todo esto, corresponde a líderes empresariales y gremiales, partidos políticos, medios, a los colombianos todos, apoyar y rodear a las altas cortes. Y corresponde también a estas hacer, juntas, una manifestación de unidad en defensa de su propia independencia. A Petro hay que decirle que esta no es tierra de déspotas ni dictadores, y que recuerde que, en el poder, a él solo le quedan dos cortos años.

MAURICIO VARGAS

Instagram: @mvargaslinares

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