Colombia ha sido desde los ochenta el primer exportador de cocaína del mundo y desde mediados de los noventa, con un par de años de excepción, el primer productor mundial de hoja de coca. Una realidad dramática en la cual ninguna, óigase bien, ninguna estrategia antidroga ha funcionado plenamente. Ni la erradicación, ni los guardabosques ni la fumigación, nada. El ahora famoso Plan Colombia tenía la meta explícita de reducir a la mitad la producción de coca en 5 años. No de acabarla, no de diezmarla, no, era reducir a la mitad la producción. O sea, ha sido una estrategia de contención del problema más que una de solución definitiva.
Ahora, y por el acuerdo de paz, se abre una ventana de oportunidad que no habíamos tenido en los veinticinco años anteriores. Un programa de sustitución voluntaria de cultivos con las siguientes características: 1) Es negociado a nivel de vereda o de núcleos de productores. 2) Es participativo, incluye alcaldes, organizaciones campesinas, juntas comunales. 3) Tiene compromisos explícitos tanto del Gobierno como de los cultivadores. 4) Y tiene a las Farc del lado de promover activamente la sustitución, a diferencia del comportamiento en los años del conflicto. Este plan tiene la meta de, en el primer año, tener 50.000 hectáreas de coca sustituidas.
Para llegar a esta meta se viene avanzando en tres fases. La primera comprende el compromiso de núcleos de productores a ingresar al programa. Hasta la fecha, 83.000 productores que dicen cultivar 76.000 hectáreas se han comprometido a sustituir. La segunda fase es, término muy de moda ahora, socializar en las familias de productores en qué consiste el programa, cuáles compromisos adquieren ellos (no resembrar y no participar en actividades ilegales) y cuáles el Gobierno (pagar 1 millón mensual por un año a quien haya erradicado, financiar 19 millones en dos años para sembrar alternativas a la coca, apoyar con 1,8 millones por una sola vez para asistencia alimentaria, dotar de asistencia técnica para sustituir y formalizar la tierra). Cada semana ocurren decenas de reuniones de socialización. Y una tercera fase en la cual familia por familia, en cada núcleo veredal, se inscribe e inscribe los lotes sembrados con coca y se inicia la erradicación voluntaria. Todo el proceso es monitoreado por la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC).
Es un minucioso trabajo de microgerencia en el cual hay que ir familia por familia, en áreas muy remotas; incluirlos en el programa, que es una inclusión en la formalidad; monitorear que no haya resiembra ni colados y asegurar que se transforme la realidad productiva de estas regiones. En cada vereda que entra en la fase 3 del proceso se establecerán viveros para tener material vegetal para las alternativas de sustitución. Por ahora, con Fedecacao se ha programado establecer viveros para sembrar 50.000 hectáreas de cacao; esto haría de Colombia el tercer productor de la región. La Federación Nacional de Cafeteros ha anunciado ampliar la producción cafetera, lo cual repercutiría en una importante alternativa de sustitución, y Corpoíca trabaja en ofertas de cultivos de rápido rendimiento y en preparación de los asistentes técnicos.
Este programa puede ser la ventana de oportunidad para que el país pueda tener una nueva posibilidad de que la coca no siga incendiando regiones y alimentando el crimen organizado. Hay recursos para cumplir la meta de 50.000 hectáreas, pero, por supuesto, hay muchos riesgos, muchos obstáculos, que hay que evaluar y superar. Es abrir camino y, día a día, resolver problemas. La erradicación debe fortalecerse para los grandes cultivos, y en eso también está empeñado el Gobierno Nacional.
En este tema puede parecer más fácil, semana a semana, llenar un avión de glifosato y diligenciar una hoja de Excel que diga que se han cumplido las metas que recorrer selvas y montañas y convencer a más de 80.000 familias para que cambien su modo de vida y transformen las regiones. Pero la solución estructural y sostenible es la segunda. Esa es nuestra oportunidad. No podemos desperdiciarla.
RAFAEL PARDO*
* Alto Consejero para el Posconflicto