Las regiones merecen más plata

Es explicable la inquietud de una docena de exministros de Hacienda, expertos del Banco de la República y analistas económicos, por el proyecto de reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), que está a un paso de ser aprobado por el Congreso y que cambia los artículos 356 y 357 de la Constitución, para que, de aquí a 2038 y en forma gradual, los departamentos, distritos y municipios reciban hasta el 39,5 % de los ingresos del Gobierno central, en vez de poco más del 20 % como ocurre ahora.

Que la Nación vaya a perder, de manera gradual, el manejo de esos recursos puede marcar un grave desequilibrio en sus finanzas, con delicadas consecuencias –advierten los expertos– para la regla fiscal (norma constitucional que establece un tope al déficit), así como para el manejo de la deuda. Pero satanizar la reforma y anunciar una catástrofe me parece exagerado, pues ese cambio constitucional será tan positivo o negativo según como vaya a quedar reglamentado.

La reforma no fue propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, sino por el senador Guido Echeverri, exgobernador de Caldas, formado en el conservatismo, elegido en 2022 por la coalición Verde-Centro Esperanza, y conocido como estudioso y serio. A inicios de julio, al llegar Juan Fernando Cristo al Mininterior –y como dos congresistas cercanos a él apoyaban la idea–, el ministro la respaldó. La propuesta ha sido votada por amplias mayorías (75 a 2 en el Senado), integradas por casi todos los partidos, tanto petristas, como independientes y opositores.

La reforma quedará en firme en pocos días, pero solo entrará en vigor cuando el Congreso dicte una ley de competencias que implicará que las regiones, con los nuevos dineros, asuman más funciones, lo mismo en salud y educación que en otros frentes como infraestructura. Hoy en día, sus recursos se limitan a poco más que el impuesto predial, el de industria y comercio, y el de cervezas y licores, y reciben montos restringidos del mismo SGP y asignaciones de regalías tras un largo y complicado proceso. La realidad es que para hacer grandes inversiones, las regiones dependen de los caprichos del gobierno central. Y en estos tiempos, hemos visto cómo Petro ha dejado sin plata a departamentos y ciudades que eligieron gobernantes opositores.

Para que no se despeloten sus finanzas, el gobierno central tendrá que adelgazar ministerios y eliminar entidades, al quedar sus funciones en cabeza de departamentos, distritos y municipios. La clave ahora es sacar una buena ley de competencias, que incluya un listado de las entidades nacionales que, en buena hora, deben desaparecer o ser reducidas a mínimos.

Los críticos de la reforma dicen que la plata se la van a robar en las regiones, cuando lo que hemos visto en estos años es que el robo en el gobierno central es gigantesco. Así lo evidencian casos como el de la UNGRD o las oscuras maniobras para cambiar el contrato de los pasaportes, entre muchos otros.

Y si bien en las regiones estallan casos de corrupción, ha habido muy buenos manejos en la mayoría de las istraciones de Medellín y Antioquia, y grandes avances en Barranquilla y el Atlántico en la última década y media. Un notable ejemplo lo ofrece ahora el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, que ha hecho rendir sus limitados recursos para, entre otras obras, construir este año 15 megacolegios que marcarán una revolución educativa.

Hay ovejas negras como Guajira y Chocó. Pero en ambos casos, sucesivos gobiernos centrales han contratado desde Bogotá multimillonarias inversiones que no se han visto. El ejemplo de los carrotanques inservibles comprados por el gobierno central para La Guajira es apenas una muestra. Así que no vengan con que la plata se la roban en las regiones, como si los burócratas de la capital no fueran responsables de numerosos desastres, a veces por incompetentes y muchas veces por ladrones.

MAURICIO VARGAS

IG: @mvargaslinares

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