¿A quién beneficia todo esto?

Desde que afrontamos una de las más graves contingencias que ha tenido Colombia en su historia, nos ajustamos a las siguientes prioridades:

Primero, proteger las vidas humanas. Ese fue nuestro mayor logro: superamos los momentos más críticos con cero víctimas fatales.

Segundo, mitigar los impactos medioambientales y sociales: dejamos funcionando el mejor equipo de trabajo para el cuidado del río Cauca y muy avanzadas las negociaciones de las afectaciones con las comunidades de Puerto Valdivia y Tarazá.

Tercero, asegurar la entrada en operación del proyecto para garantizar la energía que necesitará el país: nuestra istración no solo terminó la presa y el vertedero, sino que dejó un plan que se venía implementando, para que se empezara a generar energía a finales de 2021.

Cuarto, proteger las finanzas de EPM a través de la mejor reclamación ante las aseguradoras y posibles acciones legales ante terceros: logramos el reconocimiento de cobertura por la aseguradora, y se venía avanzando en el proceso de reclamación, a tal punto que a finales de 2019 la empresa recibió 150 millones de dólares (más 100 millones de dólares recibidos esta semana), lo que ratifica que tomamos la decisión correcta.

Quedaba faltando, para la actual istración, terminar el proceso de ajuste para lograr la mayor reclamación posible y emprender acciones legales ante terceros, cuya fecha límite era finales de abril de 2020. Sobre lo último, hemos presenciado en las últimas semanas cómo la actual istración tomó la decisión de presentar una solicitud de conciliación en la que endilgan la responsabilidad de todos los contratistas de Hidroituango sin contar con su junta directiva, sin evaluar juiciosamente una matriz de riesgos y sin el involucramiento de los funcionarios de EPM que manejaron por largo tiempo el proceso. La forma como se procedió, violando todos los parámetros de un buen gobierno corporativo, generó una crisis sin precedentes dentro de la organización, que alertó, incluso, al sistema financiero sobre el rumbo que, de manera desafortunada, tomó la empresa.

¿A quién puede beneficiar esta forma de proceder? Definitivamente, NO a los ciudadanos. La verdad es que hoy es mayor la incertidumbre sobre la fecha de entrada en operación del proyecto; el riesgo para las comunidades que se deriva de la operación constante del vertedero sigue latente, y la confiabilidad del sistema energético colombiano podría afectarse para los años 2022 y 2023, con un posible encarecimiento de la energía para los colombianos. EPM tendría mayores costos y menos ingresos, lo que afectaría su salud financiera y, por ende, todos los programas sociales que desarrolla Medellín con la transferencia de sus utilidades.

Luego de esta suma de errores, Quintero y Rendón han querido evadir su responsabilidad culpando a la anterior istración con falacias y mentiras: nunca tomamos la decisión de no demandar a nadie, la empresa tenía hasta abril de 2020 para emprender las acciones legales del caso, haberlas iniciado antes habría sido una torpeza jurídica. Nunca fue radicado oficialmente en EPM el estudio de las aseguradoras, que, por demás, no pretende asignar responsabilidades, sino establecer si se está o no dentro de la cobertura de la póliza, por lo que se convierte en una prueba inconducente para la demostración de la responsabilidad ante el origen de la contingencia. Nunca viajé a Londres en los últimos años ni he tenido relaciones cercanas con Mapfre, como lo asegura Quintero. Hoy, todo el foco debe estar en la pronta entrada en operación del proyecto, no hacerlo es ir en contra del interés general.

JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA

Exgerente de EPM