JEP, ya no hay más excusas

Unir lo que está fracturado en mil pedazos. Inevitablemente, por más que se peguen las partes, quedarán fisuras.

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Eso es lo que pasa con las vidas de las personas víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Se ha repetido de muchas formas, pero aún ni la sociedad ni los Estados tienen conciencia real sobre la afectación y los daños que, al final, minan el núcleo de cualquier comunidad.

Por eso, es imperativo no ahorrar esfuerzos e impulsar las acciones necesarias que permitan subsanar ese daño. Y, en ese punto, es donde puede haber cabida al error. Donde los intereses y los egos personales deben ser eliminados de raíz, para anteponer el sentir y el clamor de los y las afectadas. Especialmente las afectadas, las mujeres, que siguen encabezando la odiosa lista de cifras y estadísticas, como las más vulneradas por este crimen.

Se han dado pasos, pero siguen siendo insuficientes. Son las mismas víctimas quienes han dado la pelea por ellas y lograron ubicar este escabroso tema en las agendas nacionales. Pero sigue siendo insuficiente.

Hace tan solo dos semanas, la representante especial de Naciones Unidas para la erradicación de la violencia sexual, Pramila Patten, visitó Colombia y asistió, en un acto público en la Casa de Nariño, al anuncio de la creación del Centro de Memoria e Investigación No Es Hora De Callar, único en el mundo, para abordar el tema desde la construcción de relatos, procesos de sobrevivientes y evocación del tema.

Una iniciativa precisamente movida por las víctimas y ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En su visita, la señora Patten también se reunió con varias entidades y funcionarios del Gobierno y escuchó, al final de su recorrido, a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Allí radicó gran parte de la atención, ya que las organizaciones de mujeres y todas las personas que han afrontado la violencia sexual le manifestaron a la representante de la ONU su inconformidad por la deuda que subsiste: la apertura del macrocaso número 11 sobre este crimen, en el marco del conflicto armado.

La sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los derechos y conductas de la JEP, en donde, paradójicamente, son cinco las mujeres que tienen potestad de decisión, ha dilatado la materialización de esta importante medida argumentado falta de dinero, de personal y de capacidad operativa.

Lo cierto es que en agosto de 2018, tres organizaciones de víctimas entregaron a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) 1.600 casos base para iniciar el proceso. Hoy la cifra se quintuplica. Y, cinco años después, no ha pasado nada.

En las conclusiones finales de la señora Patten quedó claro que hay fondos de la ONU para apoyar el proceso. Pueden ser cerca de tres millones de dólares.

Así mismo, la UIA, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y otras organizaciones han trabajado estos años para identificar las rutas de reparación temprana a través de la salud, la educación y el arte. Este 19 de junio, día internacional para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos, presentarán su propuesta en un seminario internacional convocado en Bogotá.

Las víctimas, mujeres, hombres y población LGTBQ+ que forman parte de este proceso, durante meses realizaron talleres preparatorios para construir la hoja de ruta. Una antesala: la acción de reparación simbólica Desamadas, liderada por la artista Doris Salcedo y 35 víctimas de violencia sexual.

Acciones, todas reales, que tienen el impulso y la labor de quienes han cargado con la tragedia, el dolor y la impunidad a cuestas.

Entonces, es inevitable que surja la pregunta: ¿qué más necesita la sala de reconocimiento de verdad para tomar la decisión y abrir de una vez por todas el macrocaso de violencia sexual?

Al parecer, ya no hay más excusas. Las magistradas deben estar al nivel de la grandeza de este momento histórico, porque las víctimas y sobrevivientes ya han hecho la parte más difícil.

JINETH BEDOYA LIMA