Las variables que determinan el nivel de empleo de un país son múltiples. Van desde el nivel de actividad económica hasta la comparación de la productividad con otros países o la nueva inversión.
A pesar de que los datos recientes son preocupantes, este no es un problema nuevo, los registros nos muestran cómo en las últimas décadas no hemos llegado a niveles aceptables en empleo ni formalidad.
Este sin duda es un gran obstáculo para lograr todos los objetivos sociales de una economía como la nuestra. Por ejemplo, pocas variables afectan más los niveles de pobreza que la imposibilidad de contar con una fuente de ingresos confiable. El Estado siempre puede hacer esfuerzos por suplir con programas sociales la falta de empleo, pero esto nunca será sostenible en el largo plazo.
Los registros de desempleo de los últimos 30 años muestran mínimos de 8,83 % en 1995, momento en el cual se desata el peor quinquenio en la historia laboral, con una espiral negativa que conduce a máximos de 20,23 % en el año 2000. Desde ese año se inicia un período de recuperación que nos lleva a mínimos de 8,93 % en el 2015.
Al tiempo, tenemos otra realidad igualmente preocupante: más de la mitad de los empleos colombianos son informales. Las consecuencias son muchas: falta de coberturas sociales para empleados, sobrecargas para el Estado, competencia desleal.
La pandemia y sus efectos deben poner el tema del empleo en las prioridades del país. Hoy en día estamos en niveles del 14,7 %, con un máximo en mayo de 21,4 %. Hemos visto una recuperación acelerada; sin embargo, es poco probable que logremos reducirlo a cifras de un dígito.
Quizás para muy pocos esta realidad sea nueva. ¿Por qué, entonces, no somos capaces de tomar las decisiones y acciones que nos permitan corregir este drama estructural de nuestra sociedad? ¿Será porque las soluciones deben pasar por adelantar medidas de difícil aplicación por lo complejo de su aceptación social?
Tiene razón la exministra y exdirectora de Planeación (1994-1998) Cecilia López, cuando en estas páginas tituló una columna ‘El empleo no es una dádiva’. Claro que no lo es. Es el resultado de tener una economía exitosa. No se trata de solo señalar a las empresas o al Gobierno, aunque sea popular y rentable en lo político. Vale la pena aclararle que aunque una empresa haya sido exitosa en el pasado, cuando enfrenta una crisis puede perder toda su viabilidad.
Uno de los mayores retos es que la economía política de las soluciones es compleja y requiere medidas que pueden no ser populares, no obstante ser convenientes. Obligan a pensar aumentar la productividad, aumentar nuestra competitividad, simplificar e incentivar la creación de nuevos trabajos, evitar traer nuevos sobrecostos a la creación de empleo. Ideas como la reducción de la jornada van en contravía de la creación de empleo. Crearlo debería ser atractivo.
Es entendible que algunas de las partes involucradas en una posible solución prefieran no tocar el tema, pero esto nos ha condenado por años a no poder pensar en soluciones virtuosas de largo plazo que permitan que más colombianos logren tener más y mejores trabajos.
No se puede esperar que las decisiones vengan solo de los gobiernos, ni del Congreso ni de los empleadores o los trabajadores. Deben ser de toda la sociedad. Entre tanto, debemos hacer un esfuerzo extraordinario todos los empresarios y comprometernos a adelantar inversiones, acelerar los enganches, crear nuevas posiciones productivas en el corto plazo y contribuir así a enfrentar esta emergencia.
BRUCE MAC MASTER