Asamblea reconstituyente

El presidente Petro debió pensar que relanzar su idea sobre la constituyente garantizaría la convocatoria y reunión de dicha corporación y fortalecería su Gobierno. A esas consideraciones tal vez obedezca el nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior dadas sus condiciones de experimentado político, pues ha sido ministro y congresista en varias ocasiones.

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Tanto el Gobierno como su nuevo ministro han dicho que su propuesta de constituyente exige la celebración de un acuerdo nacional que se tramitaría según las normas de la Constitución del 91 y que se reuniría después del 2026, cuando esté en funciones el nuevo Gobierno que elijamos los colombianos.

La idea del acuerdo nacional tampoco es original porque Petro lo propuso desde cuando se posesionó de la Presidencia. Buscó que con él se asegurara la aprobación de sus propuestas. Hasta ahora no ha tenido necesidad de celebrarlo porque ha contado con las mayorías en el Congreso y porque la mermelada convertida en jalea real ha cumplido su cometido.

Lo vuelve a ofrecer porque quiere asegurar la aprobación por las Cámaras de proyectos suyos que apenas han comenzado su trámite y otras iniciativas que ahora promueve: nueva reforma de la salud, reforma agraria y jornada laboral de 40 horas.

A pesar de la importancia que le concede al citado acuerdo, decisiones y propuestas del Gobierno no lo facilitan porque no ha cambiado sus políticas ni se conocen actos suyos en relación con todos los actores de la vida pública para lograr esos cambios. Procede pensando únicamente en temas que le convienen, como la aprobación de sus reformas, o que interesan a sus amigos políticos: la que llama implementación del acuerdo celebrado con las Farc en La Habana. Este último hace parte de nuestro ordenamiento superior y si se quiere reformar o adicionar, el Gobierno debe presentar el respectivo acto legislativo. Pero en vez de dialogar con los principales actores políticos del país los descalifica cuando sostiene que hemos vivido 200 años de soledad democrática, acusación que cobija a toda la clase política del país, excepción hecha, claro está, de los del Pacto Histórico y sus amigos más cercanos.

También ha dicho el Presidente que conviene reformar la Constitución del 91 porque no se ocupa de temas importantes y trata otros que no desarrolla. En este caso igualmente se requiere conocer el respectivo proyecto de acto legislativo.

Insiste el Gobierno en solicitar que el trámite de sus iniciativas se adelante de acuerdo con el llamado fast track que aceleraría el estudio y la votación de todas sus propuestas en el Congreso. Cuenta con la pericia de Juan Fernando Cristo, quien como ministro del Interior en el 2016 consiguió que se adoptara el citado procedimiento para lo negociado en La Habana, gracias igualmente a las mayorías que el gobierno de entonces (Santos) tenía en el Congreso. Ahora la situación es distinta y el clima de opinión no es favorable al Gobierno, porque actores políticos y analistas calificados consideran que la Constituyente propuesta se convocaría para aprobar la reelección de Petro o la ampliación de su período.

Como la constituyente no será aprobada, el Gobierno ha concentrado su actividad en las elecciones del 2026, tanto territoriales como parlamentarias y presidenciales, para conseguir mayoría en todos los cuerpos colegiados y, de pronto, que uno de los suyos obtenga la jefatura del Estado, aspiraciones que también tienen todos nuestros actores de la vida pública, por lo cual no serán fáciles de lograr los propósitos de quienes ostentan el Ejecutivo.

En medio de tanto galimatías político, solo es claro que Petro conseguirá ser directivo principal de organizaciones afines a su ideario político: Foro de São Paulo, Socialismo Siglo XXI, Grupo de Puebla u otras comparables.