Al borde del caos pensional

No basta que la Corte constitucional declare la inconstitucionalidad de la reforma pensional, además es necesario que la declare ya.

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No se imagina uno cómo haría la Corte para irse en contra de su jurisprudencia de más de veinte años hasta llegar, ojalá que no, a aceptar la tesis peregrina de que se puede subsanar algo tan grave como la omisión del debate de la plenaria de la Cámara de Representantes. Hasta aquí, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad no subsanable de las leyes cuando en su trámite "se haya renunciado a la discusión del articulado para acoger irreflexivamente el texto aprobado por otra instancia parlamentaria" (sentencias C-157 de 2021 y C-340 de 2024). Tal cual pasó con esta ley.

Pero más allá de los argumentos y las razones de la Corte el país necesita el sentido de la oportunidad en la toma de la decisión. Además de la razón en la decisión, es necesario que ella se tome a tiempo y que no dejemos que la incertidumbre siga larvando actos istrativos, gastos públicos, cambios empresariales, que podrían terminar siendo innecesarios y ruinosos.

Por ejemplo, tal como lo anunció Jaime Dussán, en Colpensiones vienen gastándose la cifra astronómica de 50 millones de dólares en modificaciones que resultarían absolutamente inútiles ante la decisión esperada de la Corte de tumbar la reforma pensional. De la misma manera los Fondos Privados de pensiones han venido gastando cifras también gigantescas, previendo cambios de naturaleza jurídica, istrativa y financiera que también resultarían inútiles cuando la Corte dicte la sentencia que se espera.

Ahora, de la misma manera que la sociedad y el sistema de pensiones esperan el sentido de oportunidad y pertinencia en la toma de la decisión, asimismo resulta muy importante que la Corte Constitucional no caiga en la trampa del Gobierno de hacerla distraer en el tiempo hasta el punto en que pueda verse, en un momento dado, presa de unos hechos cumplidos tan grandes, financiera e institucionalmente, que le sea muy difícil tumbar la reforma pensional presionada por argumentos de que no puede echar para atrás una reforma que ya se implementó a costos tan altos.

La urgencia es muy clara: según la reforma, el sistema debe empezar a regir plenamente el próximo primero de julio. Luego a esas alturas, en los próximos cinco meses Colpensiones se habrá gastado más de cincuenta millones de dólares, los privados habrán hecho su reconversión jurídica y los cambios istrativos, financieros y tecnológicos, y más de dieciocho millones de s habrán ido y venido como borregos por los sistemas. ¿Toda esta incertidumbre y este desperdicio astronómico de recursos por causa de la falta de decisiones oportunas desde el Estado?

Solo hay dos formas de evitar el caos que se nos viene encima.

Opción 1. Que la Corte declare, como la faculta su reglamento, Asunto de Urgencia Nacional la decisión de estas demandas para saltarse la fila y asumir el estudio de manera inmediata. De hecho, la primera demanda contra la reforma se presentó hace ya siete meses.

Opción 2. Que el Congreso de la República apruebe, con base en un acuerdo de partidos, un artículo transitorio que aplace la entrada en vigencia del sistema, de tal suerte que todas las entidades frenen los gastos en que están incurriendo y que los tiempos empiecen a correr a partir de la publicación de la Sentencia que defina sobre la constitucionalidad de la ley. Si la presentan este mes de febrero y le corren, esta ley podría estar aprobada en tres meses.

Miremos nosotros, todos los colombianos, y muy particularmente la Corte Constitucional, hasta dónde nos han llevado la irresponsabilidad y la mala fe con que los aliados del Gobierno en el Congreso se confabularon contra el país para aprobar la famosa reforma pensional.