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El urgente llamado de la JEP a proteger a 180 mil víctimas en Cauca: viven entre reclutamiento y el desplazamiento

Comunidades denunciaron la grave situación de violencia, vulnerabilidad y abandono estatal que enfrentan.

El urgente llamado de la JEP a proteger a 180 mil víctimas en Cauca: viven entre reclutamiento y el desplazamiento

El urgente llamado de la JEP a proteger a 180 mil víctimas en Cauca: viven entre reclutamiento y el desplazamiento Foto: JEP

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Más de 180.000 víctimas del conflicto armado en el norte del Cauca sufren asesinatos, reclutamiento forzado, desplazamiento y confinamiento, a pesar de las medidas cautelares emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Gobierno para evitar su exterminio físico y cultural.
A estas denuncias se suman la circulación de panfletos amenazantes; el asesinato de integrantes de los pueblos indígenas, de su guardia y de liderazgos afrocolombianos. Además, la instalación temporal de retenes ilegales; las amenazas al funcionamiento de la justicia propia y los enfrentamientos armados entre grupos ilegales o entre estos y la Fuerza Pública.
Se trata de 45 pueblos indígenas, 67 consejos comunitarios y ocho organizaciones de víctimas de 19 municipios: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, así como en Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca.
Comunidades afrocolombianas e indígenas, principales víctimas.

Comunidades afrocolombianas e indígenas, principales víctimas. Foto:JEP.

En busca de una respuesta, autoridades indígenas y afrocolombianas, acreditadas en el Caso 05 de la JEP —que investiga hechos de violencia en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca- elevaron la solicitud ante el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez en una audiencia realizada en Popayán.
“La adopción de medidas cautelares se considera urgente e impostergable, pues la situación de inseguridad de las comunidades que habitan en los municipios es cada vez más crítica en los años de vigencia del Acuerdo Final de Paz. Las medidas concretas que se adoptarán se abordarán en relación con cuatro áreas y todas han sido previamente consultadas con las organizaciones indígenas y afrocolombianas priorizadas en el Caso 05: a) seguridad personal, b) enfoque étnico, c) reclutamiento y d) otras medidas en el marco de la seguridad humana”, dijo el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez.
El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez.

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez. Foto:JEP.

El togado emitió el Auto 004 de 2025, mediante el cual decretó medidas cautelares y dictó más de 25 órdenes urgentes dirigidas a ministerios y entidades del Gobierno Nacional.
Estas órdenes pretenden activar mecanismos de protección con enfoque étnico y ofrecer respuestas estructurales a las problemáticas expuestas, que garanticen los derechos fundamentales, la seguridad y la pervivencia de estos pueblos.
En cuanto a seguridad, se le ordenó a 13 entidades estatales un plan para el municipio de Guachené.
"Estas acciones serán coordinadas con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ACIN, para garantizar protección colectiva e individual. Asimismo, se reconoce y fortalece a los sistemas de justicia propios —jurisdicción indígena y justicia afrocolombiana— como un componente esencial de seguridad, identidad y cohesión territorial".
Comunidades denunciaron la grave situación de violencia, vulnerabilidad y abandono estatal que enfrentan.

Comunidades denunciaron la grave situación de violencia, vulnerabilidad y abandono estatal. Foto:JEP.

De igual forma, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe implementar acciones encaminadas a prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
El Ministerio de Cultura desarrollará e implementará programas para la recuperación y protección cultural, que incluyen la creación de casas de cultura y el rescate de la medicina ancestral.
También se mejorará el a vivienda digna, agua potable y saneamiento básico, con proyectos específicos como “Agua es Vida” del Ministerio de Vivienda.
Por último, se ordenó a la SAE priorizar la entrega y el arriendo social de bienes rurales extintos para proyectos comunitarios, así como la adjudicación de una casa de paso para estudiantes universitarios.
Redacción Justicia

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