Primicia: alias Calarcá y sus tácticas para instrumentalizar a comunidades de Guaviare, Meta y Caquetá

Agencias de inteligencia señalan que busca reinstaurar el modelo fariano en la región. Esto se sabe.

'Iván Mordisco' a la izquierda y 'Calarcá' a la derecha, en un encuentro del Estado Mayor Central en abril de 2023. Foto: Archivo particular

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Jesús Antonio Blanquicet

PERIODISTA JUDICIAL04.06.2025 09:30 Actualizado: 04.06.2025 20:43

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La influencia creciente del grupo armado liderado por alias 'Calarcá Córdoba' en regiones clave de la Amazonía colombiana ha encendido las alarmas de las agencias de inteligencia. Este líder guerrillero, cuyo nombre real es Alexander Díaz Mendoza, nació en Mesetas, Meta, dentro de una familia estrechamente vinculada al movimiento insurgente, lo que ha facilitado su arraigo y expansión.

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‘Calarcá’, formado desde temprana edad en las juventudes comunistas y posteriormente en las filas del Frente 40 de las Farc, ha sabido capitalizar décadas de trabajo político y social realizado por la extinta guerrilla en el Meta, Caquetá y Guaviare.

Fuentes de inteligencia le revelaron a EL TIEMPO que su modelo de control territorial busca reinstaurar la denominada ‘Política Agraria Revolucionaria’ en la región, con la que no solo pretende mantener un dominio militar en la zona, sino que busca establecer un auténtico ‘paraestado’, lo que incluye imponer un modelo económico basado en actividades agrícolas y ganaderas, además del cultivo forzado de coca como fuente principal de financiamiento.

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Foto:Archivo particular

La presencia del grupo disidente liderado por 'Calarcá' se ha extendido por zonas como el Yarí y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, afectando particularmente a comunidades rurales e indígenas. “Quienes se niegan a cumplir las directrices impuestas son sometidos a duras represalias”, dijo la fuente.

Entre las acciones coercitivas figura el cobro de impuestos o multas por incumplimiento de normas impuestas por el grupo, recogidas en manuales de convivencia que circulan entre las comunidades.

“Este cobro se ejecuta a través de las Juntas de Acción Comunal, instrumentalizadas bajo presión del grupo armado. Los trabajos de inteligencia en la región dan cuenta de que ‘Calarcá’ también controla estrictamente los movimientos de la población, exigiendo permisos especiales para desplazarse, bajo la justificación de mantener el orden y la seguridad”, resaltó el informante.

Además, existe un manual bajo el título “Orientaciones para el buen vivir de las comunidades”, que fija las directrices e impone las normas que afectan desde los horarios de funcionamiento de negocios hasta el control de actividades sociales y laborales, entre ellas:

Restricciones a la venta de licor y cigarrillos: Prohibición de expendio a menores de 16 años, obligatoriedad de avisos y control de horarios. Durante la semana, los negocios podrán operar hasta las 10:00 p.m., mientras que los fines de semana el horario se amplía hasta las 2:00 a.m. Además, el volumen de música deberá ser moderado.

Multas y sanciones comunitarias: Cada caserío establecerá multas específicas para desórdenes o incumplimientos, bajo la supervisión de las asambleas comunales. Se prohíbe la presencia de “canastas” en las vías tras los eventos, y los establecimientos deben contar con bodegas para evitar acumulación de residuos.

Trabajo comunitario obligatorio: Al menos un día al mes, los habitantes de cada caserío deberán participar en jornadas de embellecimiento del entorno.

Control sobre trabajadoras sexuales: Las juntas de acción comunal serán responsables de vigilar el ejercicio de la prostitución, exigiendo carnet médico de control con una vigencia no mayor a cinco días. Se prohíben actos de exhibicionismo y desplazamiento por áreas públicas.

Panorámica de San José del Guaviare. Foto:Alcaldía de San José de Guaviare.

Un caso que puso la lupa en la estrategia de ‘Calarcá’

Uno de los ejemplos más graves de esta estrategia fue la retención de 70 policías durante 30 horas en Los Pozos, zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá. En ese episodio, guardias ambientales campesinas, instigadas por el grupo guerrillero, protagonizaron hechos violentos que terminaron con víctimas mortales.

“Estas guardias ambientales campesinas están siendo instrumentalizadas por excombatientes de las extintas Farc, y han intensificado su entrenamiento desde 2023, especialmente en zonas críticas como Cauca, Tolima, Huila, Meta y Caquetá”, destacó la fuente.

Alias Calarcá, además, según documentos de inteligencia, ha impuesto un riguroso sistema de empadronamiento a través de estas guardias, controlando los censos poblacionales y la expedición de carnets de identificación, lo que le permite regular estrictamente el flujo de personas y bienes en la región.

Una de las páginas del manual distribuido en la región. Foto:Cortesía

Pobladores de municipios como Doncello, El Paujil y Puerto Rico en Caquetá han denunciado una presión constante por parte del frente ‘Rodrigo Cadete’, dirigido por ‘Calarcá’, para imponer medidas coercitivas mediante amenazas y multas económicas.

El documento también menciona cómo el líder disidente ha promovido el desplazamiento forzado de excombatientes acogidos al proceso de paz y sus familias, que habitaban espacios territoriales, entre ellos el ubicado en Miravalle.

Las quejas sobre esta situación son pocas porque las comunidades tienen miedo. Poco a poco, aceptan el control forzado y el uso que hacen de ellos las disidencias guerrilleras como una forma de protección contra posibles represalias violentas.

Los informes de inteligencia alertan que el modelo implantado por ‘Calarcá’ representa una grave amenaza para la soberanía nacional y la seguridad pública, advirtiendo que su objetivo final es la sustitución de las instituciones estatales legítimas por estructuras ilegales que responden únicamente a sus intereses.

Redacción Justicia

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