‘No es suficiente ir a recuperar cuerpos si no se identifican’: Monzón

En sus cinco años de funciones, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha recuperado más de 600 cuerpos, entregado 167 plenamente identificados y sigue avanzando en las labores para encontrar no solo a las más de 100.000 personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado: la meta es llegar a la verdad sobre qué pasó con ellas.

Luz Marina Monzón, directora de esta Unidad, habló con EL TIEMPO sobre los avances y retos para la búsqueda, las críticas que se han hecho por el tiempo que han tomado los procesos y el impacto que tendrá en esto la denominada ‘paz total’.

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Lo más importante es que hoy Colombia cuenta con una institución que no había existido en el país pese a la magnitud de 100.000 desaparecidos durante todo el conflicto armado, una institución encargada exclusivamente de buscar a las personas y apoyar a las víctimas en esta búsqueda. Y, en segundo lugar, destaco la metodología de búsqueda bajo un enfoque humanitario y reparador.

Puede ser una percepción de volumen. Me explico: Justicia y Paz empezó su funcionamiento en el 2005-2006 y emprendió un montón de audiencias para escuchar a las víctimas, pero el balance en términos reparadores ha sido bastante deficiente porque la gente no tuvo una buena experiencia: no les dijeron la verdad, no les respondieron lo que ellos estaban preguntando y no les reconocieron o dignificaron en ese proceso.

En segundo lugar, Justicia y Paz hizo un trabajo, en el 2007 hasta hoy, de abordaje de fosas, que es distinto a entregar desaparecidos. La Fiscalía ha recolectado un poco más de 10.000 cuerpos. La UBPD no solamente ha ido detrás de las fosas o los cuerpos, que es parte de su tarea: ha trabajado de la mano de las víctimas, escuchándolas, estableciendo qué fue lo que pasó, determinando si esos cuerpos corresponden a sus seres queridos y entregándolos dignamente para que el proceso sea reparador.

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Ya cité las cifras de Justicia y Paz, donde han recuperado 10.000 cuerpos. ¿Cuántos han entregado? Esa es la pregunta.

Hemos entregado 167 cuerpos y están pendientes otros dos, plenamente identificados. Pero recuperados hay más de 600, entre 2020 y hasta la fecha. Aprendimos de la experiencia de la Fiscalía: no es suficiente ir a recuperar cuerpos. Si te esfuerzas por recuperar cuerpos y no los identificas, no logras satisfacer los derechos de las víctimas.

Si el trabajo fuera solamente recuperar cuerpos, sí está demorado; pero como no solo buscamos eso, sino darles respuesta a las familias y entregarlos, no creo que sea tan demorado.

Ellos han aportado información y también han identificado a personas que hemos entregado. La primera entrega que hizo la Unidad en el 2019, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Fiscalía, fue la entrega de un chico reclutado a los 13 años. La mamá llevaba 18 años buscándolo. Y eso se logró gracias a información entregada por ellos.

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Hay distintos tipos de colaboración. Uno de ellos es el que venimos desarrollando en Caquetá con quien se denominaba ‘Fabián Ramírez’ en la guerra. Con él empezamos a trabajar sistemáticamente entregando información. Hizo acuerdos de colaboración con el excomandante de los paramilitares alias Paquita, que también está contribuyendo con la búsqueda.

El otro escenario es el que estableció el Acuerdo de Paz, de unos mecanismos que permitieran entregar información de las personas desaparecidas. A partir de ahí, las Farc constituyeron lo que hoy se denomina la Organización Reencuentros, de la cual hemos recibido más de 600 formatos con información y algunos de ellos nos han llevado a poder tener resultados.

También hacemos reuniones tripartitas con el CICR, porque muchas de las personas que hoy nos piden que busquemos a sus seres queridos ya habían acudido a esa institución. Así que estamos triangulando información y mirando si el CICR puede agilizar la búsqueda o si nosotros nos encargamos.

Adicional, está el escenario de la JEP. Por ejemplo, el caso 01 de secuestro, en el que hemos accedido a información que nos han entregado y que nos ha permitido avanzar. Parte de la información para encontrar a los abuelos Angulo —a la señora, que es la única a la que se ha logró encontrar— salió de esa contribución en la JEP.

Por eso decía que uno de los grandes avances es que existe una entidad encargada de la coordinación de la búsqueda, esto no existía antes. En este momento aparece la Unidad y en principio parece una institución más. Pero no es así: tiene un mandato de dirigir y coordinar la búsqueda. Hay 522 personas en la Unidad responsables de la búsqueda.

Otras entidades como el Grube (Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas) de la Fiscalía tienen muy pocas personas a cargo porque esa entidad tiene un mandato distinto al de la Unidad. La Fiscalía tiene más de 100 cuerpos sin entregar.

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La Unidad ha entendido parte de su mandato como dirigir y coordinar la búsqueda. Y en el Plan Nacional de Búsqueda, que fija la ruta general, se ha incluido la necesidad de establecer un documento de política pública que organice al Estado y articule la respuesta para las víctimas.

Que esa línea que planteamos en el Plan Nacional de Búsqueda se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo y se establezca como una de las prioridades del Estado. También amarra presupuestos de todas las instituciones como prioridad.

¿En algún momento ustedes dicen ‘no hay nada que hacer’? Por ejemplo, ¿con casos de personas arrojadas a los ríos?

Esto no es algo que se pueda declinar sin haberlo explorado. ¿Qué busca un familiar cuando está buscando a su ser querido? La verdad. Porque frente a una desaparición, entras en un estado de incertidumbre: ¿lo mataron, está vivo, lo tiraron por ahí en algún lado? Esa es la angustia de un familiar. Y si a esa persona la tiraron al río, necesitan respuestas claras para entender, entonces, por qué no ha sido posible encontrarla.

Pero no en los ríos. Los ríos no necesariamente se quedan con los cuerpos. En el agua puede rodar el cuerpo y los animales pueden desmembrarlo. O puede rodar y llegar a una orilla y ser recogido por un pescador. Hay muchas cosas que pueden ocurrir en un río y no necesariamente eso quiere decir que el cuerpo esté en el río. Eso es lo que necesita un familiar: la verdad.

Las víctimas van tomando sus propias decisiones. No se conforman con que el Estado les diga: ‘ya, se acabó’, que fue lo que pasó en Justicia y Paz, que un tipo que mató, descuartizó y tiró a alguien a un río confiese en una audiencia y que luego les entreguen a la familia un certificado de defunción es considerado como un total irrespeto. Nunca se verificó nada, solo se dio por cierto lo que dijo esa persona.

Yo creo que es menos tiempo del que se imaginan porque hay otro elemento: una metodología para la búsqueda. Un proceso judicial busca uno por uno. La Unidad busca bajo una lógica de Plan Regional de Búsqueda y Plan Nacional de Búsqueda. Eso significa que no vamos a buscar uno por uno, sino a buscar la verdad respecto a casos que puedan asociarse de manera masiva. Tenemos 23 planes regionales en marcha, que cubren a 31.000 personas desaparecidas. Cuando estás buscando uno por uno y no estás buscando bajo una investigación relacional masiva, solo le puedes decir que se encontró un cuerpo y que se está mirando si se trata de su familiar. Pero las preguntas de las víctimas no acaban ahí. Quieren saber por qué terminó ahí su familiar, la verdad de lo que ocurrió, y eso no lo dice una exhumación.

Estamos justamente en Caquetá con un caso muy emblemático, debido al impacto de las acciones que dejaron las Farc: un grupo de comerciantes y conductores desaparecidos hace 20 años. Sus familiares los han buscado insistentemente y no han tenido respuesta. Sin embargo, logramos que varios excombatientes nos contaran: ‘nosotros los detuvimos, los llevamos a tal lado y este es el sitio donde pueden estar’. Pero esa zona está bajo control de disidencias.

Estamos tratando de conseguir que el alto comisionado para la Paz acuerde un corredor humanitario que nos permita ingresar con seguridad para poder explorar la zona. Norte de Santander también ha sido difícil, aunque también hemos hallado cuerpos. Y Arauca es una zona muy difícil y muy cambiante.

Hemos podido avanzar muy decididamente en el Magdalena Medio caldense y en el Magdalena Medio, tanto en toda la zona de Barrancabermeja como en Puerto Berrío.

Hasta el momento, la Unidad ha recibido información de casos en las fronteras con Venezuela y con Ecuador. Las familias y las organizaciones han entregado informes completos sobre los desaparecidos, las modalidades y las hipótesis de dónde podrían estar. De Panamá no tenemos todavía mucha información, pero sin duda esa es una zona de desaparición.

Se ha criticado el presupuesto de la Unidad, que tienen mucha plata y gastos en burocracia, ¿qué responde a eso?

Primero, la Unidad nunca ha tenido el presupuesto que ha solicitado y nunca ha tenido un presupuesto para una implementación plena. Tuvimos que organizarnos en tres años porque el Gobierno dispuso una provisión de planta progresiva en 2018, 2019 y 2020. Eso tiene impactos en la capacidad de responder y desarrollar acciones.

Empezamos a desplegar presencia territorial desde mediados del 2019. Y, además, hay familiares en el exilio que están buscando a sus seres queridos. Eso implica viajar para hacer los procesos y todo esto debe ser planificado en términos de presupuesto. No hay que olvidar que esta no es una unidad de exhumaciones. Somos un organismo de reparación, un conjunto de acciones con las familias, de lo contrario, no hay reparación.

¿Y qué pasa en Medicina Legal?

El Instituto de Medicina Legal no ha sido fortalecido a pesar de que es una obligación legal del Gobierno. Eso no lo cumplió Santos, no lo cumplió Duque, y aún está por verse en este gobierno. La Unidad está teniendo que recuperar cuerpos e ir a donde Medicina Legal nos diga porque no tienen capacidad. Eso significa plata de carros y otros gastos.

No. La Armada le entregó a la JEP un informe general, no hay detalles ni siquiera de las personas desaparecidas, ni épocas ni circunstancias. Hay organizaciones de familiares que se han fortalecido y nosotros hemos suscrito convenios con ellos para que se recolecte la información. Y en ese proceso sí hemos conseguido información de algunos militares y policías desaparecidos. Pero un trabajo sostenido con la Fuerza Pública no ha existido.

Hace unas semanas tuve la oportunidad de reunirme, por fin, con la jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, con quien acordamos justamente la entrega de información de personas desaparecidas de la Fuerza Pública.

Ninguna.

Muy regular. Me he reunido con la persona del Grube y he tenido conversaciones con ellos, pero no con la alta dirección, y eso ha obstruido el a información.

No. La Unidad tiene un mandato para buscar desaparecidos de todos los actores del conflicto armado, no solamente de las Farc. De hecho, ya lo estamos haciendo.

SAIR BUITRAGO

Editor de Justicia