En 34 regiones se hará la segunda parte del plan de búsqueda de desaparecidos

En un país que sigue sumando casos todos los años, buscar a personas que llevan hasta 74 años desaparecidas no es sencillo, pero es una deuda con las familias de las más de 100.000 personas de quienes en medio del conflicto armado se perdió su rastro. Para organizar este trabajo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) presentó la segunda parte de su Plan Nacional de Búsqueda (PNB).

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En esta entrega, de 125 páginas, la Unidad diseñó una hoja de ruta para una política pública de búsqueda con prioridades y territorios focalizados que permitan abordar registros de desaparición que datan incluso de 1948.

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El documento hace hincapié en que la priorización de estrategias y territorios no es postergar la búsqueda o excluir territorios, sino una manera de ordenar las acciones por realizar, planificar y desarrollar la búsqueda con criterios que permitan conocer hacia dónde se focalizan los esfuerzos.

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El PNB se compone de 18 prioridades divididas en cuatro ejes: información, prospección, identificación y localización; relacionamiento, y pueblos étnicos.

Dentro del primer grupo hay acciones como procesar información para llegar a un universo estimado de desaparecidos, así como articular los sistemas de información disponibles sobre estos casos.

En el segundo se detallaron acciones dirigidas, entre otros, a fortalecer las capacidades nacionales en materia de localización y búsqueda de personas presuntamente vivas, así como en la recuperación de cuerpos de desaparecidos presumiblemente fallecidos, también mejorar las capacidades de identificación de cuerpos recuperados no identificados.

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En el eje de relacionamiento, algunas prioridades son consolidar procesos de articulación interinstitucional alrededor de la búsqueda, garantizar la atención psicosocial a las personas que buscan, y tener una estrategia de participación en la búsqueda para los familiares que viven en el exterior o están exiliados. Finalmente, el eje de pueblos étnicos se centra en contar con una estrategia de búsqueda de personas de pueblos indígenas o comunidades afrocolombianas y recuperación de cuerpos en sus territorios.

De la mano de estas prioridades, el PNB establece 11 resultados estratégicos, algunos de los cuales ya se están haciendo, como establecer el universo de personas dadas por desaparecidas, también se determinó como resultado implementar el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas (RNFCIS), implementar Planes Regionales de Búsqueda, el reencuentro de personas desaparecidas halladas con vida, y la intervención de lugares de interés para la búsqueda.

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Así mismo, la recuperación de cuerpos en lugares intervenidos y su posterior identificación para proceder con la entrega digna a sus familiares; otros resultados son participación de quienes buscan en los procesos de búsqueda, la elaboración de informes periódicos de avance de la búsqueda, y elaborar una propuesta de política pública integral para la búsqueda de personas desaparecidas por el conflicto armado.

Tras analizar la información sistematizada en el país sobre las personas desaparecidas, el registro nacional de fosas, las labores de prospección de otras entidades, las solicitudes de búsqueda de familiares, y el mapeo hecho por organizaciones, el PNB estableció una serie de municipios para priorizar en el corto y mediano plazo, agrupados en subregiones.

En el corto plazo se incluyeron varios municipios en zonas de departamentos como Vichada, Meta, Cauca, Antioquia, Cesar, Magdalena, La Guajira y Nariño; en el mediano plazo hay otros municipios en departamentos como Guainía, Vaupés, Amazonas, Chocó y otras partes de Antioquia.

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La búsqueda se dividió en 34 regiones, 18 que se intervendrán en el corto plazo y 16 en el mediano plazo. En el primer grupo están: Ariari Guayabero, Magdalena Medio, piedemonte llanero, Eje Cafetero, Urabá, Valle de Aburrá, Catatumbo, Andén Pacífico Sur, altillanura, cordillera Tolima Huila, Sarare, suroeste antioqueño, Montes de María, altiplano cundiboyacense, Bogotá y Tequendama; Bajo Putumayo, Florencia y área de influencia; oriente antioqueño y Sierra Nevada de Santa Marta y Alta Guajira.

Por su lado, las regiones que se intervendrán en el mediano plazo son: Alto Sinú y San Jorge, occidente antioqueño, sur del Valle y norte del Cauca, norte de Antioquia, Área Metropolitana de Cúcuta, nordeste antioqueño, Atrato, Bajo Cauca Antioqueño, Llanos Orientales, Caguán, Amazonía Sur Oriental, Medio Putumayo, Litoral Pacífico, Alto Putumayo, norte de Córdoba y norte de Atlántico.

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Además, el Plan Nacional de Búsqueda presenta indicadores y metas para cada uno de los 11 resultados estratégicos para que se pueda hacer una valoración anual de la intervención del Estado. Por ejemplo, para el resultado ‘establecimiento del universo de personas dadas por desaparecidas’ se plantea como indicador ‘personas registradas y caracterizadas en el universo de personas dadas por desaparecidas’, y como meta que en 2030 el 46 % de personas registradas en el universo de desaparecidos estén caracterizados.

Por último, el PNB incluye un apartado sobre los recursos necesarios para la búsqueda, aclarando que el presupuesto requerido para financiar la implementación de este plan no depende exclusivamente de la UBPD sino que implica a diferentes entidades y actores estatales.

La proyección del presupuesto requerido con los recursos de inversión para implementar el plan, bajo el supuesto de un crecimiento anual del 10 por ciento, fue de $ 71.396’536.336 para 2023, $ 78.536’189.970 en 2024, para finalmente llegar en 2030 a $139.131’651.239.

Del mismo modo, la proyección del presupuesto de funcionamiento de la Unidad de Búsqueda requerido a 2024 y 2030 fue estimada en $ 93.474’524.754  y $ 111.721’833.543, respectivamente.

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En cuanto a la inversión que se requeriría de otras entidades, como la Agencia de Tierras, el Centro de Memoria Histórica, Defensoría, Fiscalía, Jurisdicción Especial para la Paz, el Ministerio de Justicia, entre otras, el Plan Nacional de Búsqueda presentó un estimado basado en lo que se apropió en 2022, que fueron $ 142.305’232.914.

El documento cierra con la recomendación de formular un documento de política pública integral para la búsqueda de desaparecidos, se sugiere que ese documento sea presentado al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y que esto ayude a reforzar los esfuerzos y los recursos para la implementación del plan con el que el país espera poder encontrar a los miles de personas a quienes desapareció el conflicto.

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@JusticiaET