'Falsos positivos': los detalles del dosier de general (r) Torres Escalante

El pasado viernes 10 de septiembre, cuando el general en retiro Henry William Torres Escalante —el primero procesado por los ‘falsos positivos'— ampliaba una de sus versiones ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y casi 50 víctimas, este tribunal dio a conocer una nueva decisión en su proceso: negarle la solicitud de libertad anticipada que elevó para salir del Cantón Norte del Ejército, donde está recluido desde el 28 de marzo de 2016, por orden de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

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El general (r), quien fue comandante de la Brigada XVI del Ejército, que opera en Casanare, cumple una medida de aseguramiento por su presunta responsabilidad en el homicidio del campesino Daniel Torres y su hijo Roque Julio, de apenas 16 años.

Ellos habían denunciado dos ejecuciones extrajudiciales de las que fueron testigos en Aguazul, Casanare, el mismo municipio donde fueron asesinados en marzo de 2007 por hombres del grupo especial Delta 6 —bajo el mando de Torres—, que los presentó como guerrilleros del Eln dados de baja en combate.

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Para la JEP, las versiones del oficial sobre esos asesinatos y, en general, sobre el fenómeno de los ‘falsos positivos’, han mantenido una postura “omisiva” en dos aspectos: no haber realizado las investigaciones disciplinarias para evitar los crímenes y no atender las denuncias de la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones que daban cuenta de las violaciones de derechos humanos cometidas por el personal que comandó.

Sin embargo, dice el tribunal, todo esto lo ha hecho “sin ofrecer información con contenido amplio y exhaustivo de verdad encaminada al esclarecimiento de los hechos y a la dignificación de las víctimas”, como se lee en una resolución de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en poder de EL TIEMPO.

De hecho, la sala le recordó a Torres que su comparecencia ante la justicia especial no es solo por los crímenes de Daniel y Roque, sino por los múltiples casos reportados durante su permanencia en la Brigada XVI en los diferentes cargos que ocupó entre los años 2003 y 2007.

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Antes de que el expediente del general llegara a la justicia transicional, la Fiscalía ya adelantaba siete investigaciones formales contra él.

Además, la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de Villavicencio del ente acusador tiene otra investigación por nueve hechos con 12 víctimas fatales en la que Torres está vinculado como coautor por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, porte ilegal de armas y concierto para delinquir.

Además, la Procuraduría tiene un proceso disciplinario en su contra por el asesinato de Cayetano Mendivelso en Tamara, Casanare, el 19 de diciembre de 2006.

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Buscando aclarar todos estos hechos, uno de los requisitos clave para que la JEP les abra la puerta a sus comparecientes es la formulación de una propuesta de verdad y reparación (pactum veritatis) en la que dejen claro lo que van a aportar.

En el caso del general, esta ha tenido que ser presentada y reformulada en al menos cuatro oportunidades entre 2019 y este año, debido a que, para las víctimas, la Procuraduría y la magistratura, no cumplen con las condiciones requeridas.

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En su primera propuesta, del 22 de julio de 2019, Torres aseguró que declararía sobre su insistencia a todo el personal de la Brigada en el logro de resultados operacionales, la insistencia de sus superiores en que la unidad militar lograra resultados, los controles ejercidos o dejados de ejercer en el pago de recompensas y gastos reservados, la entrega de beneficios o condecoraciones a sus subalternos y a él mismo por el logro de resultados, el papel de otras dependencias del Ejército y otras entidades del Estado en el suministro de información de inteligencia con la que finalmente se ordenaban las operaciones, entre otros temas.

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También dijo que ofrecería excusas públicas a las víctimas por “las muertes que le fueron ocultadas cuando fue comandante de la Brigada”, e insistió en que no aceptaría su responsabilidad por los ‘falsos positivos’.

Frente a ese plan de verdad, el abogado de las víctimas, Fernando Rodríguez Kekhan, expresó en su momento su rechazo, al considerar que “no se ajustó en lo más mínimo a las aspiraciones de quienes representa, a la verdad, reparación y garantías de no repetición”, se lee en el documento.

Desde entonces, la magistratura le ha insistido al general (r) para que ajuste su propuesta de verdad a los parámetros exigidos, y ya se han registrado modificaciones el 23 de enero de 2020, el 15 de octubre de 2020 y el 8 de enero del 2021.

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Sin embargo, según le dijo a EL TIEMPO el representante de las víctimas, Torres “asume posturas evasivas no solo en lo atinente a su responsabilidad individual, también lo hace en cuanto a la responsabilidad del Estado Mayor y del comandante del Ejército”.

Kekhan agregó que en la reciente versión del alto oficial ante la JEP, donde las víctimas esperaban “un comportamiento acorde con sus derechos”, y que esto no ocurrió.

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“Su estrategia continúa siendo la de negar toda responsabilidad diferente a aceptar que incurrió en omisiones de control posterior. Se le trasladaron más de 100 versiones de similar número de militares que lo involucran directa o indirectamente en las prácticas sistemáticas de las ejecuciones extrajudiciales y sin embargo sus respuestas no se compaginan con la realidad probatoria que le acecha”, dijo el abogado.

Y adelantó que se evalúa la posibilidad de solicitarle a la JEP que excluya al general. “Las víctimas rechazan su actitud de presentarse como otra víctima. No creen en sus manifestaciones ni solicitudes de perdón”, dijo.

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Los informes y testimonios que ha recibido la JEP señalan que durante la comandancia de Torres Escalante se presentaron 171 hechos reportados de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 250 víctimas en la Brigada XVI. Y, aunque el general ha aceptado que hubo una constante exigencia de resultados, aseguró que dichas muertes “nunca fueron ordenadas para simular bajas en combate”.

No obstante esta actitud, en los ajustes a su plan de verdad y sus versiones el general ha hecho alusiones al fenómeno de los ‘falsos positivos’, muchas de las cuales van en consonancia con lo que ha determinado la JEP en sus primeras imputaciones del caso 03, que investiga estas ejecuciones extrajudiciales.

Por ejemplo, Torres Escalante habló de las presiones de los superiores para incrementar resultados, aunque dijo que nunca recibió una orden para cometer delitos.

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“Especificó que para el año 2006 el comandante del Ejército, para ese entonces general Mario Montoya, presionaba por resultados a través de sus programas radiales y en documentos escritos, donde felicitaba a las unidades que los obtenían y llamaba la atención de aquellas que no”, resalta la resolución de la Sala de Definición.

Incluso, Torres mencionó una reunión de comandantes en la que se hizo entrega “de un documento en donde le asignó un número de muertos en combate, capturas y desmovilizaciones a cumplir durante el año y anotó que durante las reuniones que dirigía el señor presidente de la República de la época (Álvaro Uribe) en los consejos comunales que acostumbraba realizar, exigía al comandante de la brigada y de Policía Nacional incrementar los resultados operacionales por el alto grado de delincuencia e inseguridad que existía en la jurisdicción”.

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En la información contrastada por la JEP hay evidencia de una presunta contradicción en los testimonios entregados por el general a la justicia ordinaria y a la transicional frente a los asesinatos de Daniel Torres y su hijo.

En una diligencia de versión libre rendida ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia el 3 de septiembre de 2015, el general en retiro negó tener mando del grupo Delta 6 —que cometió el crimen de padre e hijo—, pues afirmó que esa unidad dependía operacional y istrativamente del comandante del Batallón de Contraguerrillas n.° 65.

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Al contrario de eso, en uno de los ajustes a su plan de verdad ante la JEP, “precisó que el Grupo Especial Delta 6 dependía de él en su condición de comandante de la Brigada XVI. Aceptó poseer facultades de mando operacional sobre el grupo”, se lee en el documento conocido por este diario.

Un caso similar tiene que ver con el planeamiento de las operaciones. Ante la justicia ordinaria, Torres Escalante declaró: “Yo no planeé la operación, yo no sé cómo la planearon, no sé qué dijeron, si va un grupo pequeño adelante, no sé cómo planearon la operación”.

Pero el 23 de enero de 2020, en su ajuste de pactus veritatis escribió: “Autoricé el planeamiento de la operación (…) al señor teniente García, quien era el comandante de Delta 6, que se encontraba disponible en la Brigada, para que iniciara con la

operación, con las instrucciones claras de la misión que tenía que cumplir, en esta orden quiero aclarar que en ningún momento se determinó como objetivo a los señores Torres, ni mucho menos asesinarlos”.

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En el documento de 94 páginas en el que la JEP, entre otras cosas, rechaza la solicitud de libertad del general (r), también le hace un llamado a robustecer sus aportes de verdad.

“La manifestación de aceptación de responsabilidad por omisión, hasta el momento, se vislumbra excluyente de contenido de verdad amplio y universal frente a la conducta de sus subalternos relacionada con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate relativas al conflicto armado, de las cuales se esperaría que tenga conocimiento, y pueda aportar información que permita esclarecer los fenómenos de macrocriminalidad y victimización que pudieron ocurrir”, dijo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

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Y agregó que Torres Escalante, “alegando circunstancias exculpatorias, como la buena fe, manifestó reconocer alguna responsabilidad por omisión en este sentido, pero no en todos los casos”.

Así las cosas, la sala concluyó que “la propuesta de verdad plena no reúne la exigencia de ser un verdadero pactum veritatis” y le negó al alto oficial la libertad.

Esa determinación se tomó a pesar de que próximamente el general cumplirá cinco años de reclusión física, con lo que satisfará uno de los cuatro requisitos para concederle el beneficio de la libertad.

En Twitter: @julianrios_m

Redacción Justicia

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