El expediente por sobornos que hizo renunciar a un congresista

El 25 de septiembre de 2019, un despacho fiscal de Bucaramanga compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de un interrogatorio que dio Lenín Pardo, esposo de la exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander, Claudia Toledo, que involucraba tanto al exmandatario departamental Richard Aguilar como al exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant) Edwin Ballesteros en un entramado de corrupción para direccionar contratos a cambio de millonarias coimas.

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Con ese testimonio, la Corte –que ya investigaba al entonces senador Richard Aguilar– ordenó el 27 de noviembre de 2019 abrir un proceso aparte contra Ballesteros por presuntos delitos contra la istración pública, caso por el cual, tras recopilar múltiples evidencias y testimonios, le abrió una investigación formal el pasado 21 de junio de 2021, apenas meses después de que sucediera lo mismo con Aguilar.

El exgobernador fue capturado el 27 de julio siguiente en Bogotá por presuntas irregularidades en tres contratos de obras de 2014 y uno de 2015 para el reforzamiento del estadio en la villa olímpica de Bucaramanga. Ballesteros, quien antes de llegar a la gerencia de la Esant en noviembre de 2013 fue asesor del despacho del gobernador Aguilar, es investigado por haber hecho un acuerdo previo con su jefe político para adjudicarle la construcción de los acueductos de Chiapatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de 600 millones de pesos por “comisiones”.

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No obstante, ante la renuncia al cargo de Ballesteros a comienzos de 2016, dice el expediente, dicha adjudicación no se pudo concretar, por lo que Reyes Sarmiento reclamó –sin éxito– la devolución de ese dinero. Ese episodio se encuentra igualmente en la decisión de 202 páginas de la Sala de Instrucción que ordenó la captura de Aguilar. Lenín Pardo, testigo estrella de este caso y quien llegó con la Fiscalía a un principio de oportunidad que le representará beneficios a cambio de testimonios, relató:

“Octavio Reyes le dice a Julián Jaramillo, que necesitaba que lo ara con Richard Aguilar o que a través de alguno de nosotros, le lleváramos la razón de que le devolviera los 600 millones de pesos que le había hecho llegar a través de su amigo Edwin Ballesteros, que necesitaba recuperarlo, en vista de que no le habían cumplido con las promesas que le habían hecho a cambio de ese compromiso económico. Es ahí cuando me entero que él en el año 2015 se había entregado a Ballesteros”, dijo el testigo.

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El expediente de Ballesteros en la Corte, en poder de EL TIEMPO, señala que este también es investigado por el trámite de tres contratos. Primero, por el contrato de consultoría 157 de 2014 entre la Esant e Ingream S. A. S., representada por Reyes Sarmiento, suscrito en diciembre de 2014 por 1.188 millones de pesos, para la rehabilitación y mantenimiento del alcantarillado afectado en el sector El Casino y las filtraciones de los demás tramos del municipio de Sucre.

Igualmente, está el contrato de obra 068 de 2015 celebrado con la Unión Temporal Enciso Potable, también representada por Reyes Sarmiento, suscrito el 23 de febrero de 2015 por 472 millones de pesos para la ejecución de una planta compacta para la potabilización de agua en el municipio de Enciso. Esa unión temporal estaba integrada por Ingream y por Kathosa Ltda, cuyo representante legal era Andrés Mauricio Díaz Herrera.

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Y el contrato de obra 287 de 2015, celebrado el 4 de diciembre de 2015 entre la Esant y la Unión Temporal Acueducto Landázuri, por 4.346 millones de pesos para la construcción precisamente de ese acueducto en ese municipio. Dicha unión temporal la conformaban Proyectos de Ingeniera Civil e Industrial de Colombia S.A.S, Ingecol S.A., y Ciaming LTDA del hoy testigo Lenin Darío Pardo.

Un informe técnico y topográfico de Policía Judicial practicado el 8 de marzo de 2021 por orden de la Corte evidenció que dicha obra está suspendida, en estado de abandono y no se halla en funcionamiento ante la falta de ejecución de “las actividades de los ítems de Bocatoma, Desarenador, Pasos elevados, Tanque Vereda Gualilo, Tanque Jordán Alto, Tanque Jordán Bajo y culminación de obras de conducción”. Lo anterior, a pesar de la unión temporal recibió un anticipo del 40 por ciento del valor del contrato por 1.738 millones de pesos.

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Para lograr las adjudicaciones de los dos primeros, se habría pactado el pago de comisiones del 16 por ciento del valor total, en reuniones celebradas en la Esant, según dijo Andrés Díaz Herrera. Y para el tercer contrato, la coima pactada habría sido del 15 por ciento según dijo Lenin Pardo. Según su testimonio, esto solo se cumplió de forma parcial el 3 de septiembre de 2015 se pagaron solo 100 millones de pesos.

Pardo dijo que Ballesteros fue quien lo buscó en julio de 2015 porque supuestamente Aguilar quería entregarle contrato de acueducto y dijo que, al no contar con la experiencia para lograr la adjudicación, se armó la Unión Temporal. También dijo el testigo que solo entregó los 100 millones porque no tenía como conseguir la coima de otro contrato, el 766 de 2015 relacionado con la construcción de los escenarios deportivos del Estadio de Bucaramanga que enreda a Aguilar.

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Así quedó evidenciado en una conversación de WhatsApp que hace parte del expediente, en la que Ballesteros habla de si se pueden “convocar unas 150 (personas) y Pardo contesta: “no creo alcanzar. Nos toca con 100”. Pardo dijo a la justicia que ahí se estaba hablando de “la suma de dinero que la iba a entregar como producto de una parte de la coima que estaba exigiendo”.

Igualmente, entre los testimonios está el de Díaz Herrera quien asegura que Octavio Reyes Sarmiento le confesó que había sacado 2 mil millones de pesos para la compra de unos contratos que le iban a ser adjudicados en 2015 en la Esant, supuestamente, a través de Ballesteros.

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El despacho del magistrado Héctor Alarcón de la Sala de Instrucción hizo una inspección en la Esant, obtuvo los chats de los celulares de dos testigos e hizo una inspección al proceso que se adelanta en la Fiscalía por estos hechos, para abrirle una investigación formal a Ballesteros por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho propio el pasado 21 de junio de 2021.

El 17 de agosto, Ballesteros le confirió poder como abogado al exfiscal Eduardo Montealegre y la Corte programó la indagatoria para el 23 de agosto y la aplazó para el 6 de septiembre a petición de su defensa. La diligencia arrancó ante el despacho del magistrado Héctor Alarcón ese día y y siguió el día siguiente.

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El segundo día, la defensa le solicitó a la Corte “un plazo razonable” para poder buscar y aportar a la Corte una documentación técnica, asunto que no fue concedido por el alto tribunal. Ante ello, Ballesteros guardó silencio sobre las últimas preguntas que la Corte le hizo, la indagatoria terminó. Y Montealegre renunció como abogado por una supuesta arbitrariedad.

Al día siguiente, en medio de lágrimas y asegurando que la Corte supuestamente le vulneró su derecho a la defensa, Ballesteros presentó su renuncia al Congreso, la cual fue aceptada ese mismo día.

Ballesteros, quien había dicho a la radio que no iba a renunciar, dijo al Congreso al momento de hacerlo que es inocente: “quiero reiterarle a esta plenaria que nunca he cometido un acto violatorio de la ley y, por el contrario, he estado presto a atender todos y cada uno de los llamados de la justicia colombiana. Haré todo lo posible por demostrarle a quienes pusieron su voto de confianza en mí que no se equivocaron”.

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