Ricardo Roa, del poder al escándalo: las investigaciones que lo tienen al borde de su salida en Ecopetrol

Lo que comenzó como una gestión técnica al frente de la mayor empresa estatal del país, hoy se ha convertido en un complejo escenario judicial y político. Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, enfrenta un creciente cerco institucional por su rol en la financiación electoral de 2022 y por investigaciones internas dentro de la petrolera. 

El primer golpe llegó desde la Procuraduría General de la Nación. En un concepto de 80 páginas dirigido al Consejo Nacional Electoral (CNE), el procurador delegado Bladimir Cuadro recomendó sanciones contra Roa y otros tres del equipo financiero de campaña. El documento concluye que existieron ocultamientos y omisiones graves que desbordan los límites legales establecidos para el manejo de recursos en campañas electorales. 

Según el informe, hay razones de peso para investigar si se superaron los topes electorales permitidos por ley. Las responsabilidades apuntan a Ricardo Roa como gerente, a la tesorera Aydee Mogollón, y a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. El Ministerio Público sostiene que, en al menos dos de los nueve cargos evaluados, Roa tendría responsabilidad directa, lo que podría derivar en sanciones istrativas y políticas.

La situación ya empieza a impactar internamente en Ecopetrol. Según lo revelado anteriormente por EL TIEMPO, durante una reciente junta directiva, Roa habría reconocido su complicada situación. En una breve intervención de 15 minutos, habló de su papel en la campaña y mencionó por primera vez la posibilidad de dejar la presidencia de la compañía. Aunque evitó detalles, dejó claro que los rumores sobre un posible relevo no son infundados.

Las versiones más fuertes apuntan a que Roa sería trasladado al Ministerio de Minas y Energía, en reemplazo de Edwin Palma, quien asumiría la presidencia de Ecopetrol. La movida sería una salida política para desactivar la creciente presión, pero también refleja la incomodidad que el tema está generando dentro del Gobierno.

Sin embargo, la posible llegada de Palma a Ecopetrol ha sido cuestionada, debido a que tendría que pasar por un análisis jurídico que determine si está o no habilitado para el cargo, teniendo en cuenta que podría tener un impedimento disciplinario. Dado que solo podría asumir si ha pasado un año o más de haber dejado el cargo como Ministro, como lo señala la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario).

Como si el frente judicial no bastara, este diario también reveló que la junta directiva de Ecopetrol contrató a la firma estadounidense Covington & Burling LLP por un valor de 5,8 millones de dólares, para investigar temas sensibles relacionados con la istración de Roa. Esta firma, con sede en el edificio del New York Times en Manhattan, es reconocida por su experiencia en casos de cuello blanco.

Internamente, la contratación fue bautizada como ‘Operación Casita’, y tuvo como objeto oficial “asesorar a la junta sobre ciertas políticas y procesos y discusiones con autoridades estadounidenses”. Sin embargo, fuentes citadas por este medio, en su momento, aseguraron que el verdadero objetivo es investigar las relaciones, contratos y comunicaciones de Roa, especialmente en lo referente a sus vínculos previos a su llegada a la presidencia de la petrolera.

Los auditores realizaron más de 35 entrevistas a ejecutivos de alto nivel, accedieron a correos electrónicos, pantallazos de conversaciones y documentos internos. Aunque los resultados de esta investigación no se han hecho públicos, el contrato con Covington & Burling está regido por estrictas cláusulas de confidencialidad, lo que ha aumentado la especulación dentro y fuera de la compañía.

El hecho de que una firma estadounidense esté liderando la auditoría no es menor. Ecopetrol cotiza en la bolsa de Nueva York, y cualquier indicio de irregularidad istrativa puede activar mecanismos legales en EE. UU., incluidas investigaciones por parte de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos), o demandas colectivas de accionistas. La junta busca anticiparse a esos escenarios con una defensa técnica documentada.

Mientras tanto, los resultados financieros de Ecopetrol no ayudan. La compañía viene registrando pérdidas consecutivas que han debilitado su posición en el mercado. A esto se suman cuestionamientos sobre el rumbo estratégico de la empresa bajo la dirección de Roa, especialmente en materia de transición energética y gobernanza corporativa.

Más allá del componente judicial, el caso plantea una crisis de confianza en la conducción de una empresa estratégica para el país. La posibilidad de que Roa pase al gabinete podría leerse como un reacomodo político, pero también como una manera de protegerlo temporalmente del escándalo mientras avanza el proceso en el CNE.

El desenlace del caso Roa dependerá del avance de las investigaciones, tanto de la Procuraduría como del CNE, y de los resultados de la auditoría internacional. Mientras tanto, la presión sobre la junta crece, y cada día que pasa sin una decisión definitiva amplía la grieta entre lo técnico, lo político y lo legal.