Crisis de medicamentos: ¿tiene futuro la denuncia penal a funcionarios de Audifarma que ordenó el Presidente?

Con las filas de pacientes represadas en los dispensarios, el discurso del presidente Gustavo Petro ha fijado como blanco a las EPS y farmacias como Audifarma, que, según el mandatario, han “acaparado” medicamentos vitales. Durante el consejo de ministros del pasado 25 de marzo, el jefe de Estado le pidió a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, que denuncie a los funcionarios que habrían participado en el acopio.

“Va a ser la respuesta a este insulto que está haciendo Audifarma, que ya sabemos son los responsables de la mayor parte de las quejas de Colombia por el acaparamiento de las medicinas que, está demostrado, acapararon. Y yo quiero, ministra (Ángela María Buitrago), haga las denuncias que correspondan de tipo penal. Porque aquí hay funcionarios que saben que hay crímenes. Y esperamos que a través de usted se radique la denuncia en la Fiscalía”, dijo el Presidente.

Desde el lado de las farmacias aseguran que no han recibido los pagos de las EPS y, de allí, los problemas y las demoras en la entrega, que han desatado una ola de quejas por el riesgo a la vida en el que están acorralados cientos de pacientes.

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“Al operar con una bodega centralizada es completamente normal que algunos medicamentos se encuentren en proceso de recepción o despacho y, por lo tanto, no tengan existencias en determinadas farmacias en un momento dado (…) esta situación se ve agravada por la cartera pendiente con los gestores farmacéuticos que asciende actualmente a 4 billones de pesos”, le contestaron al Presidente.

En medio de este tire y afloje, plantear una denuncia de tipo penal a ciertos funcionarios dividió las opiniones. Para el exfiscal Francisco Barbosa, la orden del Presidente a la ministra Buitrago sería prematura.

“El acaparamiento debe partir de la base de un dolo. El dolo en ese delito se da cuando los dispensarios conocen que los hechos constituyen una infracción penal y quiere que se realicen. En este caso no se ha comprobado nada porque primero deben surtirse unos trámites”, dijo Barbosa.

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El proceso parte de una serie de intervenciones que solicitó el mandatario, a través de la Superintendencia de Salud, a los dispensarios. Estas visitas se agendaron luego de la controversia que desató la directriz presidencial de “allanar” estas oficinas, un término que encendió las alarmas en diferentes sectores ante una supuesta extralimitación de sus funciones y que, incluso, salió a rebatir la fiscal general Luz Adriana Camargo, como una competencia exclusiva de su rama.

Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, “a la entidad que le corresponde tanto la fiscalización como la sanción de los prestadores, si es verdad que existe ese tipo de acaparamiento no es a la Ministra, sino a la Superintendencia de Salud, que tiene las capacidades istrativas para trasladar los procesos”.

La conducta que aduce el Presidente puede estar inmersa en el tipo penal de acaparamiento, que se configura a quien “acapare o sustraiga del comercio un artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad”. Por este delito querellable se contemplan penas de hasta 48 meses de cárcel y una multa de hasta 300 millones de pesos.

No obstante estar consignado el delito como tal, para el exministro de Justicia Wilson Ruiz “el Presidente no tiene fundamento jurídico para denunciar a los funcionarios.

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“En este caso, no hay una tipificación concreta que permita encuadrar esa conducta como delito, especialmente cuando se ha demostrado que la falta de entrega de medicamentos obedece a la falta de pago por parte de las EPS y no a una voluntad de retención injustificada por parte de los dispensarios. Además, el mandatario omite un punto clave, su propio deber de supervisión y control a través de la Superintendencia Nacional de Salud”, aseguró el exfuncionario. 

Precisamente, la ‘Super’ tiene la obligación de ejercer inspección, vigilancia y control sobre las EPS para garantizar que cumplan con sus compromisos financieros y operativos con los dispensarios.

“Si las EPS no han pagado a los dispensarios, la responsabilidad recae en el gobierno, que no ha actuado de manera oportuna para prevenir esta crisis en la cadena de suministro de medicamentos”, insiste el exministro.

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción justicia