Las investigaciones del equipo de Iván Velásquez y Luz A. Camargo en Guatemala por las que hoy piden su captura

Durante más de cinco años, Iván Velásquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón estuvieron al frente de investigaciones que sacudieron las estructuras del poder político y económico en Guatemala.

Desde la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), un organismo creado por las Naciones Unidas en 2007, lideraron una ofensiva judicial que dejó tras las rejas a expresidentes, ministros, diputados, empresarios y militares de alto rango.

La gestión de Iván Velásquez al frente de la CICIG terminó envuelta en una fuerte confrontación con el gobierno de Guatemala. En 2017, el entonces presidente Jimmy Morales intentó expulsarlo del país, tras haber sido señalado por la comisión por presunto financiamiento electoral ilícito.

La Corte de Constitucionalidad detuvo la medida, pero el pulso continuó. En 2018, Morales le prohibió el reingreso a Guatemala mientras estaba de viaje y anunció que no renovaría el mandato del organismo, que cerró en 2019.

Velásquez, exministro de Defensa y designado embajador de Colombia en el Vaticano, fue el comisionado de la CICIG entre 2013 y 2019. Camargo, actual fiscal general de Colombia, dirigió entre 2014 y 2017 el área de investigación y litigio estratégico de la comisión.

Bajo su dirección, se abrieron expedientes emblemáticos como el caso La Línea, que derivó en la renuncia y condena del expresidente Otto Pérez Molina, y se impulsaron las pesquisas sobre los sobornos de la constructora Odebrecht. La alianza entre la CICIG y la Fiscalía guatemalteca, entonces dirigida por Thelma Aldana, fue reconocida internacionalmente como un modelo de lucha contra la corrupción y la captura del Estado.

Esa misma labor es la que hoy los tiene en la mira del Ministerio Público de Guatemala.

El pasado 2 de junio, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, anunció que la Sala Tercera de Apelaciones autorizó órdenes de captura internacionales contra Velásquez y Camargo por su presunta participación en una “estructura criminal” que, según la Fiscalía, favoreció ilegalmente a Odebrecht en la firma de acuerdos judiciales que habrían causado pérdidas millonarias al Estado guatemalteco. Se les acusa de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.

Según Curruchiche, ambos habrían negociado con directivos de la multinacional brasileña convenios de colaboración con la justicia guatemalteca sin autorización legal y con el propósito de beneficiar a la empresa. Como base de la acusación, el fiscal presentó audios, correos electrónicos, 15 declaraciones y la versión de un testigo protegido conocido como “testigo A”.

Esta no es la primera vez que anuncia cargos contra Iván Velásquez. Ya en enero de 2023 había revelado una investigación similar contra el excomisionado, sin que llegara a concretarse una orden judicial.

En esa ocasión, la ONU recordó que los funcionarios internacionales de la CICIG conservan inmunidad incluso después de dejar sus cargos, conforme al acuerdo que dio origen a la comisión.

La Cancillería colombiana, en cabeza de Laura Sarabia, calificó la medida como “carente de sustento jurídico” y aseguró que se trata de una acción que “vulnera el principio de legalidad y tergiversa la cooperación judicial internacional”.

El trasfondo de esta batalla judicial es la fractura institucional que vivió Guatemala tras la salida de la CICIG. El gobierno de Jimmy Morales, quien fue investigado por financiamiento electoral ilícito, se encargó de cerrar el organismo en 2019.

Desde entonces, decenas de exfiscales, jueces y defensores de derechos humanos han sido procesados, exiliados o encarcelados. La Fiscalía ha revertido varios de los casos más emblemáticos y ha señalado a antiguos funcionarios internacionales como responsables de acuerdos “ilegales” y montajes judiciales.

En medio de esa ofensiva judicial, la figura de Iván Velásquez se convirtió en blanco principal. Fue él quien encabezó la investigación que llevó a prisión a Otto Pérez Molina y quien abrió expedientes contra tres expresidentes más: Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Jimmy Morales. Luz Adriana Camargo, su mano derecha en la CICIG, tuvo un rol clave en la formulación de cargos y la coordinación de los equipos de investigación.