En 2025 se ha registrado, en promedio, un ataque cada semana contra oleoductos en el país

Una nueva emergencia ambiental sacudió a Arauca, a finales de la semana pasada, tras un atentado del Ejército de Liberación Nacional (Eln) contra el oleoducto Bicentenario en la zona rural del municipio de Fortul. La acción terrorista provocó un derrame de crudo sobre el río Caranal, generando una grave crisis ecológica.

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El comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, rechazó de manera categórica el ataque y responsabilizó al grupo armado ilegal por el daño ambiental. “El GAO cometió un crimen atroz contra la vida, las comunidades y la naturaleza, provocando un derrame que contaminó el río Caranal, causando un daño ambiental devastador”, aseguró el oficial a través de su cuenta en X.

Este nuevo ataque se suma a un preocupante incremento de atentados a la infraestructura petrolera del país. Según cifras de Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, en lo corrido del año se han registrado 19 atentados contra este tipo de infraestructura petrolera, de las cuales 14 han sido contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y 5 contra el Bicentenario. Esta información contrasta con los números entregados a finales de agosto de 2024 por la misma empresa, que daba cuentas de 6 ataques contra el Limón-Coveñas y 2 contra el Bicentenario.

Lo anterior indica que este año –desde el 1.º de enero y hasta el pasado 30 de mayo– se registró, en promedio, un ataque cada semana a este tipo de infraestructuras.

Las cifras, que contrastan con las del Ministerio de Defensa, indican que entre enero y abril de este año se han registrado 13 eventos de este tipo, frente a los tres casos documentados en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un aumento del 300 por ciento. Aunque el pico más alto de la última década se dio en 2018, con 52 ataques, le sigue el periodo entre enero y abril de 2019, cuando se reportaron 25 casos.

Los datos de Mindefensa reportan que de los 13 eventos registrados este año, 11 ocurrieron en Arauca, siendo Saravena el municipio más afectado, y los otros dos ataques se presentaron en Norte de Santander y otro en Santander.

Al poner la lupa en los últimos 9 meses (agosto de 2024 a abril de 2025), después del cese del fuego entre el Gobierno y la guerrilla del Eln, se han registrado 53 ataques a este tipo de infraestructura petrolera.

Esta escalada terrorista amenaza el suministro de gas y combustible para miles de personas en el nororiente del país y vuelve a poner al delicado ecosistema de la región en la mira de ese grupo guerrillero, que desde comienzos de la década de los 80 empezó a utilizar los atentados contra la infraestructura como presión para el pago de ‘vacunas’ a empresas del sector.

Analistas sostienen que el Eln se ha consolidado como el principal agresor de la infraestructura energética en Colombia durante el 2025; en razón de ello, el Ejército ha desplegado esfuerzos para garantizar la seguridad y reparar las afectaciones en zonas críticas de Norte de Santander y Arauca, este último el departamento más afectado por las acciones del grupo armado.

Además de los atentados a oleoductos, las tropas han desmantelado este año siete piscinas ilegales destinadas a la recolección de crudo, nueve válvulas clandestinas y tres refinerías ilegales utilizadas para el procesamiento del llamado “pategrillo”, una especie de combustible artesanal que es mezclado con el alcaloide.

Expertos en conflicto consultados por EL TIEMPO señalan que estos atentados son leídos como diferentes mensajes que envía el grupo armado al Gobierno y al sector empresarial de la zona.

Para Elizabeth Dickinson, analista sénior para Colombia de International Crisis Group, los ataques al oleoducto han sido una táctica histórica del Eln para presionar al Gobierno y extorsionar al sector privado. “Durante el cese del fuego, que duró un año, estos ataques se redujeron considerablemente debido a los protocolos de paz. Sin embargo, tras la ruptura del cese se reanudaron rápidamente”.

La experta identifica otro componente importante relacionado con el robo de petróleo, ya que este se presenta como un rol importante en el portafolio económico del grupo del Eln. “Por ejemplo, en Catatumbo, el oleoducto y el robo de combustible son fundamentales para las finanzas de la organización. En esa zona, el robo de combustible es rentable porque el combustible sale casi a la calidad de venta, lo que facilita su uso para la refinación de la coca, o también para vender a los mismos campesinos o al otro lado de la frontera”.

Luis Fernando Trejo –director del centro de pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte de Barranquilla– coincide con Dickinson en que el final del cese del fuego y el congelamiento de la mesa con el Eln “ha influido directamente en el aumento de los ataques contra la infraestructura petrolera”; en este sentido, considera que la perspectiva de que disminuyan los ataques “no es buena” en la medida en que no cesarán por acción institucional, sino por el hecho de que las empresas petroleras le paguen extorsiones al Eln.

EL TIEMPO consultó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre la escalada de ataques cometidos contra estas infraestructuras y señaló que, hasta la fecha, su cartera tiene registrados 18 ataques. Además habló de la solución para detener estos ataques y envió un mensaje a las poblaciones afectadas.

El aumento reciente de estos ataques se debe al desespero del cartel del Eln, en su afán de intentar demostrar poder ilegal a través del terrorismo, una práctica en la que estos criminales tienen experiencia. La semana pasada me reuní con el ministro de Minas y Energía para reforzar y fortalecer la estrategia conjunta que nos permita prevenir y anticipar estos atentados, proteger la infraestructura energética y capturar a los responsables.

En 2024 se registraron 41 atentados; este año van 18. La meta es clara: cero ataques. Cada atentado que evitamos significa menos contaminación, menos riesgos para las comunidades y más tranquilidad e inversión para el país. Sabemos que estos grupos actúan vestidos de civil para tratar de pasar desapercibidos. Eso hace difícil capturarlos, pero no imposible llevarlos a la justicia. Por eso, el llamado a la ciudadanía es clave: la información oportuna puede salvar vidas y evitar desastres ambientales.

Desde el Ministerio de Defensa, y con el trabajo de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, seguiremos actuando con firmeza para proteger al país y su riqueza natural. Estamos protegiendo el presente ambiental y el futuro energético de Colombia. No vamos a parar para proteger a Colombia. Ojalá el Eln reconozca más pronto que tarde, que este accionar le hace daño a la gente más vulnerable, al medioambiente y al país.

Redacción Justicia