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Suspenden por tres meses al alcalde de Montelíbano (Córdoba) por presunta participación en política

Habría promovido su movimiento político, ligado a su hijo Andrés Calle, hoy capturado por escándalo de UNGRD.

Alcalde de Montelíbano, Gabriel Alberto Calle y su hijo, Andrés calle. Foto: Cortesía

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Leidys Rivero Martínez

SUBEDITORA04.06.2025 08:40 Actualizado: 04.06.2025 08:40

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La Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión provisional por tres meses del alcalde de Montelíbano (Córdoba), Gabriel Alberto Calle Demoya, al considerar que incurrió presuntamente en participación indebida en política al utilizar un evento público para promover su movimiento con fines electorales.

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La decisión del Ministerio Público se dio tras conocerse un video en el que se ve al mandatario dirigiéndose a la ciudadanía desde una tarima, donde habría exhortado a lograr al menos tres curules en el Congreso de la República para el movimiento político al que pertenece. Para la Procuraduría, esa conducta podría constituir una falta disciplinaria por violación del principio de imparcialidad al que están obligados todos los servidores públicos, especialmente los de elección popular.

El alcalde Calle Demoya habría aprovechado su investidura y una tarima oficial para hacer proselitismo a favor de un proyecto político particular, lo que podría vulnerar las normas constitucionales que regulan la función pública

pROCURADURÍA gENERAL DE LA nACIÓN

Relación con el escándalo de la UNGRD

El caso adquiere mayor relevancia al tener en cuenta que Gabriel Calle Demoya es el padre del representante a la Cámara Andrés Calle, capturado el pasado mes de mayo por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, Andrés Calle habría recibido mil millones de pesos en sobornos para direccionar contratos de la entidad, en lo que se ha conocido como uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, que involucra a altos funcionarios del gobierno nacional, excongresistas y empresarios.

Aunque la Procuraduría aclara que la suspensión del alcalde obedece exclusivamente a hechos relacionados con presunta participación en política, el contexto familiar y político del funcionario ha generado cuestionamientos sobre el poder que ostenta su grupo en la región y su posible injerencia en decisiones del orden nacional.

Inicio de investigación disciplinaria

Además de la suspensión provisional, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria formal contra Calle Demoya con el fin de determinar si efectivamente incurrió en una conducta sancionable al utilizar su posición como alcalde para promover intereses electorales, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución y las leyes colombianas.

“El órgano de control busca establecer si las declaraciones y actuaciones del mandatario municipal vulneran el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como el deber de neutralidad política exigido a los servidores públicos”, precisó la Procuraduría.

Como parte del proceso disciplinario, se ordenó la práctica de pruebas que permitan esclarecer los hechos, entre ellas la recolección de registros audiovisuales del evento en el que supuestamente se produjo la intervención política, así como declaraciones de testigos y funcionarios presentes ese día.

Un llamado al respeto de la institucionalidad

Alcalde de Montelíbano, Gabriel Alberto Calle. Foto:Cortesía

Expertos en derecho istrativo consultados coinciden en que la sanción provisional no prejuzga sobre la responsabilidad definitiva del alcalde, pero sí busca evitar que se repitan conductas similares mientras se surte la investigación. “La medida cautelar tiene un propósito preventivo. El alcalde continúa vinculado al proceso y podrá ejercer su derecho a la defensa”, explicó un exprocurador delegado.

Mientras tanto, la istración municipal de Montelíbano deberá quedar a cargo del funcionario que designe el gobernador de Córdoba, en calidad de encargado, mientras se resuelve de fondo la situación disciplinaria del titular.

Este nuevo episodio vuelve a poner en la lupa las relaciones entre los liderazgos regionales y los escándalos de corrupción que sacuden a varias instituciones del país, especialmente en zonas donde los clanes familiares han mantenido un fuerte control político durante décadas. La decisión de la Procuraduría será clave para sentar un precedente frente al uso indebido del poder político y electoral desde los cargos públicos.