Puerto Colombia refuerza controles tras masacre en fiesta electrónica: nuevas medidas contra rumbas clandestinas

Puerto Colombia, municipio del área metropolitana de Barranquilla, enfrenta una nueva crisis de seguridad tras la masacre ocurrida este lunes festivo durante una fiesta electrónica en la finca conocida como Eco House Villa de Olvega, donde sicarios acabaron con la vida de tres personas y dejaron nueve heridos. 

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El hecho ha provocado una fuerte reacción de las autoridades, que anunciaron un endurecimiento de los controles sobre las llamadas “fiestas clandestinas” que se vienen realizando sin permisos ni vigilancia oficial.

La fiesta, convocada a través de redes sociales, no contaba con autorización alguna del municipio, según confirmó la Oficina de Seguridad de Puerto Colombia. 

“Fue una convocatoria informal, sin registro ni notificación a ninguna instancia oficial”, afirmó Saúl Leiva, jefe de dicha dependencia, al tiempo que alertó sobre una nueva convocatoria para un evento similar, programado para el próximo 14 de junio.

Ante la gravedad de la situación, este martes se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad en el que participaron autoridades locales, departamentales y fuerzas del orden. “Estamos verificando cómo se están organizando estas fiestas, que hemos denominado como clandestinas. Sabemos que ahora buscan predios rurales para evadir la acción del Estado”, agregó Leiva.

El funcionario también informó que la istración municipal tiene identificadas varias cabañas en sectores como Prado Mar, Sabanilla y Monte Carmelo, donde se estarían organizando estos eventos. “Mantenemos vigilancia constante sobre estas propiedades para prevenir situaciones similares a la tragedia del lunes”, subrayó.

El evento donde ocurrió la masacre contaba con la participación de 11 DJs de música electrónica, tres de música urbana y la presentación especial del artista nacional Zandú. Sin embargo, el festejo terminó en horror cuando cuatro sicarios en dos motocicletas irrumpieron en el lugar y abrieron fuego con armas de alto calibre.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Luis Alfredo Vergara Julio, de 25 años; Ronald José Alarcón, de 19; y Maciel Karina Gómez, de 25 años, quien además era comunicadora social y DJ. Los sicarios dispararon en repetidas ocasiones, causando pánico y dejando a nueve personas más heridas.

La escena recordó otra tragedia similar ocurrida el 24 de octubre de 2022 en las cabañas ‘Mediterráneas’ de Salgar, también en Puerto Colombia. En esa ocasión, durante una fiesta también sin permisos, murieron Jonathan José Ospino Illera y Rubén Ricardo Galea, escolta del Clan Vega Daza. Los hechos desataron una guerra entre bandas delincuenciales que tuvo su punto más álgido el 29 de junio de 2023, cuando en Villa Campestre fueron asesinados tres de la familia Vega Daza.

Las autoridades sostienen que estos eventos ilegales funcionan como espacios de encuentro para de estructuras criminales, lo que incrementa los riesgos de violencia. A ello se suma la presencia de armas, consumo de drogas y evasión total de normas municipales, como el horario de cierre de eventos, establecido a las 2:00 a. m., pero que en la práctica se extienden hasta el amanecer.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, condenó los hechos y señaló que la masacre sería consecuencia de conflictos internos entre grupos criminales por el control del microtráfico. “Estamos ante ajustes de cuentas. Debemos tomar decisiones inmediatas para contener esta violencia”, expresó Verano, quien también presidió el consejo de seguridad extraordinario realizado este martes.

El mandatario departamental pidió la colaboración ciudadana para aportar información que permita identificar a los responsables. “Este es un flagelo que debemos enfrentar juntos. La ciudadanía debe ayudar con datos claves para que las autoridades avancen en las investigaciones”, dijo.

La Gobernación y la Policía anunciaron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores materiales del crimen.

Como parte de las medidas adoptadas, se anunció el fortalecimiento de los operativos en zonas rurales, así como el monitoreo de redes sociales para anticipar futuras convocatorias a eventos clandestinos. Las autoridades también revisarán la propiedad y el uso de las fincas donde se han realizado fiestas en el pasado.

“La intención es cortar de raíz estas prácticas ilegales que no solo afectan la seguridad sino que también promueven el desorden urbano, el consumo de sustancias ilícitas y el uso indiscriminado de armas”, concluyó Saúl Leiva.

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Las medidas anunciadas marcan un nuevo intento por retomar el control y devolver la tranquilidad a un municipio que, por su cercanía con Barranquilla y su atractivo turístico, no puede seguir siendo escenario de la violencia.