Homicidios y uso de armas de fuego en hurtos, al alza en Bogotá

Esta semana fue lo más parecido a una bitácora de terror.

El sábado 7 de agosto, en el barrio Santa Fe (Los Mártires), Carmen Cecilia Contreras, una vendedora de 56 años, fue asesinada a puñaladas por un hombre al que ella había denunciado por hurto el 13 de julio. El señalado había logrado quedar libre y, en venganza, tomó un cuchillo y fue a buscarla.

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El lunes, Jorge Agudelo, de 36 años, fue asesinado, también con arma blanca, en lo que habría sido un intento por robarle la bicicleta en el barrio Villas de los Comuneros (Bosa). Ese mismo día, un atraco con arma de fuego en el Kiosko (Usaquén) terminó en una balacera.

El miércoles, el hijo de un diplomático de la embajada de Argelia por poco pierde la vida después de que delincuentes le dispararon en un atraco callejero en La Cabrera (Chapinero); horas después, en Ciudad Berna (Antonio Nariño), el patrullero Humberto Sabogal murió luego de que un delincuente, al que estaba requisando, le disparó a quemarropa. Esa misma noche, dos atracadores en moto se abalanzaron sobre un grupo de jóvenes que caminaban por las calles del barrio San Jorge (Antonio Nariño) y, con un arma traumática, le dispararon en el rostro a uno de ellos.

¿Qué tienen en común cada uno de estos casos de delincuencia? El alto nivel de violencia con el que se cometieron. Hoy, los habitantes de Bogotá tienen miedo de estar en la calle: así lo confirmó la III fase de la Encuesta Mi Voz Mi Ciudad (hecha por Bogotá Cómo Vamos) cuando detectó que 77 por ciento de los encuestados se sentían inseguros en la ciudad y apenas un 7 por ciento se sentían seguros.

Y, hay que decirlo, lo que está sucediendo es mucho más que un tema de percepción, pues si bien algunos indicadores de seguridad han mejorado (incluso en relación con 2019, un año sin pandemia), hay otros que están mucho peor.

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Para verlo en contexto, hay que comparar las cifras de delitos no solo con las de 2020, sino con las de 2019.

Esto porque el 2020 fue un año atípico en materia de medición de seguridad por la pandemia. Aunque el 2021 tampoco es fácil de leer, pues ha sido un año cruzado por una reactivación aún en progreso y por una situación de orden público sin precedentes.

El mismo secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, aseguró esta semana, cuando presentó el balance de delitos de julio, que “para estar seguros de tener análisis más realistas, haremos un esfuerzo por compararnos también con años anteriores al 2020. Tenemos que hacer un trabajo de contextualización”.

Si comparamos lo sucedido entre enero y julio del 2021 con el mismo periodo del 2020, a partir de las cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, vemos que hubo un aumento en delitos como el homicidio (14,9 por ciento), hurto a personas (19,7 por ciento), hurto de celulares (16,7 por ciento) y hurto de motocicletas (42,2 por ciento).

Para César Restrepo, asesor en seguridad para ProBogotá, la reactivación es parte de la ecuación para poder entender lo que hemos visto en las últimas semanas.

“Venimos de un año encerrados. Ahora, el regreso a la calle va a generar no solo mayor interacción y un mayor mapa de inseguridad, sino una peor percepción. La gente regresó y vio las calles cambiadas, deterioradas... y el estado de ánimo también cambió”, anota Restrepo, sin olvidar que en esta ecuación entra también el golpe socioeconómico de la pandemia.

Ahora, usando el mismo periodo de enero-julio para comparar lo sucedido en 2019 con lo que ocurre hoy, aparece que la ciudad mejoró en varios aspectos. El hurto a comercio bajó un 58,3 por ciento, por ejemplo.

No obstante, en otros sí estamos peor que antes de la llegada de la pandemia. Las cifras de la secretaría muestran que con relación a 2019 (periodo enero-julio), los homicidios en 2021 (mismo lapso de tiempo) se dispararon en un 16,7 por ciento; los robos de bicicleta, un 24,8 por ciento, y el hurto de motocicletas, un 9,6 por ciento.

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Tampoco es solo un tema de percepción que el crimen está siendo más violento que antes. Un informe de Futuros Urbanos, publicado a principios de año, ya había advertido que cada vez eran más frecuentes los hechos donde el arma de fuego era protagonista.

Para ese entonces, el informe comparó cifras de 2019 con 2020 (años completos) y detectó que, por ejemplo, el uso de armas de fuego en atracos en TransMilenio y el SITP había subido un 32 por ciento. También se vio que en robos de celulares, el uso de este tipo de armas había subido un 65 por ciento. Y ni hablar del caso de la bicicleta, donde los hurtos con arma de fuego aumentaron un 333 por ciento. La Veeduría también resaltó esta problemática, que resulta ser impresionante si se tiene en cuanta que el 2020 fue un año de confinamientos.

Y en 2021, esa tendencia al alza se sostuvo. Entre enero y julio de 2020, cerca del 11 por ciento de los hurtos a personas se cometieron con arma de fuego, y en el mismo período del 2021, esa cuota subió al 15 por ciento. Y un crecimiento similar se registró en otros delitos (ver gráfico).

Y estas cifras tienen rostro e historias aterradoras que evidencian señales muy preocupantes en el modus operandi de los delincuentes. Esta semana, por ejemplo, un periodista contó cómo cuatro delincuentes, en la avenida Primero de Mayo con carrera 24, rompieron los vidrios del taxi en el que se transportaba y, antes de hacer cualquier exigencia, intentaron herirlo con un puñal en el estómago. “Sin exagerar, hoy sentí de cerca la muerte”, contó el reportero.

En conversación con EL TIEMPO, el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero, que se apartó hace dos meses del cargo, dice que “en Bogotá hay estructuras criminales organizadas que están utilizando cada vez más armas de fuego”. Y añade que, “con la pandemia y el aislamiento, se aumentó de manera particular su uso en otras actividades delincuenciales por parte de, por ejemplo, grupos criminales que antes estaban dedicados al fleteo”.

Por eso, Acero es partidario de intensificar las estrategias para la incautación de armas, así como de desarme voluntario, lo que considera clave para bajar los niveles de violencia que se están viendo en los atracos.

El Plan Desarme ha sido una de las mayores apuestas de las istraciones bogotanas. Acero calcula que en los dos últimos años se ha llegado a recoger 2.000 armas de fuego (oficialmente, en 2021, se han incautado 720).

Sin embargo, no es claro si eso es mucho o poco. Después de todo, no hay una cifra precisa de cuántas armas ilegales hay en Bogotá. Y, como le explicaron expertos a este diario, no hay manera de saberlo pues es una cifra que se alimenta del mercado negro y de fallas estatales en el seguimiento de armas que alguna vez fueron legales, pero que hoy no tienen salvoconducto y no se sabe dónde están. Lo más cercano, en todo caso, es un estimado del Small Arm Survey que calcula que en Colombia, para 2017, había alrededor de 4,2 millones de armas ilegales en posesión de civiles.

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Lo que sí es claro para Acero es que faltan acciones a mayor escala para enfrentar el problema de porte ilegal. “Creo que no hemos tenido una política nacional respecto a ese tema de armas. Y eso pasa por tener en cuenta toda la cadena: quién las produce, quién las trafica...”, y advierte que el asunto es de alcance internacional pues hay que escalar las preguntas sobre la venta y envíos a países como Estados Unidos.

De otro lado, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, alerta sobre el impacto de las armas no letales. “Los criminales están modificándolas para que se conviertan en armas letales”, indica.

Esto es preocupante si se considera que entre 2016 y 2020, la importación de armas traumáticas y de fogueo se disparó. Un informe de la Veeduría Distrital indica que, en ese periodo, “en Colombia se importaron 569.323 armas traumáticas y de fogueo, de las cuales más del 50 por ciento fueron importadas entre en 2019 y 2020”.

Solo hasta hace un par de semanas se dio a conocer un decreto en borrador del Ministerio de Defensa para regular su porte y comercialización.

Ahora, expertos como César Restrepo advierten que la estrategia distrital no debe centrarse únicamente en términos de desarme. “Desarmar la ciudad es una utopía. La mejor manera de reducir esta violencia es atacar a organizaciones criminales”, dice.

En el actual panorama confluyen otros aspectos preocupantes: no hay suficiente número de policías, y los que hay están sufriendo un fuerte desgaste, así mismo habría fallas en la estrategia contra el crimen.

El primer factor ha sido repetido en varias ocasiones por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien, incluso, llegó a decir esta semana que a la capital le hacían falta por lo menos unos 10.000 agentes.

El cálculo, de acuerdo con los estándares internacionales, no es desatinado. Para finales de 2020, Bogotá tenía algo más de 17.000 policías, pero necesitaba 24.255 para cumplir con el estándar de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, los expertos consultados por este diario coinciden en señalar que los pocos policías que hay están desgastados y debilitados. Y una de las causas, dicen, tiene que ver con la atención que ha demandado el paro nacional.

“La Fuerza Pública viene de una presión extrema de más de 70 días en la que sus agentes y sus recursos de investigación judicial han tenido que paralizarse para atender casos de vandalismo, ataques a la infraestructura y el monitoreo de quienes, al margen de la protesta, aprovecharon para hacer todo tipo de cosas”, anota Alberto Sánchez, experto en seguridad ciudadana, y agrega: “Es hora de tener la discusión de cuánto le cuesta a la Fuerza Pública, en términos de efectividad, una confrontación tan sostenida en el tiempo”.

Para Armando Vergara, Veedor de Salud Y Bienestar para la Policía Nacional, el desgaste está cruzado por muchas situaciones: horarios más pesados por cuenta del paro, la falta de espacios adecuados para trabajar (por ejemplo, 43 CAI han sido vandalizados), bajos salarios y una “desmotivación” generalizada.

"La Policía no tiene un apoyo por parte del gobierno nacional ni de los gobiernos locales. Además, al Policía, por la actual situación, le da miedo proceder", anota Vergara.  

Esto sin olvidar que la confianza que tenía la ciudadanía en la Policía está rota. “Esa distancia que se abrió entre ellos ha dificultado la comunicación y la colaboración que se tenía y ha envalentonado a los delincuentes”, dice Restrepo.

En tercer lugar, todo apunta a que habría fallas en las estrategias de seguridad. “Hay reacciones y anuncios, pero no estrategias sostenidas”, dice Restrepo, para quien también hay errores conceptuales. “Se anuncia que se va a luchar contra el homicidio.

Pero contra el homicidio en sí no se lucha: este, al final, es resultado de una mala gestión en otros problemas. Yo lucho contra el hurto, el secuestro, la extorsión, el microtráfico y, cuando eso es efectivo, no hay homicidios. Los centros de gravedad de todo son los grupos criminales y las economías ilegales, y en eso hay que trabajar”.

Lo cierto es que el asunto es tan grave que llevó a que todas las fuerzas y mensajes institucionales se unieran para actuar. En los últimos días, la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se han alineado en una estrategia que tiene como pilar una Fuerza Especial de Intervención, que consiste en fortalecer Bogotá con 1.500 policías adicionales.

De estos, 1.000 irán a reforzar cuadrantes y barrios en la capital y 500 entrarán a fortalecer las filas de la Policía Judicial y de Inteligencia. Todos, además, serán coordinados por cinco generales de alto nivel (ver recuadro), quienes se comprometieron a presentar resultados diarios.

Y ya los hay. El viernes, por ejemplo, se dio un golpe a cuatro bandas criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y a la trata de personas, con 22 capturados. Y en las últimas de 24 horas hubo cero homicidios.

También, desde la Alcaldía de Bogotá, se activó el plan Juntos Cuidamos Bogotá, que busca recuperar espacio público en Kennedy, Chapinero, Suba y Usme para generar entornos seguros.

Para los expertos, las acciones son pertinentes en cuanto abordan la inseguridad desde la prevención, el control en calles y barrios y la investigación criminal.

Sin embargo, Sánchez advierte que el verdadero éxito de esto depende de que la estrategia sea sostenible en el tiempo. Y, especialmente, por lo que viene: “Se aproxima –dice el experto– el trimestre más complejo (octubre, noviembre y diciembre) y será un cierre duro, porque, a diferencia del año pasado, estos meses van a ser de nulas restricciones a eventos, aglomeraciones y consumo de licor. Es decir, vuelven a jugar los factores de riesgo que jugaban antes de la pandemia”.

No obstante, Sánchez sostiene que Bogotá tiene toda la capacidad técnica para lograr vencer en esta gran batalla.

La Fuerza Especial tiene cinco Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana (Cosec).

- Cosec 1: para Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo.

Responsable: mayor general Fabián Cárdenas, director del Gaula.

- Cosec 2: para Tunjuelito, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe.

Responsable: brigadier general Norberto Mujica, director de Inteligencia.

- Cosec 3: para Bosa, Kennedy, Fontibón y Engativá.

Responsable: mayor general Fernando Murillo, director de la Dijín.

- Cosec 4: para Santa Fe, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y Candelaria.

Responsable: mayor general Herman Bustamente, director de Antinarcóticos.

- Ciclorrutas y bicicorredores

Responsable: mayor general Juan Alberto Libreros.

EL TIEMPO