Cómo golpea a Bogotá la amenaza de dejarla sin recursos para obras clave

Dos duros pronunciamientos desde el Gobierno Nacional sobre la primera línea del metro de Bogotá crearon este jueves más incertidumbre frente al futuro del megaproyecto y otros que son clave para la región y la capital, y aumentaron la tensión entre la Nación y la Alcaldía. De hecho, algunos sectores los calificaron como una amenaza y otros, como un chantaje.

(Lea también: Lo que dicen expertos juristas sobre viabilidad de cambio en contrato del metro).

Primero fue el presidente Gustavo Petro, quien el miércoles en la tarde, al referirse a la línea elevada, dijo que era “un esperpento, una chambonada” y luego aseguró: “Si me hago cómplice, tres generaciones nos van a maldecir por haber hecho ese metro elevado”.

La preocupación aumentó el jueves cuando el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lanzó una sentencia sobre otros proyectos de infraestructura que vienen andando. “Si no se aceptan, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas, dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, los otros proyectos se van a tener que parar”.

En diálogo con EL TIEMPO, Reyes explicó su posición: “Si la Alcaldía no va a aceptar nada, y lo acordado era otro, pues, entonces, también nosotros no financiamos los proyectos de Bogotá. Así de fácil”.

La advertencia del jefe de la cartera de Transporte deja en vilo proyectos como la segunda línea del metro, a Suba y Engativá, que es subterránea como la que quiere Petro en la Caracas y está pendiente de la garantía soberana de la Nación; la calle 13, que se encuentra con licitaciones abiertas; el Regiotram del Norte y los cables aéreos de San Cristóbal y Monserrate-Reencuentro (consta de dos líneas).

Esas intervenciones se producen en respuesta a la insistencia de la mandataria en diferentes escenarios en que “sí o sí” el metro elevado se hace y entrará a operar en 2028; y que “el mejor metro es el que está en ejecución” y “el peor, el que está en papel, en dibujo”. López también le pidió al Presidente dejarles a la ciudad y a la región el Regiotram del Norte y tres cables.

Este rifirrafe tiene lugar una semana después de que Petro y López estuvieron con sus equipos reunidos revisando las cinco alternativas presentadas por el consorcio chino que construye el metro elevado, por pedido del Presidente, y se acordaron dos mesas de trabajo para revisar la viabilidad jurídica, técnica y financiera, pero dichas instancias no se han instalado.

Cabe recordar que Bogotá y la región son la economía que más le aporta al producto interno bruto (PIB) del país, con cerca del 30 por ciento, y que en las elecciones a la Presidencia, la capital fue la que terminó decidiendo la elección de Petro.

Los fuertes pronunciamientos de Petro y Reyes generaron una serie de preguntas entre los bogotanos y analistas. Algunas de ellas son: ¿hasta dónde el gobierno Petro puede afectar la primera línea del metro? ¿Es posible que el Presidente no cumpla con los aportes a los que se comprometió el Gobierno Nacional en el convenio de cofinanciación? ¿Qué va a pasar con los otros proyectos que venían andando?

Primero que todo, como se lo manifestaron a EL TIEMPO varios expertos juristas, si bien es posible que por acuerdo de las partes se pueda modificar el contrato de concesión de la primera línea, esto debe obedecer a unas situaciones específicas y demostrables. Sin embargo, ninguna de estas dos opciones parece darse en el caso del contrato del metro elevado.

Por ejemplo, Rodrigo Pombo, jurista experto en contratación y docente de la Universidad Javeriana, explica que “las modificaciones son de común de acuerdo” y “tienen que presentarse unos condicionamientos, pero como no se pueden presentar, pues no se puede modificar el contrato”.

Con esta opinión coincidió el exgerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) Andrés Escobar, quien asegura que “un contrato solo lo pueden modificar quienes lo firman. El contrato del metro fue firmado por la Empresa Metro, una persona jurídica que cumplió miles de requisitos, y el consorcio chino, que también cumplió miles de requisitos”. Escobar fue quien siendo gerente firmó en 2019 el contrato de la primera línea y logró la financiación con la banca multilateral.

Lo que sí queda claro es que con la presión que el Gobierno Nacional empezó a ejercer con la advertencia de no financiar otros proyectos de infraestructura estaría reconociendo que no puede, unilateralmente, modificar el contrato de la línea 1. De hecho, el ministro Reyes le dijo el domingo pasado a este diario que la decisión debía salir de un acuerdo entre las partes.

Y frente a si el presidente Petro puede incumplir el convenio de cofinanciación, mediante el cual la Nación se obligó a aportar el 70 por ciento del valor del proyecto y el Distrito, el 30 por ciento, los juristas y expertos también creen que es muy difícil y que si lo hace, esa decisión tendría efectos para el megaproyecto, por supuesto, e implicaciones en la banca multilateral. El convenio fue, precisamente, el requisito que permitió que apoyaran la financiación de la línea elevada.

Pombo afirma que “lo puede hacer de hecho, pero no en derecho, eso sería ilegal. El Distrito podría demandar a la Nación por incumplimiento, y si la Nación prometió esa plata, muy probablemente va a perder ese pleito”. En efecto, el convenio de cofinanciación contempla que ante las diferencias entre las partes, es decir, Nación y el Distrito, será un tribunal de arbitramento el que decida.

Escobar, por su parte, dice que el convenio es la fuente de pago de los créditos del Banco Mundial y el BID y que si bien la Nación puede modificarlo, “eso sería como dejar a la EMB sin ingresos e inmediatamente queda como incumplida con los bancos multilaterales”. Asimismo, esa situación tendría efectos para otros proyectos en el país.

Así las cosas, lo que se terminaría afectando con la decisión del Ministerio de Transporte son los otros proyectos de infraestructura, como la segunda línea del metro, la troncal de la calle 13, el Regiotram del Norte y los tres cables aéreos, que aún no tienen convenio de cofinanciación y están pendientes de lograr un convenio con la banca multilateral.

El exgerente de TransMilenio Édgar Enrique Sandoval considera que el Presidente “le quiere hacer conejo a Bogotá con el metro” y que “quitarles los recursos a las obras es la primera gran expropiación de Petro. La plata no es de su bolsillo, sino de los bogotanos que pagamos impuestos a la Nación y en las dos pasadas elecciones de Bogotá elegimos alcaldes que adelantaron concretamente el proyecto”.

Sobre este nuevo debate también se manifestaron analistas, entidades y políticos. María Carolina Castillo, directora ejecutiva de ProBogotá, señala: “Desfinanciar las obras de Bogotá, si no se cambia la primera línea del metro, es amenazar directamente a los bogotanos, afectar principalmente a las personas de menores ingresos, porque impide conectar el sur de la ciudad con los servicios de salud, educación, movilidad y transporte”.

Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, también señala que la discusión entre el Gobierno Nacional y el Distrito se convirtió “en un pulso de poderes” y que este “es el peor escenario para el metro”. Lamenta las declaraciones del ministro Reyes y dice que estas “atentan contra la autonomía de los entes territoriales”.

En ese sentido, el Comité Intergremial de Bogotá Cundinamarca hizo un llamado para que se construyan consensos y de esta forma se evite condicionar el avance el proyecto de la primera línea del Metro y de otras obras fundamentales para la ciudad.

"Estarían en riesgo también proyectos que avanzan en diferentes etapas con cofinanciación de la Nación y suman un total de 65 billones de pesos, entre los que se destacan por su importancia para la competitividad, sostenibilidad ambiental, y la modernización de la ciudad y la región: el Regiotram de Occidente, la segunda línea del metro, la Calle 13, los s norte, la Alo Sur, el Regiotram Norte y 3 cables aéreos", señalaron.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, quien es esposa de la alcaldesa Claudia López, dice: “Es injusto y absurdo chantajear con no permitir hacer la línea subterránea a Suba y Engativá, para romper un contrato anterior, que también preferíamos y queríamos que fuera subterráneo, pero perdimos en las urnas”.

Lozano le pidió a Petro que las diferencias institucionales se tramiten en democracia y dice que no está en discusión “la plata de las cortinas de la casa, sino de la obra de infraestructura más importante del país”.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, será citado para el miércoles de la próxima semana, a las 8 a. m., a un debate de control político por la Comisión Accidental del Metro de Bogotá del Senado, para que explique sus pronunciamientos sobre la primera línea del metro. El anuncio lo hizo el senador David Luna, de Cambio Radical, quien dijo que el ministro debe explicar su “amenazadera”.

¿Qué ha pasado con el tema del metro?

Si la Alcaldía no va a aceptar nada, y lo acordado era otro, pues entonces también nosotros no financiamos los proyectos de Bogotá. Así de fácil.

No, no. Lo primero que he dicho no es que si se acepta o no. Es que si nosotros hablamos de que nosotros ponemos el 70 por ciento de la financiación de la línea 1 y se había acordado que se iban a hacer estos diálogos, estas mesas de trabajo, pero desde la Alcaldía salen y dicen que no aceptan nada, pues nosotros tampoco vamos a girar la plata de otros proyectos. Se priorizarán otros de otras ciudades.

Sobre el tema de la línea 1 habrá que esperar sobre cómo avanza el tema.

Del Regiotram del Norte, de los cables, porque todos esos van con plata nuestra, con el 70 por ciento. Entonces, si el tema no es haciéndonos por las buenas, respetando lo acordado, pues también el Gobierno Nacional tiene qué hacer con su chequera. Cada uno sabe qué hace con su plata y si los acuerdos no se respetan, pues imagínese.

Sí señor, se lo puedo reafirmar que así es.

REDACCIÓN BOGOTÁ