Este año han muerto 39 niños wayú por desnutrición y causas asociadas
Así se indicó en audiencia pública ante la Corte Constitucional que examina crisis humanitaria.
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Un panorama desolador sobre la situación de la niñez wayú en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía en La Guajira fue presentado por diversas autoridades locales ante la Corte Constitucional que viene adelantando un seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en relación con los derechos a la alimentación, a la salud y al agua potable de esta población.
En la sesión, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien preside este seguimiento, dijo que el último boletín epidemiológico de la Secretaria departamental indicó que por desnutrición o causas asociadas a esta "a la fecha han fallecido 39 niños. Nos acercamos a los 50 del 2018 y apenas vamos en mitad de año".
"Esta situación es de un exterminio físico y cultural silencioso", dijo al indicar que la crisis humanitaria no ha cesado.
"Esta situación nos impone el deber de aproximarnos con la mayor rapidez posible al número de cero muertes por desnutrición, (falta de al) agua en esos municipios", dijo Reyes al advertir que de no avanzarse en esta situación, la sentencia se puede convertir en "papel mojado" y en un fallo más para coleccionar.
Javier Rojas Uriana, representante de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía, denunció que esta semana fallecieron tres niños que estaban a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y señaló que desde que la Corte hizo una inspección en el territorio, la asociación que dirige reportó la muerte de 13 niños.
"Esta situación es de un exterminio físico y cultural silencioso", dijo al indicar que la crisis humanitaria no ha cesado.
Rojas aseguró que, en su criterio, las autoridades del ICBF o del Ministerio de Vivienda no los "reconocen como seres humanos y como sujetos de derecho porque se oponen a un diálogo directo para la construcción de modelos propios para la atención de nuestras comunidades, sino que quieren seguir imponiendo la intermediación".
"El ministerio muestra un número inflado de beneficiarios que contrasta con la realidad de la necesidad de nuestro pueblo Wayú, incurriendo en fraude y desacato en las órdenes de la Corte, porque las pilas públicas (de agua) no son la solución a la problemática de suministro de agua en el territorio. No se puede llamar solución a un negocio particular que beneficia a unas cuantas personas y que no tiene cobertura universal", agregó.
Rojas explicó que están recibiendo con carrotanque 10.000 litros de agua mensuales para 30 familias, lo que, dijo, "no es suficiente para subsanar las necesidades".
La verdad es que el futuro de la población Wayuu es incierto, tenemos dificultades, los alcaldes nunca se reúnen con nosotros: representante indìgena
Custodio Valbuena, representante de las comunidades indígenas, dijo que desde 2018, cuando se interpuso un incidente de desacato al fallo de 2017 que ordenó al gobierno tomar medidas para solucionar la crisis, la situación no ha cambiado. En cambio, denunció que se estarían inflando cifras de personas beneficiadas o de consultas previas realizadas en los últimos dos meses.
"Pareciera que cada día, mientras más autos y órdenes (de la Corte) se producen, nos estamos alejando de la realidad de la garantía de los derechos. No se le pueden decir mentiras a los jueces", dijo.
"Por eso insistimos en el desacato (...) el gobierno anterior, el gobierno presente y estamos a cinco días de otros gobierno y la verdad es que el futuro de la población Wayúu es incierto, tenemos dificultades, los alcaldes nunca se reúnen con nosotros", agregó.
ICBF dijo que las muertes se han reducido
La directora del ICBF, Lina María Arbeláez, le dijo en la audiencia a los representantes indígenas que este gobierno sí reconoce al pueblo Wayú como sujetos plenos de derechos e indicó que de los niños que han fallecido, nueve eran atendidos por esa entidad.
"Nos tiene que doler los 38 niños que han muerto por causas conexas a la desnutrición. Quiero decir que nueve eran atendidos por servicios del ICBF, por operadores escogidos por autoridades Wayú. Esto nos indica que tenemos que seguir trabajando de manera mucho más ardua por garantizar que ningún niño o niña muera", dijo la funcionaria.
"Del universo de niños y niñas fallecidas, el 32 por ciento está en los menores de seis meses y de los 0 a los 6 mese la alimentación que debería recibir un niño es lactancia materna exclusiva. No es que nosotros nos estemos excusando y aquí yo quiero ser absolutamente clara: la responsabilidad también nos atañe a nosotros y el Icbf debe redoblar los esfuerzos. Lo que yo vengo a mostrar es que lo hemos hecho, hemos incrementado todos los cupos, los servicios, las funcionalidades", agregó.
Arbeláez agregó que las muertes se han reducido en un 45 por ciento en La Guajira. "Esto no es aceptable y no es positivo, pero claramente es un avance", dijo.
Se aumentó cobertura de agua potable en zonas rurales: Gobierno
Tiene una inversión de 5.140 millones de pesos y se alimenta de energía solar. Foto:Cortesía Enel Colombia
El viceministro del Agua, José Luis Acero, dijo que cuando empezó el gobierno de Iván Duque, en 2018, La Guajira tenía el mayor rezago de al agua potable en el país con una cobertura del 4 por ciento, por lo que nueve de cada diez personas accedían a agua no potable en pozos.
Acero indicó que cuatro años después, con los proyectos implementados en todo del departamento, se han beneficiado 540.000 personas, no solo las comunidades indígenas de las que habla la sentencia.
El funcionario señaló que en este gobierno se aumentó la cobertura rural de agua potable del 4 al 22 por ciento, que se incrementó la continuidad del servicio de agua es más de un 30 por ciento.
El viceministro Acero dijo que no están inflando cifras y que hay registros de cada uno, sobre cuántas personas se acercan y quienes se benefician de estas.
Sobre las pilas públicas, el viceministro Acero dijo que esos pueden ser puntos de extracción de agua salobre, que tienen una planta de potabilización y de allí salen carrotanques a unas pilas que se acercan a 100 comunidades.
"Las pilas han evolucionado. Las últimas ya cuentan con un espacio verde, un parque para los niños, tienen un consultorio y cuentan con es solares", explicó Acero quien dijo que en esas zonas también hay agua cruda, que se puede usar para riego y se han construido otras tras concertación de la comunidad.
"Tenemos retos como la asignación de recursos y seguir promoviendo el rol activo de las comunidades para que sean ellas quienes istren las pilas", agregó. El funcionario dijo que se construyeron cinco módulos de pilas públicas, que son 20, y dijo que están en ejecución otros 14 módulos para la construcción de 70 más.
Acero dijo que no están inflando cifras y que hay registros de cada uno, sobre cuántas personas se acercan y quienes se benefician de estas. "Esto no es carreta", agregó.
El gobernador encargado de La Guajira, José Jaime Vega, dijo que actualmente están en marcha 19 proyectos que van a impactar directamente "el sector de agua en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia". Además, expresó que se está construyendo un inventario sobre las fuentes de agua que existen en todo el departamento y en zona rural dispersa como molinos, pilas, plantas, pozos y microacueductos.
"Todas estas soluciones tienen un impacto, pero cuando empiecen de actuar de manera articulada, vamos a prestar de mejor manera el servicio que tanto necesita nuestra población indígena", dijo.
La Defensoría y la Procuraduría hacen reparos
Existe una notoria ausencia de políticas, planes, proyectos y programas de alimentación y nutrición
Sandra Lucía Rodríguez, representante de la Defensoría del Pueblo, lamentó la muerte de 13 niños desde el pasado 3 de junio, como manifestaron los representantes de la comunidad. Y señaló que la situación crítica que llevó a la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional por la Corte sigue.
"Persisten las problemáticas asociadas a la falta de alimento, seguridad alimentaria y agua potable en las comunidades de (nueve) corregimientos. Existe una notoria ausencia de políticas, planes, proyectos y programas de alimentación y nutrición. Así mismo, hace falta un acompañamiento técnico y seguimiento a la implementación de las órdenes proferidas por la Corte, lo que hace más difícil la situación de hambre que viven estas comunidades", dijo.
Rodríguez dijo que a la Defensoría le preocupan la falta de opciones productivas sostenibles para la población más vulnerable, así como la falta de garantías para el a la educación de la niñez wayú por cuenta de la falta de agua potable y de servicios de transporte escolar.
Sobre el tema del agua, la Defensoría dijo que el programa del Gobierno no es una solución definitiva y dijo que sí hay una sobreestimación de los beneficiarios de agua. "Esto está asociado a las dificultades que se tienen para tener un censo específico y una identificación en los diferentes informes de las poblaciones beneficiadas", expresó Rodríguez quien dijo que estas soluciones no tienen en cuenta la dispersión de la población en el territorio y que la estructura vial es precaria.
"No se garantizan los criterios de calidad y cantidad en el derecho fundamental al agua. No se está llegando a la provisión de los 20 litros diarios por persona, de los que se habla en escenarios nacionales e internacionales", agregó.
El viceprocurador general Silvano Gómez señaló que en el programa de agua del gobierno denominado 'Guajira Azul' como en otros de agricultura se hace notaria la falta de un censo y de consulta previa con las comunidades sobre el proyecto y el plan que tenía el ministerio, lo cual generó reticencia de algunas personas sobre las pilas y los pozos.
"La satisfacción del servicio de agua no ha sido debidamente decantado. No se planificó debidamente ni se establecieron indicadores con la finalidad de medir como se iba desarrollando el plan. Esto ha generado que en el seguimiento no se verifiquen de manera precisa en el tiempo y no se determinen responsabilidades en el orden de exigencia", dijo.
Gómez le pidió a la Corte que ordene crear modelos de seguimiento para suplir las falencias y advirtió de problemas de financiación de las soluciones de agua que están en marcha.
Corte hará nueva inspección y acudirá a la Fiscalía
José Fernando Reyes, magistrado Corte Constitucional. Foto:Corte Constitucional
El magistrado José Fernando Reyes anunció que en por lo menos un mes la Corte Constitucional hará una nueva inspección y que se designaron a tres funcionarios en el alto tribunal que trabajarán exclusivamente sobre el seguimiento al cumplimiento de la sentencia.
Reyes acogió el pedido del viceprocurador y anunció que la Corte creará un modelo de objetivos, indicadores y resultados para poder hacer un seguimiento al cumplimiento de esta sentencia de estado de cosas inconstitucionales. "Es decir, qué le corresponde a quién y cómo lo está haciendo. Permitirá este esclarecimiento ver dónde están los bloqueos internacionales que retrasan el cumplimiento del fallo. Esta es la hora que el mecanismo especial de seguimiento no arranca", dijo.
El magistrado Reyes respondió a críticas realizadas por integrantes de la comunidad, diciendo que si bien los magistrados están en Bogotá cómodos, están muy incómodos con lo que pasa en La Guajira. Y anunció que acudirá a la Fiscalía y a la Procuraduría.
"Vamos a solicitar la participación directa de la Procuraduría y de la Fiscalía porque hay problemas en el manejo de los recursos. Y tenemos que saber en dónde está pasando algo y quien es el responsable de eso que está pasando. Vamos a seguir respirando muy cerca de quienes tienen responsabilidades públicas", agregó.
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