‘Toda guerra, incluyendo la de los actores ilegales del conflicto colombiano, causa impactos a la naturaleza’

Una nueva emergencia ambiental se registró en Arauca luego de un atentado del Eln contra el oleoducto Bicentenario, en zona rural de Fortul, que provocó el derrame de crudo sobre el río Caranal. El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, responsabilizó al grupo guerrillero y lo acusó de causar un “daño ambiental devastador”. Este hecho agrava la crisis de seguridad en la región, donde en lo corrido del año ya se han registrado 19 ataques a infraestructuras petroleras, según datos de Cenit.

Las cifras revelan una tendencia preocupante: entre enero y abril de 2025 se documentaron 13 atentados, frente a sólo 3 del mismo periodo en 2024, lo que representa un incremento del 300 %. La mayoría de estos eventos (11) ocurrieron en Arauca, siendo Saravena el municipio más afectado. Además, desde agosto de 2024 hasta abril de este año, se han contado 53 ataques tras el fin del cese al fuego entre el Gobierno y el Eln.

En respuesta, el Ejército ha intensificado operaciones en zonas críticas, desmantelando siete piscinas ilegales para recolectar crudo, nueve válvulas clandestinas y tres refinerías artesanales. La ofensiva del Eln contra la infraestructura energética vuelve a poner en jaque la seguridad ambiental y económica del nororiente del país.

Al respecto, en entrevista con EL TIEMPO, Amarilys Llanos, vocera de la Alianza Colombia Libre de Fracking, advirtió que los atentados contra oleoductos no solo agravan la violencia en Colombia, sino que convierten a la naturaleza en víctima directa del conflicto armado. “Los derrames de crudo contaminan ríos, ciénagas y humedales, acabando con la vida animal, vegetal y microinvertebrada, y dejando comunidades enteras sin al agua”, señaló. Recordó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad documentó estos impactos, que debilitan los ecosistemas sin que exista reparación o restauración efectiva.

Llanos también criticó la lógica extractivista de la industria petrolera, que considera un riesgo en sí misma, y aseguró que los ataques a su infraestructura “no atenúan los daños, sino que los perpetúan”. Aunque evitó calificarlo como una ‘guerra contra la naturaleza’, subrayó que los actores armados ilegales causan impactos ambientales severos, y lamentó que en los múltiples procesos de paz no se haya incluido una discusión seria sobre reparación ecológica ni garantías de no repetición. “El logro de la paz debería hacer cesar esta afectación que, sin ambigüedad, condenamos”, concluyó.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad, llamado ‘La Naturaleza en el conflicto armado interno’ incluyó en detalle los impactos ambientales que el conflicto armado ha generado y, como vemos, sigue generando en Colombia, producidos por la violencia extrema del mismo, y entre ellos, los atentados a oleoductos sin duda alguna hacen de la naturaleza una víctima de esas acciones ilegales, aumentando la vulnerabilidad de los ecosistemas, para los que no se contempla reparación alguna. Estos derrames aumentan la fragilidad ecosistémica, que es múltiple, porque no solo condena la fertilidad de tierras, sino que matan la vida microinvertebrada, animal, y vegetal de manera directa, pero adicionalmente, la contaminación de humedales, ciénagas y, en general cuerpos hídricos, acaban la supervivencia de todo tipo de vida, así como las garantías de al agua a comunidades enteras.

Nosotros no hablamos de ‘capital’ natural porque desde el lenguaje implica mercantilización de los elementos de la naturaleza o bienes comunes, lo cual está en la lógica economicista del extractivismo, aunque sea legal. Lo que vemos, es que en medio de esa guerra, los impactos no son reparados y los territorios afectados tampoco son rehabilitados o restaurados, por demás que hacerlo implica procesos costosos, lentos y en ocasiones irreparables en el ciclo de vida ecosistémico - humano. Aunque en nuestra comprensión la industria petrolera ya representa en sí misma un riesgo sobre los ecosistemas, que es la razón por la que denunciamos y está en la base de nuestra oposición al extractivismo fósil, particularmente la ampliación de esa frontera a través de fracking y los Yacimientos No Convencionales (YNC), el ataque a su infraestructura de ninguna manera atenúa ni es solución, sino que perpetúa esos impactos que mencionamos y queremos evitar.

El énfasis no es tanto que sea una ‘guerra contra la naturaleza’ de manera particular, porque el conflicto armado en Colombia tiene demasiadas complejidades de origen o trascendencia política y socioeconómica en la que los grupos armados ilegales no tienen una lucha ‘contra la naturaleza’, pero sin duda alguna, sus acciones si hacen de la naturaleza una víctima, como antes se explicó. Esto es, aunque el extractivismo fósil representa ausencia de la llamada ‘paz con la naturaleza’, lema de la pasada COP16, por los conflictos socio ambientales que causa, repetimos, así se haga en el contexto de la legalidad, enfatizamos que toda guerra, incluyendo la de los actores armados ilegales del conflicto colombiano, causa múltiples impactos a la naturaleza, con acciones como los atentados contra oleoductos, que tristemente van en aumento, sin que en los muchos diálogos de paz que se han hecho y siguen haciendo, haya una conversación seria y acciones para su reparación y menos garantías de no repetición. El logro de la paz debería hacer cesar esa afectación, que sin ambigüedad condenamos y que, ojalá, sea materia de discusión y reparación también, en los acuerdos de paz.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros