Nuevo estudio pone la lupa en los mercados de carbono

Un análisis reciente de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), una coalición internacional creada en 2005 para la protección de las comunidades indígenas en el mundo, y académicos de la Universidad McGill, en Canadá, demuestra que la gran mayoría de los países con cobertura boscosa tropical que pretenden beneficiarse de los mercados internacionales del carbono forestal aún no han definido práctica ni jurídicamente los derechos que tienen los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes sobre el carbono, es decir, dióxido de carbono equivalente (tCO2e), que se encuentra en sus tierras.

Esta falta de claridad con respecto a los derechos plantea riesgos importantes tanto para las comunidades como para los inversionistas, ya que genera incertidumbre sobre quién se beneficiará de los mercados del carbono, las compensaciones y las estrategias de reducción de emisiones, dice el estudio.

“Sin salvaguardias jurídicas adecuadas, la demanda creciente de soluciones basadas en la naturaleza podría llegar a incentivar el acaparamiento de tierras y la captura de carbono por los Estados y terceros, incluso en aquellos casos en los que las tierras y los bosques en cuestión se encuentran bajo la propiedad de las poblaciones locales”, manifestó Alain Frechette, director de Análisis Estratégico y Compromiso Global de la RRI, en el lanzamiento del estudio.

En el análisis se examinaron 31 países de África, Asia y América Latina. Uno de los países que entraron en el estudio es Colombia, en donde ya existen estos pagos a comunidades indígenas por cuidar los bosques de la Amazonia.

En general, los investigadores evaluaron la preparación de cada uno de estos países para establecer mercados del carbono, lo que les permitiría vender créditos de carbono, es decir, unidades comercializables, y que los gobiernos y las empresas pueden comprar para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones como parte del Acuerdo de París.

Los resultados muestran que, en general, pocos de los 31 países reconocen explícitamente los derechos comunitarios sobre el carbono y menos aún han evaluado la viabilidad operativa y política de las normas establecidas.

Entre los resultados, el estudio destaca que solo tres países (Brasil, Colombia y Costa Rica) reconocen a los pueblos indígenas, las comunidades locales y los pueblos afrodescendientes) como los propietarios del carbono de sus tierras.

El estudio también reconoce que solo cuatro de los 31 países –entre ellos, Colombia– han aprobado leyes o reglamentos que definen: los créditos de carbono, a quién pertenecen, la entidad responsable de su emisión y validación, además de cómo se los debe comercializar y registrar en el país.

En este sentido, Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente, le dijo a EL TIEMPO que, en efecto, están trabajando en la adopción de las Salvaguardas de Cancún, expedidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y a su vez, en su incorporación en el marco normativo colombiano.

También han adelantado otras normativas como la creación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión, la creación del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la creación del impuesto nacional al carbono.

Sin embargo, como lo resalta el informe, quedan vacíos legales, con los cuales muchas empresas se están aprovechando de las comunidades indígenas.

Con respecto a lo anterior, Galarza asegura: “Se han recibido inconformidades que manifiestan las comunidades involucradas en proyectos REDD+, informando sobre falta de transparencia de desarrolladores de proyectos externos que reflejan una distribución de beneficios desigual. También, quejas sobre la extensión de los contratos, que incluso pueden llegar hasta los 100 años, rebasando los periodos para los cuales se han fijado objetivos climáticos nacionales e internacionales a 2030 y 2050”. Estas quejas han sido trasladadas a las entidades competentes.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE