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Entrevista
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Rector de la Universidad de Antioquia sobre crisis financiera: 'Los puestos de trabajo de los docentes no están en riesgo'
John Jairo Arboleda habla en entrevista sobre la delicada situación económica de la institución. Asegura que se requieren 136.000 millones de pesos para terminar el año.
John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia Foto: Universidad de Antioquia
SUBDIRECTOR VIDAActualizado:
La situación financiera de la Universidad de Antioquia pasa por uno de sus peores momentos. La institución, una de las universidades públicas más antiguas y respetadas de Colombia, ha tenido este año problemas para pagar sus salarios y cumplir con sus obligaciones.
Ante ello, se embarcó en un ambicioso proyecto de austeridad y reestructuración financiera con el que espera solventar su situación económica. Sin embargo, para el rector John Jairo Arboleda, aunque esto podría garantizarles superar este episodio, existe un problema estructural en el financiamiento de esta y las demás instituciones de educación superior públicas del país que amenaza con que estas dificultades sean cada vez más frecuentes.
En diálogo con E TIEMPO, Arboleda buscó dar un parte de tranquilidad a docentes y estudiantes, y pidió que se avance en la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que establece la financiación de las universidades estatales y cuyo proyecto fue radicado hace unas semanas.
En las últimas horas se conoció la propuesta del ministro de Educación, Daniel Rojas, de entablar una mesa de rescate de la Universidad de Antioquia junto con la Gobernación del departamento y la Alcaldía de Medellín, entidades que destinan recursos para la institución.
¿A cuánto ascienden las deudas de la universidad?
Para finalizar el año necesitamos, con todas las obligaciones que tenemos, unos 136.000 millones de pesos. Hemos combinado varias estrategias que nos permitan contar con esos recursos. Hay un llamado del señor ministro de Educación alrededor proteger y respaldar a la institución. Estamos citados a una reunión el primero de octubre en el despacho del señor ministro, se ha invitado también a otras autoridades locales y departamentales, así que esperamos tener los recursos suficientes para pasar la página.
¿Qué desencadenó la crisis?
La situación se generó porque en el mes de mayo específicamente se combinaron varios factores. Hubo una demora de unos recursos que debían ser transferidos desde la Nación, correspondientes al pago de las pensiones de nuestros servidores jubilados. Esto se juntó con otra coyuntura: cada vez que cambia de gobierno, en este caso el gobierno departamental, la contratación que hace la universidad para la prestación de servicios o de proyectos interistrativos. Esas condiciones impidieron que el flujo de caja de la universidad fuera suficiente para tener entonces cómo sufragar los gastos. Esto nos llevó a un retraso en el pago de los salarios más altos y también a acudir a un plan de austeridad y de rescate financiero.
¿Esto pone de alguna manera en riesgo la continuidad del servicio, de este y del próximo semestre académico.
Rotundamente no. No hay ninguna afectación a estas actividades misionales. Simplemente lo que se refleja ahora es una coyuntura importante que corresponde también a un asunto estructural, y es que a partir del año 1992, con base en la ley 30, los recursos que destina el Gobierno Nacional representan cada vez menos en las finanzas de la universidad, pero no solo de esta sino de todas las instituciones de educación superior públicas.
¿Cómo este tema de la Ley 30 de 1992 los está afectando?
Esa es una realidad que está supremamente estudiada. Todas las universidades públicas del país tienen recursos deficitarios. Las universidades venimos teniendo un incremento anual en los gastos de funcionamiento por encima de lo que se nos transfiere de recursos de base presupuestal para funcionamiento, que por la ley 30 se tasan en el IPC. Por eso es que el gobierno anterior empezaba a poner puntos adicionales al IPC, y por eso es que este gobierno ha hecho incrementos de 5 puntos al IPC para sostener al sistema. Y eso solo para funcionamiento, porque los recursos de inversión vienen de otras fuentes, los tenemos que generar las mismas universidades por nuestra cuenta.
¿Todo esto pone de alguna forma en riesgo los puestos de trabajo?
Hay un rumor que dice que vamos a destituir una gran cantidad de personas con los niveles más bajos en términos salariales. La respuestas no. Estamos ajustando la estructura pero empezamos por el vértice de la estructura istrativa.
¿Y en cuanto a los docentes de hora cátedra?
Los contratos de horas cátedras de nuestra universidad no se destinan exclusivamente para profesores que hacen docencia, también se asignan para otras funciones, en el marco de la normatividad vigente. Creemos que aquí es donde es necesario hacer ajustes, en asuntos que no tienen que ver con la docencia directa pero que tienen que ver con temas de funcionamiento y que están cargadas a fondos generales.
¿Cómo avanzan en la implementación del plan salvar económicamente a la universidad?
Hemos asumido medidas inmediatas, de corto tiempo, unas de mediano tiempo y otras de más largo aliento. La primera es que estamos comprometidos con un proceso de austeridad que venimos desarrollando de buena forma, dando ejemplo desde casa, en ajustar cómo ahorramos en la estructura desde la istración central, las vicerrectorías y las direcciones, revisando los contratos que tienen que ver con tiquetes, con el aseo, con vigilancia, y que esa intervención no afecte para nada la prestación del servicio ni las comisiones.
¿Respecto a la venta de predios qué ha pasado?
Estamos poniéndole el acelerador al tema de la venta de los activos que no tienen nada que ver con la labor misional y que desde el año 2017 el Consejo Superior nos dio la autorización de hacerlo para que estos recursos ingresen para la integración financiera de la universidad. Esperamos por esa vía recaudar unos 92.000 millones de pesos.
¿Van a buscar créditos para solventar la situación?
Estamos también tramitando un préstamo de tesorería que nos permita de alguna manera subsanar los pagos a los proveedores.
Pero todas estas son medidas urgentes. ¿Cómo garantizarán una verdadera recuperación?
En el mediano plazo estamos con una estrategia importante de ajustar las propuestas que hacemos desde la universidad respecto de proyectos que ejecutamos para autoridades externas del orden de la alcaldía, la gobernación o la nación, ajustando esos valores que nos permitan que no tengamos que sufragar recursos para poder cumplir con esas tareas. Eso significa hacer unas mejores cotizaciones y una mejor estructura de precios. El Plan de Acción Institucional (PAI) que cada rector debe presentar para el periodo, para este trienio no refleja ninguna inversión en términos de infraestructura nueva. Nuestra prioridad en este periodo va a ser ajustar los asuntos financieros para seguir cumpliendo con nuestra misión institucional.
¿Y cómo evitar que en el futuro esta situación se repita?
En el largo aliento estamos haciendo un acompañamiento al Gobierno Nacional. Creemos que es absolutamente necesaria la reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que regula la financiación de las universidades públicas, porque precisamente gran parte de la crisis actual se deriva del desfinanciamiento estructural del sector.
¿Se ha repetido el caso de retrasos en el pago de nómina como ocurrió hace unos meses?
No. Hace unas cinco quincenas que no tenemos, por fortuna, ningún retraso en el pago de nómina. Hemos ido cumpliendo con nuestros proveedores y esperamos en los próximos meses, entonces, tener una mejor situación.
¿Y qué está pendiente por pagar?
Lo único que tenemos pendiente en este momento es el pago del retroactivo del incremento de los salarios de los servidores públicos, que esperamos hacerlo en los próximos meses. No nos hemos vuelto a retrasar, ya actualizamos los salarios hace unos cuatro o cinco meses.
¿Esto afectará las ambiciosas metas de aumento de la cobertura universitaria que el Ministerio tiene con todas las universidades, pero particularmente con la Universidad de Antioquia?
No. El gobierno se comprometió con recursos adicionales a la base presupuestal por contribución a esos proyectos que tienen que ver con la ampliación de cobertura. Nosotros somos sin duda un protagonista muy importante, dos universidades aportamos el 25 por ciento de lo que fue el incremento de cobertura el año anterior (junto con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - Unad).
Usted viene de ser rector en los últimos dos periodos y hay quienes dicen que la crisis de la universidad responde a malos manejos. ¿Qué dice al respecto?
Respecto a lo que tiene que ver con supuestos gastos suntuosos o gastos exagerados, tenemos a disposición toda la información, todas las cifras, de lo que ha pasado con la Universidad de Antioquia en estos años, de los viáticos y los gastos en los que hemos incurrido. Allí siempre hay total transparencia. Los reportes de la Contraloría General de la República muestran que efectivamente el uso de los recursos es adecuado, y aparentemente son insuficientes, y por eso es que estamos en esta situación y en esta tarea de incrementar esos recursos para funcionar. En el año 1992, los recursos que daba el gobierno nacional y el gobierno departamental cubrían el 90 por ciento de los gastos de funcionamiento en la universidad. Treinta y dos años después, estos recursos cubren apenas el 76 por ciento. Eso significa que tenemos un desfase en términos económicos enorme, que tenemos que superar con actividades propias.
MATEO CHACÓN ORDUZ
Subeditor Vida - Educación
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