Paro de Fecode: ¿Por qué el magisterio insiste en hundir el proyecto de ley estatutaria de educación pese a cambios en el articulado?

El sindicato Fecode desarrolló este lunes, 17 de junio, una marcha masiva pidiendo el hundimiento del proyecto de ley estatutaria que busca reglamentar la educación como un derecho fundamental en Colombia, el cual atraviesa días cruciales, en una carrera contrarreloj para ser aprobado antes del próximo jueves 20 de junio.

Todo esto en medio de un paro permanente convocado por el magisterio, que no se ha levantado a pesar de que el Gobierno rompió su acuerdo con la oposición y radicó, para cuarto debate en la plenaria del Senado, un texto en el que se atiende gran parte de las peticiones del sindicato.

Llama la atención que la presión de Fecode, fuerte aliado del Gobierno (no solo ha marchado a favor de las reformas sino que fue uno de los aportantes de la campaña del presidente Gustavo Petro) continúe pidiendo hundir un proyecto bandera del ejecutivo, que volvió a incluir sus reparos, y al que hace unas semanas apoyaba abiertamente.

De acuerdo con Martha Alfonso, ejecutiva y vocera de Fecode, la razón radicaría en que el texto de enmienda, que se aprobó en la Comisión Primera del Senado tras el acuerdo con la oposición, sigue vivo y con posibilidades de ser aprobado.

Así lo explicó a EL TIEMPO la líder sindical: “Lo que pasa es que en este momento hay dos ponencias radicadas: la primera fue la que radicó el Pacto Histórico, que retoma lo acordado en la Cámara de Representantes más unas proposiciones, que no es perfecta, pero que reúne varias de las exigencias del magisterio. El otro es el de oposición, encabezado por los senadores David Luna y Paloma Valencia, que tiene la enmienda que se aprobó en la Comisión Primera del Senado, que es el texto que hemos rechazado”.

Según explicó Alfonso a este diario, los ánimos actuales en el Congreso, sumado a las presiones actuales de la oposición, hacen que el Senado esté muy dividido, lo que aumenta las posibilidades de que el texto de la oposición sea aprobado o que el de los partidos de Gobierno no alcance la mayoría absoluta necesaria para que un proyecto de ley estatutaria sea aprobado.

“En estas condiciones, lo que como magisterio preferimos es que el proyecto se hunda a que se apruebe la ponencia presentada por la oposición, porque esa no acoge lo que era el espíritu con que se radicó la ley estatutaria de educación, rompe con los principios básicos de lo que es un derecho fundamental a la educación. Sabemos que en el ejercicio de lo legislativo es necesario hacer acuerdos, ceder en algunos puntos, pero se están cruzando nuestras líneas rojas, y eso es algo que no podemos permitir”, aseguró la ejecutiva de Fecode.

Así las cosas, Alfonso insiste en que uno de los puntos que causa más preocupación en el articulado de la oposición es que se diga explícitamente que el sistema educativo se compone de los sectores público, privado y mixto, lo cual -sostiene- abre la puerta a que el Estado termine financiando a privados, algo que consideran un paso hacia la privatización de la educación.

"La discusión principal está en que el recurso del Estado tiene que ir principalmente para la educación pública estatal, no para que se entregue a los privados. Ese es el debate central que tenemos," afirmó.

Con respecto a la evaluación docente, punto que en la mencionada enmienda había pisado callos porque establecía que uno de los indicadores para medir a los maestros debía ser los resultados de las pruebas Saber de los estudiantes, el texto presentado por los partidos de oposición elimina este aparte, aunque enfatiza en que la evaluación debe ser obligatoria.

Más allá de la financiación y la evaluación docente, existen otros puntos que el magisterio ve con preocupación frente al texto. 

De acuerdo con Fecode, el articulado permite la “creación de bonos escolares o ‘vouchers’”, lo cual, sostienen, “habilitan claramente la privatización y mercantilización de la educación bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación. Estas lógicas afinan las ‘formas de mercado’, golpean los fines y objetivos de la educación, con esta estrategia se reafirma el enfoque basado en estándares y competencias, negando la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria, eliminando el carácter y la función social que tiene a educación”.

El texto no habla específicamente de la creación de estos bonos, aunque Fecode insiste en que esta política se crearía con el artículo 5 literal aa. de la enmienda aprobada en la Comisión Primera del Senado, según el cual se establece el principio de ‘libertad de escoger trayectoria educativa’. Bajo este pretexto, sostienen, las personas, argumentando el derecho a elegir el establecimiento de su elección, tendrían derecho a exigirle al estado el pago de dicho bono para ingresar a una institución privada.

Cabe recordar que los llamados ‘vouchers’ o bonos escolares son una propuesta que anteriormente propuso la senadora Paloma Valencia y que opera en otros países, recientemente en Argentina fueron creados por el presidente Javier Milei. Consisten en bonos que da el Estado a las familias para que decidan dónde deben estudiar sus hijos, ya sean colegios públicos o privados.

A esto se suma otro reparo. De acuerdo con el magisterio, también les preocupa el artículo 9, que en el inciso c expone que el desarrollo de los sistemas de inspección, vigilancia y control “acorde con la normatividad vigente sobre el particular”.

Aseguran que el proyecto abre la puerta a la polémica propuesta de crear una Superintendencia de Educación, la cual se ha intentado crear anteriormente, pero siempre se ha caído porque algunos sectores consideran que podría ser nocivo e innecesario para un sistema que ya cuenta con agentes de vigilancia y control en manos del Ministerio de Educación.

Finalmente, Fecode insiste en la obligatoriedad de la educación inicial, algo que ninguna de las dos versiones (la de oposición y la del Gobierno) incluye. Los maestros sostienen que el proyecto “niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y pre -jardín, en este como en todos las áreas, niveles y modalidades educativas de los colegios oficiales del país”.

En esto hay que tener en cuenta que actualmente en el país la educación es obligatoria entre los 6 y los 15 años, es decir, se incluye el grado de transición. Pero efectivamente la educación inicial no es obligatoria, y tampoco lo será con el nuevo proyecto, de ser aprobado, aunque sí se le cataloga como un componente del derecho fundamental.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación