Rectores de diez universidades hacen llamado urgente al gobierno a resolver crisis de la salud

Ante ello, los rectores de la Universidad de Los Andes, Eafit, Externado, EIA, Unab, Icesi, Sabana, UPB, Cesa y Uniminuto emitieron un comunicado conjunto pidiendo tomar medidas urgentes para resolver la grave situación que atraviesa actualmente el sistema y que ha ido empeorando durante los últimos meses. “En años recientes, y como algunas universidades hemos venido advirtiendo, la financiación del sistema se ha puesto en riesgo, producto de un crecimiento acelerado en los servicios y tratamientos cubiertos, y de una inadecuada compensación financiera por parte del Estado. El gobierno nacional, en lugar de corregir este desfase y restituir la viabilidad del sistema, presentó al Congreso un proyecto de reforma que, aunque abordaba algunas deficiencias importantes del sistema, no aclaraba plenamente cómo garantizaría su sostenibilidad y eficiencia”, señala el documento conjunto.

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De acuerdo con los rectores, al tiempo que se surtía el trámite de la anterior reforma a la salud en el Congreso, con poco consenso y profunda inquietud de parte de promotores, prestadores, médicos y pacientes, el problema financiero se iba acentuando. “La unidad de pago por capitación (UPC) –el valor por afiliado reconocido a la EPS para cubrir el plan de beneficios– ha presentado insuficiencias sustanciales y persistentes en su ajuste anual, especialmente considerando la observada profundización de enfermedades crónicas que sobrevino la pandemia (producto, entre otras cosas, del confinamiento que limitó las visitas preventivas). Esto, sumado al deficiente cálculo y reconocimiento de los presupuestos máximos –para la prestación de servicios y uso de tecnologías de salud no financiadas con recursos de UPC– llevaron a que, solo en 2023, y considerando el grupo de las 18 EPS más grandes, los recursos que alimentan el sistema se hubiesen quedado cortos en cerca de $7 billones, respecto al nivel necesario para cubrir los gastos en salud y los márgenes operacionales y financieros considerados en la Ley 1438 de 2011”, agregan los académicos.

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Dicha situación, de acuerdo con los académicos, ha terminado generando la intervención de varias EPS “que habían tenido históricamente un buen desempeño en términos financieros y de servicio, obviamente con importantes oportunidades de mejora”. Bajo la mirada de los rectores, “las intervenciones del gobierno en empresas del sector salud con dificultades deben planearse adecuadamente, idealmente estructurando primero planes de mejora, o de vigilancia especial. La prioridad del gobierno y de todos los actores del sistema de salud debe ser el bienestar de los pacientes y la oportuna prestación de servicios de salud para los colombianos. Esto es más apremiante si tenemos en cuenta que estudios recientes de universidades colombianas muestran que estas intervenciones tienen el potencial de generar problemas de capacidad en los hospitales y otras IPS —algunos de los cuales ya han empezado a enfrentar serias dificultades tras las intervenciones—, demoras en los contratos de atención, y, en general, congestionar el sistema, existiendo, por tanto, la posibilidad de incrementar la mortalidad de sus afiliados”.

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Los académicos enfatizaron en que coinciden con la necesidad de transitar hacia un modelo con mayor énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con presencia en todo el territorio nacional, que gestione adecuadamente el a nuevas tecnologías, y que establezca límites razonables a las prestaciones cubiertas por el sistema. Y que además resaltan la importancia de evitar interrupciones en tratamientos y servicios a los pacientes que lo requieren; garantizar condiciones laborales para los médicos y trabajadores del sector; fortalecer las redes de formación en salud, desde médicos familiares hasta especialistas clínicos, y un modelo de residencias articulado con la oferta hospitalaria; y minimizar las barreras de istrativo que han surgido en años recientes.

Por eso, recomendaron dar prioridad y asignar recursos para los procesos de prevención en los cuales se identifiquen de forma temprana múltiples eventos que son uno de los motivos de la mortalidad evitable. “La salud es el activo más valioso para el ser humano. Estar saludable representa la posibilidad de ser productivo, de poder cumplir las aspiraciones de vida y de poder aportarle al país. Si algo tenemos que cuidar, es la salud de los colombianos”, enfatizaron.

En ese sentido, el grupo de rectores hizo un llamado al gobierno para pedir que se convoque a todos los actores del sector a aportar en la discusión necesaria para resolver la crisis, un tema que bajo su concepto es urgente. 

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“Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para que convoque ampliamente a todos los actores del sistema de salud y concierte medidas de corto, mediano y largo plazo, que puedan solventar la crisis financiera del sector y garantizarle el derecho a la salud a todos los colombianos. Esto en atención, no solo a la difícil coyuntura, sino a las repetidas advertencias que desde la academia se han hecho sobre que nuestro sistema requerirá mayor financiación en el mediano y largo plazo. Más allá del financiamiento del sistema, que siempre será una dificultad en presencia de recursos limitados, es importante considerar cuál será el modelo de aseguramiento, bajo qué criterios de ética, equidad y costo-eficiencia se decidirá la distribución de recursos en el sistema y cómo se tomarán decisiones respecto a tratamientos apalancados en tecnología que a la vez que mejoran la expectativa de vida de las personas, encarecen de manera significativa la salud en el ámbito global”, resaltaron.

Las universidades firmantes además manifestaron estar disponibles para apoyar en dichas discusiones y ayudar a resolver con la mayor celeridad una problemática que, bajo su mirada, es urgente de solucionar. 

EDWIN CAICEDO | REDACTOR SALUD
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