Riesgos de la ‘paz total II’

La seguridad sigue estando en la percepción de los colombianos como uno de los temas con fuerte incidencia sobre el sentir de casi el 75 por ciento de la población de que el país va por mal camino.

El balance de su gobierno hecho por el presidente Petro en cuanto a seguridad se limitó a destacar los ajustes de la bonificación que se hace a soldados regulares y a patrulleros por los servicios prestados como un deber moral con la patria. Si bien es un hito favorable para la base de la pirámide, ese solo aspecto no logra el cumplimiento de los pilares de su política de seguridad y defensa.

La ambiciosa propuesta de ‘paz total’ generó escepticismo por cuanto no estaba claro el cómo de la iniciativa que abriría varios frentes de negociación con ilegales disímiles al mismo tiempo. El Congreso de la República aprobó la ley de paz total y la Corte Constitucional le dio vía libre; sin embargo, dejó claras líneas rojas como la imposibilidad de negociaciones y otorgamiento de beneficios a desmovilizados que incumplieron los acuerdos de paz y límites a la autonomía presidencial en el levantamiento de órdenes de captura, cuya decisión es de la justicia.

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El Plan Nacional de Desarrollo aprobó el programa de acuerdos parciales para la ‘paz total’ y el establecimiento de regiones de paz como territorios definidos para la inversión social necesaria para estabilizarlos.

Luego de dos años de Gobierno, el balance de la aplicación de estos instrumentos es negativo. El Presidente priorizó la visión política y sus sueños revolucionarios al momento de poner en práctica la negociación con los grupos ilegales. Desde la campaña dejó al descubierto su ingenuidad o ligereza en medir los desafíos de las negociaciones, cuando aseguró que en tres meses se acabaría el Eln porque se haría la paz.

El 31 de diciembre de 2022 sorprendió con la expedición de los decretos de cese del fuego bilateral de carácter nacional que cobijaban al Eln, al ‘Estado Mayor Central Farc-EP’ (Emc), a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) y a las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’. Esta avezada pero no suficientemente sopesada decisión fracasó rápidamente. A los dos días, el Eln desmintió que se tratara de un acuerdo y el Gobierno tuvo que echar para atrás el decreto. Luego en corto tiempo se rompieron conversaciones con los demás. El Emc Farc se fraccionó y con algunos de estos subgrupos se mantienen zonas con cese bilateral del fuego. Lo acordado posteriormente con el Eln terminó la semana pasada y no hay claridad sobre lo que sigue.

Este panorama ha dificultado el accionar de militares y policía. Se perdió continuidad, información y oportunidad de operaciones fundamentales para el desmantelamiento de la criminalidad. Mientras tanto, las organizaciones ilegales se fortalecieron, avanzaron en el territorio. Reclutaron miles de menores de edad, ganaron más dinero, compraron más armas y hasta incursionaron en el uso de tecnologías para atacar a la Fuerza Pública y a la sociedad civil.

Las cifras de vulneración de derechos humanos han aumentado. Según Indepaz y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en dos años se han asesinado 355 líderes sociales y 84 firmantes del acuerdo de paz de 2016, han ocurrido 167 masacres y 486 desplazamientos masivos de población.

Las causas que se atribuyen al fracaso de la ‘paz total’ se pueden resumir en falta de preparación que incluyera conocimiento previo de cada grupo en particular, sus capacidades y alcances; sus verdaderos propósitos e intereses; sus estructuras y evolución de características que ya no están determinadas por jerarquías, ni unidad de mando; y los inmensos ingresos económicos derivados de fortalecidas cadenas de economías ilícitas; la falta de aplicación de guías y de lecciones aprendidas, así como de la implementación de un sistema de seguimiento y verificación.

La afirmación que hizo Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU, según la cual si se legaliza la cocaína, se acaba la violencia en Colombia, no es real.

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A pesar del bajonazo que tuvo el precio internacional de la coca, la explotación ilegal de minerales, el microtráfico de sustancias psicoactivas, el tráfico de migrantes, el contrabando, el secuestro y la extorsión mantienen la violencia. Porque al decir del propio Presidente son organizaciones multicrimen, que estratégicamente fragmentadas se han distribuido el territorio colombiano hasta abarcarlo todo. Controlan las fronteras y en las ciudades están presentes a través de milicias y grupos delincuenciales.

La situación se agrava con la desmoralización de la Fuerza Pública, que parece una de las estrategias del Gobierno para implementar su visión sobre seguridad. Se puede afirmar que una de las primeras acciones fue blindarse en el relacionamiento con el mando. 

Se aseguró de relevar a los más experimentados generales, hasta el punto de dejar al frente a quienes venían abajo en la línea de sucesión desconociendo la importancia de la experiencia; el conocimiento del territorio, de las formas de accionar de los ilegales; la información y análisis de inteligencia sobre fortalecimiento de finanzas y las proyecciones que la Fuerza Pública tenía claras sobre los desafíos de la guerra híbrida.

Se inicia entonces un debilitamiento de las Fuerzas Militares, como lo dicen Pastrana y Vera (2024) con la desaparición de la doctrina y de operaciones conjuntas entre FF.MM., pérdida de capacidades humanas y tecnológicas de inteligencia, indecisión o ralentización para las acciones militares, el desmantelamiento de unidades estratégicas y bajas en niveles de oficiales de mando y suboficiales, experimentados en operaciones.

Además de mayor riesgo para las tropas que están en el terreno, pues con la disminución del presupuesto la mayor afectación se ha sentido en capacidades aéreas tanto en aviones como en helicópteros, agravado porque la flota necesaria para mover carga y logística está en 30 por ciento por las dificultades del mantenimiento al ser de origen ruso.

La mayor afectación se deriva de ataques con drones, para lo cual no hay respuesta contundente. El país más avanzado en antidrones es Israel, al que no se le puede comprar y con el que se suspendió el apoyo que daba en procesos de investigación y transferencia de tecnología.

Este segundo tiempo de gobierno es reducido para la implementación de la ‘paz total’ porque hay otras urgencias que no dan espera: la crisis fiscal, la casi nula inversión y las consecuencias que de ellas se desprenden en malestar social, así como el proceso electoral que está en antesala.

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Ya se sabe que el Eln no ha itido dejar el secuestro, no considera la entrega de armas, exige que se implemente el proceso de participación que se ve frenado por la estructura constitucional y legal y las limitaciones económicas que tiene el Gobierno; además frenó las conversaciones porque le ha generado malestar el reconocimiento político y el diálogo regional con el frente Comuneros del Sur en el departamento de Nariño, disidencia que rompe con la tradición de lealtad que deben tener sus integrantes.

El proceso con el Emc Farc parece no tener salida. El grupo de ‘Mordisco’ se consolidó como el más fuerte financiera y estructuralmente. Copió la doctrina y organización de las viejas Farc y la adaptó a la federalización de grupos que distribuidos en corredores estratégicos permiten el tráfico de economía ilícitas entre el Pacífico y Venezuela, atravesando Colombia por el sur y desde Chocó hasta Norte de Santander.

Las Agc sólidas económicamente y con el control territorial de Chocó, Urabá, Bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar, zonas de Santander y Norte de Santander tienen asegurada salida al mar Caribe, al Pacífico y a Venezuela y controlado el tráfico ilícito de migrantes hacia Centroamérica.

Pareciera que solo pretenden bajar la intensidad de la Fuerza Pública, pues saben que no tienen opción política y que el trámite de la ley para cualquier acuerdo sobre penas y aplicación de justicia no tiene espacio en la opinión, lo que la hace inviable en el Congreso, a pesar de la empatía que pueda tener la Fiscalía General en este momento con el Gobierno Nacional.

La mesa de acercamientos y conversaciones con la ‘Segunda Marquetalia’, siendo la de mayor posibilidad de acuerdos, dada su inferioridad política y militar, pasa por la dificultad de que no es viable una negociación pues tiene prohibición constitucional por estar conformada por disidentes y de las Farc, grupo con el que se hizo acuerdo en el pasado.

Quizás las opciones de firmar algo se reduce al frente Comuneros del Sur de Nariño,

quienes podrían darle una victoria al Gobierno en aplicación de un acuerdo parcial y la justificación para argumentar que se necesitan otros cuatro años de mandato del Pacto Histórico porque el tiempo fue limitado para la paz.

En la recta final los gobernadores y alcaldes juegan papel trascendental. El ejemplo de gobiernos sin corrupción en los que hasta el último centavo se invierta en beneficio de las comunidades mantendrá la fe en las instituciones. Su apoyo a la Fuerza Pública y a la denuncia de ilegales es fundamental.

Las Fuerzas Armadas deben resistir. A pesar del acecho político a sus bases y de presión a sus comandantes, tienen que mantener la moral y la mirada puesta en el mandato constitucional que los rige. Está sobre sus hombros la obligación de proteger el proceso electoral del 2026 –que ya se inicia–.

A la organización electoral hay que rodearla para blindar el proceso. No solo el día de las elecciones, sino desde ya. Importante que convoque a los ciudadanos a cuidar la democracia, a los partidos y candidatos para que haya respeto en la financiación. Crear procesos rápidos que impidan ingresos de dineros ilegales y violación de topes en la campaña para el Congreso y la elección presidencial

Si la Corte Constitucional da vía libre al nuevo código electoral, la unión de fuerzas con organizaciones civiles y sociales se hace fundamental. Se implementará la tecnología en todo el proceso electoral, incluyendo el voto mixto con el sistema venezolano. Es ahí donde hay mayor riesgo para la democracia colombiana.

AUTOR: Nancy Patricia Gutiérrez (*) 

Para EL TIEMPO 

(*) Ministra del Interior en el gobierno de Iván Duque. Es actual diputada en Cundinamarca. Expresidenta del Senado y de la Cámara de Representantes. Fue la primera alcaldesa elegida popularmente en el municipio de Agua de Dios.