Las razones que llevaron al fracaso el intento del Gobierno por instalar una mesa con los exparas

Ocho meses después de que el presidente Gustavo Petro anunció en Montería su controvertida idea de reabrir la mesa con los exparamilitares, veinte años después de Justicia y Paz, y de designar a 18 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz, 16 de ellos -los que seguían cobijados bajo la figura- publicaron una carta en la que “suspenden el encargo” en ese rol, aduciendo supuestos incumplimientos de la oficina del consejero comisionado de paz, Otty Patiño.

(Además: Exjefes paramilitares renuncian a gestoría de paz por diferencias con Otty Patiño).

En el documento afirman que las designaciones se convirtieron en un gesto simbólico y señalaron que, pese a que había un compromiso para instalar la mesa antes del 20 de mayo -plazo que se extendió hasta el 4 de junio-, la oficina de paz del Gobierno no cumplió. Además, también hablan de diferencias con María Paz Lara, mano derecha de Patiño, y con Álvaro Jiménez, jefe negociador en los acercamientos con el ‘clan del Golfo’.

“Los incumplimientos reiterados, dilaciones sistemáticas, la lesiva falta de transparencia y la abierta insubordinación frente a sus órdenes presidenciales directas y públicas, la falta de gestión efectiva y voluntad política por parte de dicha oficina han minado la confianza”, se lee en la carta, en la que se solicita al presidente Petro que los reciba de manera privada.

Y agregaron: “Estas acciones, además de frustrantes, sugieren una intención de deslegitimar el proceso de Santa Fe de Ralito. La negativa a reconocer ese capítulo de la historia nacional tiene una intención subrepticia: la de reescribir la historia al acomodo y conveniencia de quienes dirigen esa oficina. Obedece a una postura prejuiciosa y dogmática que nos hicieron saber. Ellos afirman que ‘la negociación de Ralito nunca existió’”.

La carta está firmada por Salvatore Mancuso; Carlos Mario Jiménez, Macaco; Diego Fernando Murillo, Don Berna; Hernán Giraldo, el Señor de la Sierra; Rodrigo Pérez Alzate, Julián Bolívar; Luis Eduardo Cifuentes, El Águila; Manuel de Jesús Pirabán, Pirata; Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada; José Baldomero Linares, Guillermo Torres; Freddy Rendón Herrera, El Alemán; Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40; Edward Cobos Téllez, Diego Vecino; Héctor Germán Buitrago, Martín Llanos; Arnubio Triana Mahecha, Botalón; Ramiro ‘Cuco’ Vanoy; y Héctor Buitrago Rodríguez, El Patrón.

(Le puede interesar: Designación de 'exparas' como gestores desata controversia y genera más dudas en la 'paz total').

Este hecho parece marcar el cierre definitivo de un proceso que, desde sus inicios, generó tensiones al interior del Gobierno y múltiples dudas jurídicas sobre la viabilidad de “cerrar el Acuerdo de Santa Fe de Ralito”, como lo planteó en su momento el Ejecutivo.

Una de las primeras críticas que suscitó la designación de Mancuso, ‘Cuco Vanoy’, ‘Don Berna’, Jorge 40 y otros exjefes paramilitares como gestores de paz -además del rechazo expresado por decenas de víctimas de las autodefensas- fue que dicha figura, según lo establecido en la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1175 de 2016, está destinada a integrantes activos de grupos armados organizados al margen de la ley que puedan contribuir a la implementación de acuerdos.

De ahí surgió el interrogante sobre qué grupos armados representaban en la actualidad estos antiguos señores de la guerra, especialmente considerando que muchos de ellos cumplían penas de prisión en cárceles de los Estados Unidos. Aunque esta pregunta nunca fue respondida de manera clara, algunos se vincularon a espacios ya establecidos en el marco de la política de ‘paz total’ -‘Don Berna’, por ejemplo, se sumó a la negociación que adelanta el Gobierno con bandas criminales en Medellín-.

Sin embargo, el principal interés de quienes aceptaron la figura de gestores de paz era la instalación de su propia mesa de negociación, una demanda que venían planteando insistentemente desde enero. En ese sentido, el 29 de abril en Montería, y bajo la coordinación del Centro Nacional de Memoria Histórica -no de la oficina de Patiño-, se dio inicio a un nuevo escenario de conversación.

Esta situación generó tensiones entre la entidad encabezada por María Gaitán Valencia y la oficina del comisionado, desde donde se consideraba inviable y poco pertinente la creación de una mesa de negociación con exintegrantes de grupos paramilitares que se desmovilizaron hace más de dos décadas. Aunque dicha oficina envió delegados al encuentro realizado en Montería, este fue concebido inicialmente como un espacio para la rendición de cuentas sobre las funciones asignadas a los gestores de paz, y no como una instancia de diálogo, lo que también provocó molestias.

(Siga leyendo: Mesas con los 'exparas', el otro desafío de la 'paz total' que fractura al Gobierno: las dos posturas que chocan).

Gaitán, por su parte, manifestó días después en diálogo con El Espectador que el propósito de esta mesa era concluir con la presentación de un informe sobre hechos de la guerra paramilitar que aún no habían sido revelados, así como propiciar la participación de los exparamilitares en tareas orientadas a la búsqueda de personas desaparecidas.

Fuentes cercanas a la oficina de paz señalaron que una de las consecuencias de esta decisión de los exparas es que ya no podrán ejecutar los planes de trabajo que habían acordado previamente. Además, al no haber recibido beneficios jurídicos de esta designación, en el corto plazo no habría mayores consecuencias para ellos.

Para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, esta carta confirma uno de los problemas que desde el principio tuvo el anuncio del presidente Petro: la falta de claridad con respecto a cuáles eran los objetivos que perseguía.

“Se evidencia el desinterés que mostró desde un principio la Oficina del Comisionado de Paz. Era una mesa que buscaba cerrar un proceso que hoy está en una jurisdicción transicional, y lo que se especulaba más bien era que se pretendía utilizar la información entregada por estos comandantes paramilitares con fines electorales en 2026, precisamente para atacar a la oposición política del Gobierno”, señaló.

(Lea también: Los riesgos que implicaría para la democracia el 'decretazo' anunciado por Gustavo Petro para su consulta popular).

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), añadió que esto es un nuevo reflejo de la desconexión que existe entre los anuncios del presidente Petro y sus funcionarios. “No se tenía claridad de los objetivos específicos de esta medida, ni las capacidades de la OC para hacer realidad esta decisión, ni mucho menos para hacer seguimiento y verificación. Tampoco había claridad de cómo esta medida iba a satisfacer los derechos de las víctimas y nunca fue claro qué significaba ‘cerrar el proceso de Ralito’”, opinó.

Para los analistas, la suspensión del encargo por parte de los exparamilitares, sumada a las críticas por los nulos avances tras ocho meses de gestión, la escasa información disponible y el silencio institucional frente a los objetivos de la mesa, refuerza la percepción de que la política de ‘paz total’ no tiene rumbo.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
X: (@camiloandres894)