ONU reconoce esfuerzos para proteger a líderes sociales, pero lanza alerta por masacres

Un informe presentado por la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, reveló que en el último semestre el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos disminuyó un 19 por ciento, mientras que las masacres aumentaron 10,6 por ciento.

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El documento, que recoge datos entre el 1.° de enero y el 30 de junio del 2023, analiza los avances en las reformas propuestas por el Gobierno, expone las preocupaciones del organismo en materia de derechos humanos y formula una serie de recomendaciones para el Estado en términos de protección para defensores y líderes sociales.

Sobre este último apartado, el organismo señaló que durante el primer semestre del 2023 se registraron 46 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, lo que representa una disminución de 11 episodios frente al segundo semestre de 2022 y de 13 frente el primer semestre del mismo año.

Un dato que preocupa a la oficina de Derechos Humanos es que el 35 por ciento de las personas asesinadas en este periodo pertenecían a juntas de acción comunal y el 20 por ciento eran líderes indígenas o hacían parte de organizaciones afrodescendientes y campesinas, siendo Cauca, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca los departamentos más afectados.

De Rivero reconoció los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la protección colectiva de líderes sociales a través del Decreto 660 o el relanzamiento del Programa Integral de Garantías para Mujeres Defensoras. “Esto es positivo, pero el alto número de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo intolerable”, aseguró la representante.

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Sobre este asunto, ya se había pronunciado Franklin Castañeda, encargado de derechos humanos del Ministerio del Interior, quien señaló que dichas cifras son un indicador de que “se va por buen camino”. “Ojalá los ceses del Eln y el que entra a funcionar con el Estado Mayor Central colaboren a disminuir la cifra. Sin embargo, tenemos la preocupación y reconocemos que los casos de personas asesinadas se dan en territorios en disputa, donde los grupos se enfrentan entre sí”, dijo en entrevista con EL TIEMPO.

Menos alentador es el panorama en materia de masacres en el país. Durante los primeros seis meses del año se registraron 52 hechos verificados de este tipo en todo el país, los cuales dejaron 168 víctimas (19 menores de edad). Estos son cinco casos más que en el segundo semestre del 2022.

“Se sigue observando que un alto porcentaje de estas tienen como presunta autoría grupos armados no estatales y organizaciones criminales”, señaló De Rivero. Los departamentos más afectados, según el informe, fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

Una de las preocupaciones de la oficina de las Naciones Unidas tiene que ver con el incremento de acciones de control social. De hecho, en el documento se denuncia la aparición de al menos 11 reglamentos de conducta elaborados por grupos armados que contienen pautas que restringen los derechos de las poblaciones.

“El control que se ejerce sobre la población socaba la autoridad del Estado. (...) Preocupa en particular la continua expansión territorial de grupos armados y las estrategias violentas de control social que utilizan contra la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido”, se lee en el informe.

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En lo que tiene que ver con el reclutamiento de menores, de enero a junio se verificaron 48 casos (34 niños y 12 niñas). Los departamentos más afectados son Amazonas, Antioquia, Arauca y Cauca. Con respecto a los desplazamientos, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) registró una disminución de 33 por ciento de los casos de desplazamiento si se compara el primer semestre del 2023 al semestre anterior y un aumento de 2 por ciento de los casos de confinamiento en el mismo periodo.

La principal recomendación que emitieron es la necesidad de hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad humana en los territorios.

Igualmente, pusieron sobre la mesa la necesidad de articular mejor a las autoridades locales, regionales y nacionales del Estado y del Gobierno en territorio para “fortalecer la presencia integral del Estado, empoderar a las organizaciones de base y proteger a la población civil frente al actuar de los grupos”.

REDACCIÓN POLÍTICA