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Entrevista

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'Nuestra posición es respaldar totalmente las acciones de las autoridades y de la Fiscalía': Camilo González Posso tras escándalo con camionetas de la UNP

El jefe de la delegación de Gobierno en la mesa con las disidencias dijo que, aunque había delegados de ese grupo autorizados para ser transportados, hubo fallas en los controles de la UNP.

Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno con las disidencias.

Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno con las disidencias. Foto: Oficina del Consejero Comisionado de Paz

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24 horas después de que las autoridades de Antioquia sorprendieron a un grupo de disidentes del ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes de las Farc-EP’ con órdenes de captura vigentes en camionetas de la UNP, y que se comprobó que dentro de los vehículos había armas y altas sumas de dinero en efectivo, el jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación con esa organización, Camilo González Posso, señaló que respalda la actuación de las autoridades y que, quienes coordinan la seguridad y el transporte de los disidentes que están en la mesa, deben ser más estrictos en sus controles.

¿Cuál es la postura de la delegación de Gobierno ante hechos como el de ayer?

Nuestra posición es respaldar totalmente las acciones de las autoridades y de la Fiscalía en lo que tiene que ver con la captura y con todo lo que tiene que ver con los procedimientos judiciales en el caso del jefe del Frente 36 que iba en la caravana, el señor ‘Firu’.

¿De dónde venían y hacia dónde se dirigían?

Estaban en una reunión programada después del quinto ciclo. Estaban un encuentro de coordinación para implementar los acuerdos que tienen que ver con el Catatumbo y la caravana estaba siendo tránsito hacia el Yarí, en Caquetá. Allá tenemos, como mesa, una programación y jornadas sobre transformaciones territoriales definidas, no solo en ese departamento, sino también en el sur del Meta.
Camionetas de la UNP adjudicadas a los jefes de las disidencias.

Camionetas de la UNP adjudicadas a los jefes de las disidencias. Foto:Fuerzas Militares de Colombia

Se habla de que estos disidentes venían desde Venezuela, ¿las camionetas pudieron haber estado en ese país?

De ninguna manera. La UNP tiene personal encargado de ese transporte y no hay ningún reporte en ese sentido.

¿Es común y legal que se hagan este tipo de recorridos y que los hagan en camionetas de la UNP?

Sí, ese es el procedimiento. En algunas ocasiones se han aprobado transportes aéreos, también para la delegación del Gobierno. La Unidad Nacional de Protección y la UNIPEP (Unidad Policial para la Edificación de la Paz) coordinan las medidas de seguridad, de modo que se evite cualquier problema en el transporte o en las mismas reuniones.

¿Por qué solo cuando ocurren las capturas se sabe que la suspensión de esas órdenes fueron solicitadas?

Eso tiene un procedimiento regular. La verdad es que el Gobierno remite las solicitudes y las resoluciones correspondientes con la solicitud a la Fiscalía y ellos hacen su trámite. De modo que eso ya está en el resorte de las autoridades correspondientes.

¿Y qué les ha dicho la Fiscalía? ¿Insistirán en que estas personas hagan parte de la mesa?

El trámite, que se hace por solicitud de ellos luego de que nombran sus delegados, está en su curso. Ahora, no sé cuál será la decisión de la fiscal, pero eso tiene su regulación, está la ley 2272 del año 2022 que establece atribuciones al Presidente de la República para poder solicitar suspensiones de órdenes de captura con el propósito de facilitar conversaciones de paz.
Fiscalía capturó a alias Firu, jefe del frente 36 de las disidencias

Fiscalía capturó a alias Firu, jefe del frente 36 de las disidencias Foto:Fuerzas Militares de Colombia

¿Ya habló con el jefe de la delegación de las disidencias sobre este asunto, con Leopoldo Durán?

No, por ahora hemos hablado directamente con Calarcá y con Andrey. Es un asunto que entraremos a analizar.

¿Qué consecuencia tendrá este episodio en la mesa?

Por supuesto que aquí hay una alerta sobre los controles que son de regla y que deben ser muy estrictos. Creo que hay fallas de parte de quienes deben hacer el registro de las personas a transportar y fallas también de quienes los subieron a esos vehículos, es decir, de Calarcá. Eso tiene que corregirse porque sienta precedentes muy negativos sobre el proceso y traba el funcionamiento de la mesa. Es algo completamente inconveniente y que debe ser objeto de todas las regulaciones y correcciones del caso.

¿Y de qué va a tratar esa reunión en el Yarí? ¿A qué van?

Son unos diálogos territoriales que venimos realizando de manera más intensa desde la reunión plenaria en San José del Guaviare en el mes de marzo y en la recomposición de la mesa se hizo una planeación muy rigurosa. En mayo, junio y julio se hicieron eventos en cuatro zonas del país y participaron más de 5.000 voceros de comunidades en áreas de alta presencia de este Estado Mayor.

¿Y de qué temas se habla en estos espacios?

Allí se han acordado acciones de las instituciones en materia de tierras, en materia de vivienda, en lo que tiene que ver con muchas de las necesidades que estas comunidades han establecido en los programas de desarrollo territorial o en los planes de desarrollo y que tienen trabas. Son transformaciones en los territorios en aras de la paz para responder a las comunidades en zonas muy olvidadas y en las que el Estado ha tenido una presencia precaria. 
Eso forma parte de toda una estrategia por la paz con acciones demostrativas que se hacen en territorios donde estas organizaciones confluyen y que buscan sentar precedentes en la transición hacia un acuerdo de paz. Es decir, es ejecutar cosas que se van pactando de manera inmediata. Es un esquema nuevo en este proceso.
Disidencias mesa

Delegación del Gobierno en la mesa con las disidencias. Foto:Oficina del Alto Comisionado para la Paz

¿Hablando de asuntos del proceso, se extendió el cese del fuego, pero solo con unos frentes, eso no puede generar confusiones para la Fuerza Pública?

En el marco del ciclo que se realizó la semana anterior, comenzó el proceso de entrega de información con mapas y con coordenadas en las que se muestran asuntos de movilidad de estas estructuras y a partir de los cuales la Fuerzas Pública, particularmente las Fuerzas Militares, hacen la validación de información para establecer coordinaciones, sistemas de comunicación y mecanismos de prevención de acercamiento entre grupos armados en cese del fuego. Esta estrategia tiene una actividad preventiva y de protección a las comunidades y, además, busca generar las mejores condiciones para las inversiones de transformación territorial. 
Creo que es una experiencia que no se ha tenido en Colombia en un proceso de paz. Pero ojo, estas no son zonas de concentración, tampoco son las zonas de ubicación previstas para la fase final del proceso. No son campamentos fijos, es una modalidad transitoria y tiene su delimitación territorial, pero sin ser de concentración. Por el contrario, son áreas precisas, pero en las que hay movilidad tanto para las estructuras del Estado Mayor como para la Fuerza Pública. Ojalá estos inconvenientes y otros que se están presentando no frenen las iniciativas que son de beneficio para las comunidades.

Por último, ¿cuál será la postura de la delegación frente a hechos como las amenazas contra los firmantes de paz o las extorsiones en el sur del Meta?

La postura del Gobierno es muy firme, incluso en el decreto de prórroga del cese del fuego por tres meses se establece de una manera muy precisa la obligación, porque es una obligación, para los delegados Gobierno, en primera instancia, y para toda autoridad de actuar en contra de estas contribuciones arbitrarias impuestas de manera forzada a las poblaciones. Hay que decir que no se trata solamente de una tributación ilegal, tiene conexas amenazas y otras modalidades de agresión a la población, a veces atentados, retenciones, confinamientos. Por eso es obligación de la autoridad, de la Fuerza Pública, actuar de manera decidida. No puede haber omisión ni permisividad alguna frente a este tipo de situaciones.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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