De entre todos los escenarios en los que se mueve la estrategia gubernamental de la paz total, el de la negociación política con el Eln, es, si se quiere, no solo el más importante sino también el más “prometedor”. Pero a menos que se introduzca por ambas partes un giro realmente estratégico, es un esfuerzo que difícilmente va a terminar bien.
El asunto del secuestro es un buen ejemplo de temas que se conversan, discuten y acuerdan en la mesa de negociación, pero luego emergen interpretaciones diferentes que van llevando el proceso a un desgaste que termina por agotar muy rápidamente los espacios políticos (no son muchos, valga decirlo) para pactar la paz con ese grupo.
Lo convenido con el Eln hasta ahora es meritorio, comenzando por tener una mesa y una agenda de negociación acordada, así como un pacto de cese al fuego y un plan de alivios humanitarios, todo con un sólido acompañamiento internacional y de la Iglesia Católica. Pero esta, y cualquier otra transición de la guerra a la paz, es difícil y compleja, y este caso no es distinto. La necesidad de proscribir el secuestro por parte de la guerrilla es el gran desafío de este momento, pero no es el único. Hay varios otros asuntos de la forma y el fondo de la negociación que van a ser igualmente problemáticos, o más incluso, si no se aclaran rápidamente sus alcances.
Uno de ellos es el llamado “fin del conflicto” que va de la mano con el desarme y la desmovilización del Eln, de lo cual, pese a estar pactado en uno de los puntos de la agenda de negociación, algunos dirigentes de esa guerrilla se han apresurado a precisar, reiteradas veces, que ni se van a desmovilizar ni van a hacer dejación de armas.
Potencialmente problemático será también la interpretación sobre la idea de que “lo que se vaya acordando se va implementando”, que va muy bien para propósitos del desescalamiento del conflicto y transformaciones de corto plazo en muchos territorios, pero que difícilmente puede ser aplicado a la implementación de las grandes trasformaciones que sean acordadas al final de la negociación, lo cual requiere condiciones y tiempos en el largo plazo. De no aclararse este punto, por ejemplo, el Eln bien podría argumentar que mientras el Estado no cumpla con esas transformaciones, pues no se desarma. Y una especie de “veeduría armada” al proceso de paz, sería inaceptable.
Debiera ser igualmente objeto de aclaración el alcance de los temas pactados en la agenda relacionados con el modelo económico y los de seguridad nacional (incluyendo doctrina militar), que en otras experiencias de negociación son justamente aquellos temas o líneas rojas de los que ni se discute y menos aún, se negocia. No obstante haberse precisado en su momento que no se trata de un cambio en el modelo vigente, esa reiteración no sobra dados los malos entendidos que con tanta frecuencia afloran en el diálogo con esta guerrilla.
Pero el mayor desafío es político y se refiere a lo que el Eln, el gobierno y el país pueden esperar de esta negociación, bajo un principio de realidad. Sin duda, se trata de una apuesta diferente a las demás, en las que el objetivo central no es el desarme de la guerrilla (aunque al final necesariamente deba darse) y ni siquiera su participación política, sino a cambio, profundas transformaciones (se asume que en todo caso democráticas) que van al origen de las causas del conflicto armado y las condiciones que lo reproducen.
Hay otros interrogantes que también deben ser resueltos como: ¿Habrá algún tipo de refrendación popular de los acuerdos? ¿Darán los tiempos políticos y del calendario para llevar el proceso y sus resultados a un Acuerdo Nacional? ¿Y las víctimas…?
Ninguno de estos asuntos “problemáticos” son insuperables. Constituyen todo un enorme desafío que se puede volver oportunidad si se abordan rápida y claramente para bien de un proceso que a todos interesa que termine bien. Pero con independencia de que ya estén en la agenda y estén en un calendario acordado requieren de su atención prioritaria porque los tiempos y los escenarios políticos van cambiando, y no siempre para bien.
Son temas para hacer claridad, ojalá en el próximo ciclo de conversaciones. No cabe dejarlos para después o asumir que “ahí vamos resolviendo en el camino”. La aspiración gubernamental de acortar los tiempos para llegar al fin del conflicto es sensata y tiene fundamento. ¡Es una necesidad!
*Diego Arias - Especial para EL TIEMPO
Firmante de Acuerdos de Paz con el FMLN (El Salvador) y el M19 (Colombia)
Especialista en Resolución de Conflictos, Cultura de Paz y DIH