Gobierno y Comuneros del Sur acuerdan creación de zona de ubicación temporal: sería la tercera en la ‘paz total’

Tras dos días de diálogo entre los voceros del Gobierno y del frente Comuneros del Sur, las partes confirmaron, al cierre del séptimo ciclo de negociación en Pasto, la creación de una zona de ubicación temporal para la concentración de tropas del grupo armado en el municipio de Mallama (Nariño). En este espacio, los de la disidencia del Eln comenzarían su tránsito hacia la vida civil.

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“Se van a comenzar a ubicar a sus combatientes para garantizar y fortalecer la transformación territorial y para comenzar el tránsito hacia la vida civil, previa dejación de armas”, señaló Carlos Erazo, jefe de la delegación del Ejecutivo, en rueda de prensa.

Esta zona de ubicación temporal, la tercera que se instalaría en el marco de la política de ‘paz total’ —tras las anunciadas en los procesos con el frente 33 y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano— tendrá una duración de un año a partir de la expedición del acto istrativo que la constituya.

“Allí regirá el Estado social de derecho y serán las autoridades quienes garanticen la seguridad de la zona”, añadió Erazo, quien subrayó que el propósito final es que los integrantes de este grupo puedan establecerse como un movimiento social y político una vez se firme un eventual acuerdo de paz.

Además, antes de la instalación de esta zona de ubicación se realizará una consulta previa con las autoridades étnicas del territorio donde se pretende establecer. Asimismo, según confirmaron los voceros, próximamente se darán a conocer los tres protocolos que acompañarán el acuerdo: ingreso a la zona de ubicación, tiempos y garantías de seguridad, y funcionamiento del espacio.

“Es un espacio en donde se van a adelantar actividades de reincorporación, esperando que se pueda seguir avanzando hacia un acuerdo final”, indicó Royer Garzón, vocero de Comuneros del Sur, quien señaló que inicialmente un 30 % de sus tropas se alojará en este espacio.

Otro aspecto que deberá definirse en los próximos días es la eventual suspensión de las órdenes de captura, asunto que tendrá que ser aprobado por la Fiscalía General de la Nación, así como la posibilidad de establecer un cese del fuego o la suspensión de operaciones ofensivas, paso que, como confirmó Erazo, deberá ser oficializado por el presidente Gustavo Petro.

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Este acuerdo, el número ocho de la mesa, estará ligado a un compromiso para la reintegración de los integrantes de Comuneros del Sur. Para avanzar en este tema, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización deberá entregar, en un plazo de 60 días, una ruta de reintegración colectiva.

El acuerdo número diez contempla que el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) implementará un programa para el fomento de la democracia en los diez municipios priorizados en este proceso: Barbacoas, Samaniego, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Santacruz de Guachavés y Los Andes Sotomayor.

Cabe mencionar que uno de los primeros temas abordados tras la instalación de la mesa con este grupo, a mediados de 2024, fue la conformación de un movimiento político en la región. Sin embargo, esto estaría supeditado al marco jurídico que se establezca para el cierre del proceso. En ese sentido, los de la mesa confirmaron que se trata de un asunto en discusión. “El marco jurídico no puede ser una excusa para que este proceso no avance”, señaló Royer.

El último acuerdo alcanzado incluye el compromiso de Comuneros del Sur de abstenerse de cualquier conducta que ponga en riesgo a menores de 18 años. En ese sentido, el ICBF realizará una caracterización de los niños, niñas y adolescentes de la región, la cual será presentada en un informe en un plazo de 90 días.

Este encuentro está precedido por la tensión política generada tras la publicación de la resolución que suspende la extradición Gabriel Yepes Mejía, alias HH, a la justicia estadounidense “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de consecución de la paz total (…) como negociador de la mesa de diálogos de paz con el Gobierno y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”.

Alias HH, quien ha tenido un papel activo en varios ciclos de la denominada Mesa para la Co-construcción de la Paz Territorial en Nariño -como le denomina el Gobierno a esta mesa-, es requerido por la Corte del Distrito Sur de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico y concierto para delinquir. La decisión se toma en medio de una investigación que vincula a Yepes, desde 2019, con la fabricación y distribución de cocaína para su importación ilegal a Estados Unidos.

De hecho, el debate en torno a la extradición de alias HH habría sido uno de los motivos que llevaron a la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a presentar su renuncia. Según sus propias declaraciones, recibió presiones desde el propio Gobierno para frenar el envío del líder de los Comuneros del Sur a Estados Unidos, en lo que constituye la primera decisión de este tipo tomada en el marco de la política de ‘paz total’.

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Frente a esta situación, los voceros de la mesa señalaron que la consecución de un acuerdo no está supeditada a esta decisión y expresaron su confianza en que esta medida será respaldada por un eventual compromiso de paz.

Con este grupo armado, el Gobierno ha logrado avances en temas de desminado y en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Además, se firmó un acuerdo de cese al fuego bilateral en el departamento de Nariño, el cual aún no ha entrado en vigor. La tregua se extendería por 180 días y, según confirmó este martes Erazo, podría comenzar de manera paralela con la concentración de los integrantes del grupo en zonas de ubicación temporal.

Asimismo, en abril, durante el evento de entrega del material de guerra, se firmó un acuerdo que contempla la sustitución de cultivos de hoja de coca en 5.000 hectáreas ubicadas en los diez municipios bajo influencia del grupo armado, lo que representa el 11 % del territorio departamental. El compromiso consta de dos fases: primero, se espera declarar al municipio de Samaniego como libre de cultivos de uso ilícito, para luego replicar esta acción en Barbacoas, Cumbal, Guachucal, La Llanada, Mallama, Providencia, Ricaurte, Santacruz de Guachavés y Los Andes Sotomayor.

Otro acuerdo alcanzado hace dos meses fue la implementación de un mecanismo no judicial de contribución a la verdad, el cual será operado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y tendrá como objetivo “satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas y la memoria histórica”. En ese sentido, el grupo armado también se comprometió a participar en espacios de escucha y reconocimiento de las víctimas.

CAMILO A. CASTILLO
Enviado especial a Pasto, Nariño
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