Gobierno ya dialoga con bandas en tres ciudades pese a dudas sobre su sometimiento

El alto comisionado para la Paz instaló el viernes en Quibdó (Chocó) el tercer espacio de negociación sociojurídica –como denomina el Gobierno a las mesas de negociación con grupos sin consideraciones políticas– con tres de las cinco grandes bandas criminales de esa ciudad.

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Este proceso, que incluye a los cabecillas de ‘las Fuerzas Armadas RPS’, ‘los Locos Yam’ y ‘los Mexicanos’, se suma a los que se adelantan en Buenaventura y Medellín, ciudades donde ya se establecieron mesas de diálogos con estructuras armadas.

“No estamos buscando información para revelar el entramado criminal. Estamos aquí porque esto es un propósito nacional, porque los jóvenes tienen un propósito para acabar con la violencia”, dijo Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, durante la instalación de la mesa.

El reto para el Gobierno no es menor. Si bien cada uno de estos procesos cuenta con delegaciones independientes, toda la coordinación tendrá como base la oficina de Danilo Rueda, funcionario que también tiene a cargo los acercamientos con el ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, disidencia de ‘Iván Mordisco’, y las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.

A esto hay que sumarle la incertidumbre que genera la falta de un régimen jurídico para el desmantelamiento de estas estructuras. El problema radica en que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales, marco legal para sustentar cualquier acuerdo al que se llegue, se hundió durante la pasada legislatura sin siquiera tener un debate, dejando al Gobierno, y particularmente a sus delegados, sin herramientas para negociar.

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Si bien el proyecto ya está listo para ser radicado nuevamente, esta iniciativa ha sido objeto de críticas de partidos de oposición e independientes desde que se conoció su propósito, por lo que, como lo reconocen los ponentes del articulado, el panorama no sería sencillo.

Para Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina en Buenaventura de la Fundación Paz y Reconciliación, esta falta de claridad puede repercutir directamente en la voluntad de paz de los grupos. El experto pone el ejemplo de lo que sucede en el puerto con ‘los Shottas’ y ‘los Espartanos’, bandas que actualmente están en tregua, pero que esperan claridad del Gobierno.

“El Gobierno les ha fallado en el sentido en que no les ha dado claridad sobre la base jurídica, tampoco a los que nombró como negociadores. Esto nos puede llevar a que se fracturen los grupos y que haya facciones que quieren reclamar”, opinó.

Una visión similar tiene Max Yury Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y quien ha seguido de cerca el proceso que el Gobierno instaló el pasado 2 de junio, en la cárcel y penitenciaría con alta y media seguridad La Paz de Itagüí con 14 grupos armados.

“En este momento no hay claridad sobre la dimensión jurídica. Lo cierto es que tiene que haber alguna cosa que atraiga a los integrantes y a los líderes de estas organizaciones, puesto que ofrecerles el Código Penal no va a funcionar”, agregó Gil.

Una alternativa es la propuesta del ministro de Justicia, Néstor Osuna, de modificar y prorrogar la Ley 975 de 2005, o de Justicia y Paz, algo que desde la oficina del alto comisionado para la Paz no ven con malos ojos.

“Tenemos las siguientes pautas: que no sea un sistema de justicia transicional sino ordinaria; que haya cárcel, que haya desmantelamiento efectivo de las bandas, no solo la entrega de un cabecilla; y que haya reparación a las víctimas. Entonces sí, se presentará un proyecto, con esas coordenadas básicas, lo haremos pronto”, dijo Osuna hace unas semanas en conversación con EL TIEMPO.

En todo caso, el ministro dijo que si el Gobierno se inclina por esta alternativa, el articulado propuesto tendría que pasar primero por el Consejo de Política Criminal y por el Ministerio de Hacienda, antes de pensar en un posible trámite en el Congreso.

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Sin embargo, más allá de que el Gobierno encuentre la forma de darles sustento jurídico a estos espacios, desde ya los líderes de algunos grupos, particularmente en Medellín, empiezan a mostrar señales de que sus intenciones no están alineadas con las del Gobierno.

“He conocido, por diferentes expresiones de los integrantes de estos grupos, que ellos no estarían interesados en el sometimiento, que estarían más buscando lo que ellos llaman una modelo de justicia restaurativa”, contó Gil.

Por lo pronto, el Gobierno ya definió las personas que irán a los espacios sociojurídicos como representantes del Gobierno. Además, en los procesos de Buenaventura y Medellín actualmente se avanza en la caracterización de los integrantes de las estructuras armadas, que para el primer caso serían más de 2.000 personas, y para el segundo, cerca de 14.000.

REDACCIÓN POLÍTICA