Bogotá recibirá a delegaciones del Gobierno y Eln para arranque del cese del fuego

El 3 de agosto arrancará oficialmente el cese del fuego bilateral entre el Gobierno y la guerrilla del Eln, y ese mismo día, se dará inicio al Acuerdo de Participación con la instalación del Comité Nacional de Participación (CNP).

(Además: Así fueron los combates de disidencias y Ejército en los que murió una niña de 4 años).

El evento de instalación de dicha instancia, que será de carácter temporal y busca promover el diseño del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz, se realizará en la capital del país.

Ese mismo día, entrará en vigencia de manera plena el cese del fuego bilateral por ciento ochenta días. En el evento de instalación estará presente el presidente Gustavo Petro y se especula que podrían asistir del comando central del Eln.

(Le puede interesar: ¿Se viene remezón en el gabinete del presidente Petro? Ministros que estarían en riesgo).

Esta tregua ya cuenta con todos los protocolos para su funcionamiento. Se trata de nueve documentos que revelan directrices sobre el rol de la mesa y de la Iglesia en el cumplimiento de la tregua, el funcionamiento del Comité Nacional de Participación, la seguridad de los del mecanismo de verificación y el tratamiento de situaciones o acciones críticas que puedan afectar el acuerdo.

Los documentos, que fueron construidos por ambas delegaciones en sesiones plenarias que tuvieron lugar en Bogotá y La Habana (Cuba) durante las últimas tres semanas, indican que el cuarto ciclo de negociación se realizará en Venezuela, entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre, y que el proceso de participación de la sociedad no arrancará el 25 de julio, como se acordó el mes pasado, sino que comenzará el mismo día en que la tregua entre a funcionar.

Como se anunció el pasado 9 de junio, el mecanismo de monitoreo y verificación estará conformado por 32 instancias —una de carácter nacional, nueve regionales y 22 locales— y por del Gobierno (incluye la Fuerza Pública y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz), el Eln, la Iglesia y la ONU. Los protocolos indican que la sede principal se instalará en Bogotá, y que las oficinas regionales estarán en Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó, Valledupar y, por último, en Soacha.

Además, las 22 sedes locales se establecerán en las cabeceras de 22 municipios en los que el conflicto ha generado afectaciones a la población civil, como Tibú (Norte de Santander), Tame (Arauca), Inírida (Guainía), Istmina (Chocó), Buenaventura (Valle del Cauca) y Tucarro (Nariño).

“No son los únicos, no se trata de restringir ese mecanismo a unos cuantos municipios, pero sí donde habrá la posibilidad de que la ciudadanía o las organizaciones puedan presentar casos en la situación de que haya eventuales violaciones”, explicó el senador Iván Cepeda.

(Siga leyendo: Senador Alexander López renuncia a dirección del partido Polo Democrático: ¿qué pasó?).

Ligado a este mecanismo estará la veeduría social —integrada por personas y organizaciones del territorio—, cuya función será, en términos simples, alimentar a las instancias locales con “información verificable y objetiva” sobre violaciones a la tregua, y también reportar aquella que puede prevenir incidentes. Como lo definen otros protocolos, esto lo hará con la articulación de la Iglesia y de la Misión de Verificación de la ONU.

Entre los actos prohibidos y que tendrán que ser reportados se incluyen las confrontaciones armadas, obstaculizar las labores del mecanismo, impedir la atención de enfermos o heridos de la población civil y de las partes e incurrir en perfidia o en actos prohibidos en el DIH como el homicidio, la toma de rehenes, la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores.

REDACCIÓN POLÍTICA